Durante la jornada de este jueves, la senadora independiente y más votada en las últimas elecciones, Fabiola Campillai, visitó a dos de los presos políticos de la Revuelta Social en la cárcel Colina 1.
Cristian Cayupán (29) y Francisco Hernández (22) son dos de los presos políticos del Estallido Social iniciado en octubre de 2019. Ambos jóvenes han sufrido en sus causas omisión de pruebas y procesos judiciales irregulares.
Cristian Cayupan Queipul, fue detenido y puesto en prisión preventiva el 20 de octubre de 2019. Fue imputado por el delito de homicidio frustrado, por atropellar a una funcionaria de la PDI, y el 30 de marzo de 2021 fue condenado a 15 años de presidio.
La sentencia no consideró que Cayupán se encontraba estacionado cuando inició un fuego cruzado entre funcionarios de la PDI y civiles, y que al tratar de escapar de la balacera terminó por atropellar a la PDI.
En una carta abierta, publicada un año luego de ser encarcelado, Cristian Cayupán, relataba que «el 21 de octubre del 2019, recién operado, con drenaje y estando hospitalizado, se me formaliza y se me traslada al ASA de la cárcel concesionada Stgo.1. (…) El día de los hechos yo manejaba mi vehículo y al querer salir de una balacera cruzada que empezó la PDI, sin poder evitarlo atropellé a una funcionaria. Ella recibe un impacto de bala de su propio compañero y yo recibo otro impacto de bala que me dejó sin un riñón, parte del bazo e hígado.»
«Después del Estallido Social, se ha desmostrado que la PDI sí MIENTE y ocultan pruebas, se favorecen entre ellos para no enfrentar juicios, para no ser condenados como cualquier persona normal, no hay justicia igualitaria«, señalaba hace siete meses Cayupán en su carta.
Francisco Hernández, por su parte, fue el primer condenado en el marco de la Revuelta Social, en septiembre de 2020. El joven, que en aquel entonces tenía solo 21 años, fue acusado bajo el cargo de lanzamiento de bombas molotov contra Carabineros en Plaza Italia, en diciembre de 2019.
En el juicio, Carabineros mostró videos en los que a través de un seguimiento, acreditaron que Hernández lanzó bombas molotov en contra de los uniformados en cinco oportunidades, recibiendo una condena de 5 años de cárcel.
Tanto su detención como la evidencia que terminó por condenar a Hernández fueron producto de una violenta e irregular operación ejecutada por parte de Carabineros, de manera encubierta, un comando especial que operó durante la Revuelta Social: «Los Intramarchas», como lo relata la periodista Josefa Barraza, autora del libro Los Intramarchas: Cómo el poder se infiltró en el Estallido Social.
Entre las acciones judiciales que la familia y el abogado del joven han seguido se encuentra la solicitud de condena mixta para Francisco. El próximo martes 14 el joven tiene audiencia, en un nuevo intento por conseguir esta pena mixta, que se ha visto dilatada por un continuo atraso del informe por parte de Gendarmería.
La defensa de Francisco, además, ha llevado el caso del joven preso político hasta la Corte Interamericana de DDHH.
La senadora Campillai ha hecho eco de estas historias, exigiendo con fuerza a las distintas autoridades la reevaluación de los casos y el debido proceso judicial para estos jóvenes. «Creemos en su inocencia, lucharemos hasta que ellos salgan libres», señaló Campillai fuera de Colina 1 tras la visita.
«Hoy estamos viendo el indulto conmutativo, el cual sería la libertad para nuestros jóvenes. Además estamos trabajando en la mesa de reparación. Aún no está lista pero sin dudas queremos que ellos sean parte de esa mesa», añadió.
En abril de 2020 comenzó a regir la Ley de Indulto General Conmutativo, en el contexto de pandemia. Esta ley permite sustituir, bajo ciertos requisitos, el saldo de las penas privativas de libertad por la de reclusión domiciliaria total, con el fin de evitar una propagación masiva de coronavirus en las cárceles. La ley está dirigida principalmente para la población penal perteneciente a grupos de riesgo que no hayan cometido delitos de mayor connotación, y se inauguró con
«La verdad es que nuestros compañeros Francisco y Cristian lo único que quieren es salir y estar en sus casas, estar con sus familias. Los padres de Cristian son adultos mayores y no pueden venir a verlo. El padre de Francisco está enfermo de cáncer. Lo único que quieren es estar con ellos para poder cuidarlos. Piden el indulto al Presidente también», señaló la senadora.
Finalmente, Campillai se dirigió al sistema de justicia y realizó una petición fuerte y clara: «Pedimos al Poder Judicial que esté a la altura de nuestros compañeros porque ellos no son delincuentes, salieron a luchar un día por todos nosotros, por todo lo que se nos ha negado durante años y hoy son presos políticos.»
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