Durante la mañana de este miércoles, la senadora Fabiola Campillai llegó hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio para visitar al preso político Jordano Santander (36), quien fue condenado a 7 años de cárcel por un supuesto homicidio frustrado, en el marco de las protestas vividas durante el estallido social en Chile.
En el encuentro, que se desarrolló por cerca de 40 minutos, Jordano repasó junto a la senadora los hechos que se le imputan, señalando las graves deficiencias del proceso judicial, tales como la falta de testimonios diferentes a los de instituciones policiales o de pruebas concretas del supuesto intento de homicidio, así como la existencia de evidentes incongruencias.
La más grave es la que lo acusa de haber embestido su auto -durante un operativo policial para detenerlo, luego de haber participado en una protesta el 2 de marzo de 2020- contra el de un funcionario policial, Hugo Gutiérrez, chocándolo. Sin embargo, el auto de Jordano no registró ningún tipo de abollo o rayón de acuerdo a peritajes propios del juicio. Aun así, y basado en los dichos del PDI quien indicó haberlo visto con un “ánimo homicida”, el tribunal de San Antonio lo condenó por homicidio frustrado.
Jordano relató a la senadora lo que realmente ocurrió ese día: “Allá arriba, donde vivo yo, es como un cerro donde (para ir a trabajar), salgo a la carretera altiro. Ese día (el 3 de marzo de 2020, cerca de las 08.30 am, un día después de ocurrida la manifestación) salgo y siento balazos: más abajo nos estaban esperando (la policía)”.
“Ahí, el detective dijo que supuestamente yo lo quise atropellar al momento en que ellos me quisieron detener, pero él saltó sobre el capó y se cayó al suelo con una metralleta con la que me estaba apuntando. Ese es el ‘ánimo homicida’ que él me montó, y no fue así. Muestran hasta el auto Chevrolet azul chocado, el de ellos, con un topón grande, y el auto mío no tiene nada de nada. Incluso el abogado les dijo: ‘mire, si no tiene ni un choque’ en el juicio, y ni por eso…. Igual siguieron con lo del homicidio frustrado”, indicó.
Lamentablemente, esta no fue la única ni última vulneración a sus derechos, ya que luego de su detención tras la supuesta embestida, Jordano fue llevado al cuartel de la PDI de San Antonio, donde sufrió torturas por parte de los mismos policías. Por ello, presentó dos querellas por apremios ilegítimos, investigación que no ha tenido novedades hace más de cuatro meses, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La senadora Campillai hizo un llamado a dicha entidad, “porque en el caso de Jordano hubo torturas, y el INDH no se ha hecho cargo. Necesitamos que esté acá, y que siga con el caso de Jordano. Aquí vamos a estar en apoyo a él y a todos nuestros compañeros. Todos los días lucharemos para que ellos salgan libres de una vez por todas”.
Por todas estas incoherencias y faltas al debido al proceso, es que la defensa presentó la semana pasada una solicitud formal de indulto a Gendarmería, institución que tiene un plazo máximo de 90 días para realizar todos los informes técnicos y jurídicos correspondiente: “Necesitamos el indulto presidencial para salir de la cárcel, ya que somos presos de conciencia. Estamos mal condenados, solamente por mal conocimiento (del caso) e injusticia que hay en Chile”, señaló Jordano.
Adicionalmente, la senadora Campillai comprometió realizar las gestiones correspondientes para agilizar la operación de una hernia y dos discopatías que Jordano debe realizarse, por la que ya llevaba dos años esperando a que se concrete en la salud pública antes de ser encarcelado, y a los que se suman dos más en que no ha habido gestiones ni avances por parte de Gendarmería.
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