Sharp y fin del Mall Barón: «La derrota es de los proyectos de inversión ilegales y especulativos»

«La irregularidad en concreto está en que la dirección de obras vulneró la ley general de urbanismo y construcción, otorgando un permiso que no se circunscribía a la norma urbanística específica del proyecto, ya que al ser equipamiento mayor debía enfrentar una vía troncal expresa. Si bien la avenida Errázuriz cumple esas características, al estar al medio una línea férrea, la Corte Suprema consideró que no se cumple con el requisito de enfrentar».

De esta forma explica el abogado del municipio de Valparaíso, Nicolás Guzmán, la decisión del máximo tribunal del país de declarar ilegal el permiso de edificación otorgado en 2013 -durante la administración del UDI, Jorge Castro- al proyecto conocido como «Mall Barón», dictamen que, para el alcalde porteño Jorge Sharp, podría tener impacto a nivel nacional.

Confirmando que «vamos a investigar todo tipo de responsabilidades, todo va a ser investigado por esta alcaldía», Sharp sostuvo que «esto es un claro ejemplo de que, así como al ciudadano común y corriente, se les exige cumplir la ley, también hay que exigir cumplir la ley a un proyecto de esta envergadura, de un tremendo grupo económico de este país».

«Además, deja claro una cuestión, que puede eventualmente tener impacto a nivel nacional: que actos administrativos de carácter ilegal, como fue decretado por la Corte Suprema, no otorgan a estos proyectos derechos adquiridos. Eso es sumamente importante», añadió Sharp.

Efectivamente, el fallo de la Corte Suprema señala textualmente que los derechos adquiridos sólo son efectivos «en la medida que la autoridad al otorgar el permiso se ciña a las normas legales vigentes que rigen su comportamiento. En efecto, un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido para el solicitante».

Reconocimiento a organizaciones sociales

El alcalde autonomista también tuvo palabras especiales para las organizaciones sociales que desde hace 10 años venían enfrentando al proyecto: «No nos toma por sorpresa, este es el resultado de diez años de una acción que la ciudadanía de Valparaíso ha venido sistemáticamente desarrollando, y por tanto la decisión de la Corte Suprema lo que hace es otorgarle un fuerte espaldarazo a esas organizaciones ciudadanas».

«Reconocemos que aquí se ha dado lugar a un amplio triunfo de diversas organizaciones políticas, sociales, ciudadanas, de distintas tendencias, con diversidad cultural, económica, visiones respecto a las cuales la Alcaldía Ciudadana está completamente alineada», agregó Sharp.

En esta parte, Sharp advirtió un punto importante para las organizaciones sociales del país: «Se valida al procedimiento derivado del reclamo de ilegalidad, que es una facultad que tiene el alcalde a partir de la acción que pueda ejercer un grupo de vecinos. Se valida como procedimiento para poder dejar sin efecto decisiones, en este caso del director de obras, que son claramente ilegales».

Por ello, el alcalde insistió en que la dirección de obras municipales «tiene que ajustarse a la normativa vigente, tiene que ajustarse a la ley y sus capacidades de interpretación respecto a la norma urbanística, son como ha señalado expresamente la Corte Suprema, restrictivas».

Críticas a las «promesas de inversión»

Otro aspecto analizado por el alcalde de Valparaíso fueron las constantes promesas realizadas por los gestores del fallido proyecto, respecto a temas como el empleo. Al respecto, Sharp opinó que «se ha sostenido por muchos años, sistemáticamente, que este era un proyecto que iba a generar inversión, empleo y dinamismo económico en la ciudad. Se hicieron campañas publicitarias, se hicieron trabajos con distintas juntas de vecinos, se ofrecieron capacitaciones, y cual es la conclusión de eso, que hoy día vemos que un paño, como es el del sector Barón, que es el que tiene mayor plusvalía y valor para la ciudad, estuvo secuestrado 10 años en un proyecto que en definitiva no tenía ningún tipo de viabilidad».

«O sea -continúa Sharp-, en un paño que era territorio del Estado de Chile, la ciudad por diez años no pudo desarrollar ningún tipo de proyecto, por tanto, cuando aquí se señala de que esta decisión de la Corte Suprema es una señal contra la inversión, yo digo ¿de qué inversión estamos hablando? ¿De qué empleo, de qué desarrollo estamos hablando? Este es un proyecto que el máximo tribunal del país declaró su permiso de construcción como ilegal, fuera de la normativa vigente, por lo que aquí, más que perder una inversión, aquí se está recuperando un territorio para la ciudad, que sólo ha visto pérdidas ahí. Este proyecto es el puente de Cau Cau de Valparaíso, un error de principio a fin, y que puede tener aún mayores costos para el Estado», enfatizó el alcalde porteño.

Finalmente, Sharp asumió el rol de su administración tras el dictamen judicial: «Trabajar, convocar articular, a todas las voluntades de la ciudad, al mundo privado, incluso a la misma empresa portuaria, a las organizaciones ciudadanas, a los vecinos y vecinas de Valparaíso, para sumarlos a la gran tarea que se abre con esta decisión, que es un espaldarazo para todos aquellos que hemos planteado sistemáticamente por años que en ese lugar se puede construir un proyecto mejor».