El Servicio Jesuita a Migrantes elaboró un informe llamado Report for the UN Human Rights Committee -The situation of Migrants and Refugees in Chile, donde se presentan antecedentes sobre la situación migratoria en Chile y algunas alternativas para mejorar ciertos aspectos asociados al resguardo de las fronteras y el control de identidad, la tipificación del ingreso clandestino como delito, el refugio y la protección complementaria.
El informe fue publicado en el sitio web del Comité sobre el 140° Período de Sesiones (en la sección de Chile, Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la sesión), donde participará el ministro de Justicia, Luis Cordero, que expondrá ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Recordemos que este tipo de exposiciones concluyen con un informe que deberá emitir el Comité de DD.HH. de la ONU, donde se harán una serie de recomendaciones al Estado de Chile.
En esa línea, desde el Servicio Jesuita a Migrantes se refirieron al informe entregado a la organización internacional de naciones, recordando que, respecto a las expulsiones, «las autoridades encargadas de encauzar los procedimientos de expulsión debieran tener una adecuada formación en protección internacional».
Aquí, se sugiere «el establecimiento formal de prioridades vinculantes en materia de expulsión que focalice los recursos que se usan para esto, considerando las necesidades de protección y el arraigo de las personas sometidas a estos procesos, así como las amenazas a la seguridad pública».
Asimismo, y dada la actual sobrecarga de tribunales de justicia en materia migratoria, se sugiere se evalúe la necesidad de establecer tribunales migratorios que puedan dar respuesta y proteger el debido proceso y avanzar en procesos más eficientes.
Seguridad
Sin dudas que la seguridad es -desde hace décadas- una de las grandes preocupaciones de la población, y en este aspecto, desde el Servicio Jesuita sugieren que «el proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino no se apruebe, dado que diluye la focalización de esfuerzos en aislar amenazas a la seguridad pública, significando además un retroceso en el avance de cumplir con obligaciones internacionales de no criminalizar la migración».
«Para proteger el derecho a la igualdad ante la ley, se solicita que el Estado de Chile encuentre una solución a la falta de documentación de identidad de población extranjera que interactúe con el sistema penal, cautelando el uso de prisión preventiva de acuerdo a criterios que protejan la efectividad de la investigación y tomen en cuenta la seriedad de los delitos imputados», apunta el informe del SJM.
En ese sentido, agrega el documento, «el uso de los procedimientos de empadronamiento biométrico o de enrolamiento con el Registro Civil para dar por satisfecha la identificación del individuo pueden ser una vía para avanzar en la aplicación eficaz de la prisión preventiva».
Respecto al refugio y protección internacional, el informe indica que «dado que se acaba de aprobar un plazo muy breve para que las personas puedan solicitar refugio desde su ingreso al país (7 días hábiles), el personal en las fronteras debe tener adecuado entrenamiento para informar a personas de sus derechos, así como de identificar necesidades de protección internacional, permitiéndole a las personas acceder de forma segura al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado».
«Habiéndose aprobado en la ley la regla del tercer país seguro, como requisito para pedir refugio, Chile debiera coordinarse con otros países de la región para asegurarse de que los flujos migratorios a nivel regional encuentren protección, antes de rechazar el acceso a dicha protección en territorio chileno», añade el documento.
Sobre este punto, y debido a que los casos en que se le reconoce a las personas la condición de refugiados son históricamente muy bajos, se sugiere que se revise la limitación que se decidió en la Política Nacional de Migración chilena de aplicar la protección complementaria sólo a casos de violencia de género, familiar y por orientación sexual.
Apatridia y niñez migrante
Dentro del informe se aborda la situación de los niños y niñas migrantes, en específico aquellos de familia venezolana, quienes -recalca el documento-, «no debieran ser excluidos del mecanismo de regularización al que otros niños han podido exitosamente acceder por medio de la visa de niños, niñas y adolescentes, que ha puesto el interés superior del niño primero. Debiera haber un procedimiento especial para los niños y niñas venezolanos, en que se pueda dar por acreditada identidad y filiación, aún cuando el Consulado venezolano en Chile no les dé los documentos requeridos.»
Además, en este mismo ámbito, aseguran que es urgente que el Estado chileno «dé una respuesta a los niños y niñas nacidos en el tránsito hacia el país, que en la práctica no tienen opción de obtener el reconocimiento de una nacionalidad. Debe establecerse el procedimiento de reconocimiento de la condición de apátrida que sigue pendiente, pese a haber un mandato de que se estableciera en la Política Nacional de Migración».
Finalmente, el informe del Servicio Jesuita a Migrantes se refiere al último proceso de regularización en el país, recordando que fue en el año 2021 «y solo incluyó a personas cuyas visas habían expirado, no a personas que hubieran ingresado en forma irregular».
«Dado que el número de población migrante en situación de irregularidad aumenta, con todos los problemas que la irregularidad migratoria acarrea para los países y para las personas, debería evaluarse un proceso de regularización que incluya a personas que hubiesen ingresado en forma irregular, priorizando a grupos familiares y personas con necesidades especiales de protección, además de considerar demandas desde el mercado laboral», plantea el reporte del SJM.
El informa está disponible para su lectura y descarga AQUÍ
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