Sigue debate sobre rol de militares en proceso constituyente: Deliberación cívico-militar hoy, por Gabriel Salazar y Pablo Franco

El 5 de abril de 2020, el Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez señaló en El Mercurio: “fuentes de la institución indican que, entre los temas internos que quedan pendientes, está que se defina qué es deliberación, porque, cuando los militares rectifican información… se les acusa de deliberar”[1].

En la coyuntura histórica que está viviendo Chile desde octubre de 2019 es evidente que el país está bajo el impacto simultáneo de cuatro pandemias catastróficas: a) la sanitaria (covid-19); b) la climática (sequía); c) la económica (30 % de desocupación laboral) y, d) la constituyente (200 años  seguidos de constituciones ilegítimas). Y es  evidente también que, bajo tales impactos, la ciudadanía, en tanto comunidad,  está obligada a deliberar a fondo, desde su pasado y hacia el futuro que ella determine. Existe un imperativo categórico para la deliberación soberana de esa comunidad, no para otra ‘hazaña’ parlamentaria, y menos para otro ‘acuerdo’ entre el Gobierno y la Oposición. Pues, desde hace diez años, la clase política tiene, sólo – con sus ideólogos de cabecera –, entre 1 y 4 % de confianza ciudadana [2]…

Así parece haberlo entendido el general Martínez, cuando, en las declaraciones que difundió el 20 de septiembre de 2020 señaló que, si bien el Ejército debe obediencia a la Ley y a la autoridad constituida, eso no impide que, en diálogo cara a cara con el Presidente y su Ministro, “yo les expresara, francamente, sin eufemismos, lo que uno puede pensar con respecto a cualquier situación que afecte al Ejército” [3]. Lo que indica  que los militares “pueden pensar” (deliberan), al grado que lo que piensen puedan expresarlo “sin eufemismos” al Gobierno de turno. Eso sí, reservadamente, para que esa deliberación no trascienda a la ciudadanía…[4].

¿Qué le pudo haber dicho sin eufemismos el general Martínez al presidente Piñera? Tal vez, según se desprende de la entrevista, que el ejército “no tiene ni la preparación, ni la doctrina, ni la cultura policial para enfrentar tareas de orden público” y que “la mayoría de los chilenos no aprueba la violencia”… Queriendo o no, aludió al rol que en el pasado desempeñaron los militares para mantener el “orden público” (utilizando su monopolio de la violencia legítima) amenazado por los “enemigos internos” de la Patria: el pueblo mapuche, el pueblo mestizo y las masas ciudadanas que se propusieron cambiar las constituciones ilegítimas. Tareas de orden público que los mismos militares, hacia 1924, consideraron “tareas sucias”. Las mismas que, sin duda, todos los ciudadanos deliberantes consideran hoy, también, impropias para una institución que, por sobre todo, debe garantizar la seguridad interna de la sociedad civil en su conjunto (no del Estado regido por constituciones ilegítimas).

Las “tareas sucias” han dejado y siempre dejarán, en el seno de la sociedad chilena, heridas abiertas, que sangran por mucho tiempo. Dijo el general Martínez: “ha pasado casi medio siglo y todavía las heridas no están cerradas… para nosotros… 1973 es una fecha que no es para celebrar… la convivencia democrática hay que cuidarla”. Tal vez, por esta misma razón, el general Iturriaga no se consideró en guerra contra el ‘enemigo interno’ cuando el presidente Piñera, precisamente, anunció un estado de guerra… “Hacemos todos los esfuerzos para que las situaciones que en algún momento pudieron habernos dividido… se aminoren al máximo”. Y como parte de ese esfuerzo, el general Martínez afirmó que es necesario el “reconocimiento constitucional legal que deben tener todas nuestras etnias, entre ellas, la mapuche… La herencia mapuche es parte importante de las bases fundamentales de la chilenidad”…

Como quiera que haya sido la actuación del general Martínez en los problemas que los tribunales de justicia están juzgando en los altos mandos del Ejército, su declaraciones no pueden menos que reflejar, en alguna medida, lo que los militares están sintiendo y pensando sobre su eventual rol en esta excepcional coyuntura histórica que está viviendo el pueblo chileno.  Todo indica que, en la lógica política de esta coyuntura, una nueva intervención armada de parte del Ejército para asegurar el ‘orden público’ constitucional (según la Constitución ilegítima de 1980), reprimiendo al actual movimiento ciudadano, no sólo sería una reedición de las ‘tareas sucias’ del pasado, sino también un reacción extemporánea, a-histórica, que dejaría otras heridas abiertas, además de un crimen de lesa soberanía. La vigencia actual de los Derechos Humanos así también lo juzgará.

En cierta consonancia con eso, el diputado Jorge Brito Hasbún señala que muchas personas, conscientes de esa misma lógica, creen que es necesario deliberar sobre el rol que los militares deberían desempeñar en esta coyuntura. Porque saben que, en el pasado, han reprimido a la ciudadanía para, en la práctica, “defender el interés privado y particular de unos pocos, dañando a muchos”. Y que, en la coyuntura histórica actual, se requiere una deliberación amplia, en la que las Fuerzas Armadas “tienen derecho a participar de este debate”. Y agregó: “debemos incorporarlos a la realidad nacional, entendernos como compatriotas y ser capaces de definir… cuáles son los militares que Chile necesita… Es necesario resituar al militar como un ciudadano”[5].

Con todo, es evidente que no todos los ciudadanos perciben y reconocen la lógica profunda del proceso histórico actual. Richard Kouyumdjian Inglis, por ejemplo, asimila el pensamiento del diputado Brito a “los esfuerzos de Carlos Altamirano por lograr que las FFAA apoyaran la revolución socialista que ellos buscaban implementar en el 73”, según el modelo revolucionario de Fidel Castro. “El diputado Brito comete un error estratégico monumental – agrega – al esforzarse que las FFAA adhieran a su ideología política”, porque aquéllas ‘son’ apolíticas, constitucionalistas, no-partidistas y respetuosas de los Derechos Humanos… “No logro entender su afán de meter artificialmente el concepto de lucha de clases donde no existe y no interesa” [6].

 A su vez, en una misma línea, pero desde otro flanco, el abogado Luis Mariano Rendon propone acusar constitucionalmente al general Martínez por el hecho de que, en sus declaraciones del 20 de septiembre, habría “deliberado”, cometiendo, por tanto, una ofensa al mandato constitucional que prohíbe a los militares, en toda situación, deliberar [7]…

Las frases de Richard Kouyumdjiuan y Luis Rendon revelan lo que en procesos históricos complejos es frecuente: la aparición de declaraciones públicas que tienden a incrementar el desconcierto general, porque algunos analistas no leen o no entienden, ni los movimientos profundos de la historia, ni la literalidad de los textos escritos. Mientras otros, leen y comprenden literalmente los textos del presente, pero no sus procesos profundos. Con lo cual crean confusión y desorientan a sus lectores. Porque es evidente, leyendo el texto del diputado Brito, que su objetivo explícito no apunta ni  al marxismo burdo ni a reeditar el castrismo, sino a que todos deliberemos juntos sobre nuestro complejo presente. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, donde nunca primó la deliberación ciudadana. Reponer viejas odiosidades en el tiempo actual es cerrar  los ojos ante el presente real. Y también es evidente que el general Martínez revela lo que siempre ha sido una realidad: que los militares no son autómatas, sino seres racionales, que sienten y piensan. Aunque – es verdad – les está prohibido deliberar públicamente, pues, de hacerlo, sólo pueden hacerlo en secreto, conspirativamente; ya que, en el espacio público, deben obedecer mecánicamente al gobierno articulado por la Constitución (ilegítima) que lo rige… ¿Necesitamos que chilenos autómatas monopolicen las armas de la Nación, de cara a sus propios compatriotas? ¿O necesitamos abolir las constituciones ilegítimas que, sin autómatas a cargo de las armas, no podrían sobrevivir?

Concordamos en que los militares deben ser a-políticos en el sentido de que no se inmiscuyan en la política cotidiana. Y concordamos también en que sean obedientes a Constituciones legítimas, y que, de no haberlas, deliberen con la ciudadanía y adopten las decisiones que emanan de su poder soberano. No de sus elites de ocasión.

8 de octubre de 2020.

Por Pablo Franco & Gabriel Salazar.

Pelantaro: Grupo de Estudios Cívico-Militares.

[1] Citado en G. Salazar: “¿Es peligroso que ciudadanos y militares deliberen cívicamente en Chile”, en El Ciudadano, Nº 240 (Junio, 2020), pp. 8-9.

[2] Ver de Patricia Fuentes: “Crece la conflictividad, pero chilenos continúan confiando en sus cercanos”, en El Mercurio, 20/10/2020, D7.

[3] Paula Coddou B.: “General Ricardo Martínez Menanteau: La convivencia democrática hay que cuidarla”, en El Mercurio, 20/10/20, D8.

[4] ¿Por qué tiene que ser a espaldas de la ciudadanía, si ésta es, inherentemente, soberana?

[5] Jorge Brito Hasbún: “Los militares que Chile necesita”, en El Mostrador, 3/10/2020.

[6] Richard Kouyoumdjian: “Réplica a ‘los militares que Chile necesita”, El Mostrador (Santiago, 3/10/2020

[7] Gaby Chávez: “Tras emitir declaraciones sobre la contingencia política: Comandante en Jefe del Ejército es denunciado a la Contraloría”, en Clarín, 27/10/20.