Silla musical y amiguismos: Abogado Mauricio Daza desnuda al Ministerio Público puertas adentro

Nuevas polémicas desata el nombramiento del próximo timonel de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Ya definida, por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, la terna conformada por Raúl Guzmán, Tufit Bufadel y Xavier Armendáriz, solo resta la decisión final de la autoridad máxima del Ministerio Público, Jorge Abbott.

El abogado Mauricio Daza, quien esbozó críticas al protagonismo que frustradamente buscó en el proceso el fiscal adjunto José Morales -cuestionado por su negativa a indagar al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, en el caso Cascadas-, compartió su visión de los cambios que habría que introducirse al Ministerio Público para impedir burocracias, compadrazgos y rostros perpetuos en la designación de jefaturas.

«Acá hay una silla musical, que consiste en que los fiscales regionales postulan al mismo cargo pero en otra región del país, de manera tal de ir cambiándose de lugar y eternizarse en puestos relevantes. Esto va generando una suerte de casta de personas cercanas entre ellas que se va autoreproduciendo», explicó Daza en conversación con El Ciudadano.

Para el también querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente que enfrentó a Penta y SQM «no existe al interior del Ministerio Público la asignación de cargos y funciones a partir de consideraciones objetivas de mérito, sino que básicamente esto se define conforme a la cercanía que tenga una persona con el fiscal nacional de turno».

-¿Qué define Ley Orgánica del Ministerio Público sobre los plazos para dejar los cargos que ostentan los distintos fiscales a nivel nacional?

-Efectivamente la ley establece un plazo de ocho años para los fiscales regionales, no pudiendo ser reelectos en el mismo cargo. Sin embargo, esta norma fue torcidamente interpretada por la Contraloría cuando Ramiro Mendoza era titular de ese organismo, en el sentido de que esta prohibición solo se verifica en relación a una misma Fiscalía Regional, posibilitando que un fiscal regional que está ejerciendo el cargo (como Raúl Guzmán, de la Metropolitana Sur) pueda postular a otra Fiscalía Regional distinta, y así sucesivamente, de manera ilimitada.

-¿No es primera vez que pasa?

-Esto es lo que ocurrió con el fiscal Ayala, quien ha sido electo en tres fiscalías regionales distintas, y la verdad es que es alguien que nunca ha litigado ningún caso ni ha ido a algún tipo de audiencia o juicio oral teniendo la dirección de una investigación. Esto da cuenta de la distorsión del sistema… (Los cargos) deberían ser servidos por personas que hayan estado desempeñado la labor de fiscal adjunto o que conozcan día a día una institución tan importante como esta.

-¿Hay malestar en el Ministerio Público por esta situación?

-Bueno, existen pronunciamientos muy claros por parte de la Asociación de Fiscales y también de federaciones de funcionarios en cuanto a que estamos frente a una situación que es claramente abusiva y además le hace mal a esta institución. Lamentablemente no se ha querido avanzar para establecer parámetros objetivos de mérito para proveer cargos y funciones. Eso es inaceptable en una democracia en forma.

-¿Realiza bien su función el fiscal regional que, ejerciendo su cargo, postula al mismo tiempo a otra Fiscalía Regional?

-No parece razonable. Hay que ver casos que son bastante evidentes. Juan Agustín Meléndez en Punta Arenas, mientras desarrollaba una causa contra el senador Carlos Bianchi, estuvo postulando y accedió a la Fiscalía Regional de Los Ríos. Su gran activo era precisamente esa causa, pero una vez que fue designado la perdió. También hay que ver qué pasó con el fiscal Pedro Salgado, quien jamás se desempeñó como fiscal adjunto antes de ser jefe de los persecutores de Aysén. De hecho, llegó ahí después de un proceso que significó el lanzamiento de una moneda. Por otra parte hay que ver lo que pasó con Manuel Guerra, quien llega a la Fiscalía Metropolitana Oriente después de perder dos veces la causa más importante que se tramitó en Tarapacá, el denominado «caso muebles». Ahí parece que valieron otras consideraciones, su importante red al interior y fuera del Ministerio Público vinculada a la masonería, y el apoyo explícito de Sabas Chahuán (ex fiscal nacional).

-¿Este problema influye sobre el éxito de las causas y en que se logre o no justicia en casos emblemáticos como, por ejemplo, los de financiamiento ilegal de la política?

-La persecución penal se ve afectada porque los profesionales de excelencia, si no se someten a esta lógica de amiguismos, la verdad es que no tienen mucho futuro en la institución. Eso en gran parte explica por qué muchas personas talentosas que son formadas por la Fiscalía finalmente dejan la institución y se van al mundo privado, paradójicamente a litigar en contra del Ministerio Público y con muy buenos resultados.

-Tomando en cuenta la autonomía que tiene el Ministerio Público, ¿en quién recaería entonces la responsabilidad de cambiar todo esto?

-La verdad es que ha existido una gran cobardía de nuestros legisladores de no querer abordar el problema estructural. En general, todas las reformas que se envían por los gobiernos de turno en materia de persecución penal solamente se refieren a cuestiones del procedimiento, sin embargo, nunca se ha querido abordar una revisión de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y esto básicamente es porque me da la impresión que puede afectar de alguna manera los intereses de quienes legislan. También hay una responsabilidad de quienes han dirigido el organismo. La verdad es que los ocho años de Sabas Chahuán constituyeron un perjuicio muy relevante a la forma en como se gestionó esta institución, que se fundó en prácticas de compadrazgos mas que en la aplicación de criterios de mérito.

-¿Más o menos lo mismo que el nuevo general director de Carabineros dice que ocurría con la designación del Alto Mando?

-Claro, y ahora la verdad es que Jorge Abbott, que finalmente es alguien que fue designado primero como fiscal regional y después como segundo a bordo por Chahuán, en su gestión ha seguido en esta misma línea, y yo diría que más bien débil, porque una de sus características es la absoluta ausencia de liderazgo real y falta de carácter para hacer cambios que vayan en beneficio de la institución. Abbott es más bien una persona que reacciona frente a las distintas polémicas que se van generado por las inconsistencias en la actuación tanto de él como del Ministerio Público en diversas causas de interés general, además de parecer muy condescendiente con los grandes grupos económicos y el poder político de nuestro país.

-¿Una eventual reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público debiese incluir otras cosas también?

-Obviamente se requiere una reforma en distintos aspectos. Prohibir las sillas musicales parece evidente. Promover la existencia de una carrera funcionaria a partir de consideraciones de mérito también, sin embargo, existen muchos abusos que se dan al interior de la Fiscalía contra funcionarios y fiscales. Es importante modificar los sumarios. Según su reglamentación actual, no respetan ningún parámetro racional del debido proceso. La verdad es que hoy los sumarios son un instrumento del fiscal regional o nacional de turno para amedrentar o castigar sin ningún control, y de manera arbitraria, a fiscales que por alguna razón no son del gusto de la autoridad superior. Eso no puede ocurrir.

-¿Es lo que pasó con Emiliano Arias (fiscal regional de O’Higgins)?

-Bueno, el caso de Emiliano Arias es uno de cientos en el sentido de que se levantan investigaciones y cargos sin que existan antecedentes suficientes, y peor aun, muchas veces la recomendación del funcionario que dirige los sumarios ni siquiera es respetada por el fiscal nacional. Los funcionarios del Ministerio Público, paradójicamente, son los que están en peor situación en cuanto al respeto de sus derechos y garantías mínimas como trabajadores. Hemos recogido denuncias de distintas fiscalías. El último ejemplo ha sido un grupo de funcionarios de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a quienes se les informó que a fines de 2017 debían una importante cantidad de dinero porque les habrían pagado horas extras de manera indebida. Esto sin señalarles de qué manera se llegó a esa conclusión, cómo se calcularon y a qué días correspondían. A muchos de estos funcionarios se les ha amenazado para que no emprendan acciones legales.

-¿Esa Fiscalía Regional que está comandada por…?

-Por el fiscal Pablo Gómez Niada, quien se ha hecho famoso por garantizar impunidad a SQM como empresa y además a las personas involucradas en los distintos casos de financiamiento ilegal de la política, concretados a partir de recursos de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou. De hecho, las denuncias en esa fiscalía son especialmente fuertes en cuanto al mal ambiente laboral y lo que serían actos de acoso. Es contradictorio que el organismo que por mandato constitucional debe respetar y hacer respetar la ley en el caso de infracciones de naturaleza penal, ni siquiera al interior pueda respetar derechos mínimos de sus funcionarios. Otro cambio a la Ley Orgánica: creo que la Contraloría General de la República debe tener la facultad de revisar la forma en que se gastan los importantes dineros que se le asignan año a año a través de la Ley de Presupuesto al Ministerio Público. El día de hoy eso no es posible, ya que hay una norma expresa que así lo impide.

-¿Igual como pasaba con la Ley Reservada del Cobre?

-Claro, es como la Ley Reservada del Cobre o como ciertos gastos reservados en el ámbito militar, lo que es absolutamente ridículo. De hecho, han existido múltiples denuncias al interior del organismo de que no habrían manejos lo suficientemente claros o adecuados sobre estas partidas de dineros fiscales. Es necesario incorporar estándares de control y legalidad al Ministerio Público de la misma forma como otros organismos del Estado, pero siempre manteniendo la autonomía de cada uno de los fiscales que investigan estas causas para poder dirigirlas… autonomía que mi juicio ha sido vulnerada más bien desde dentro del Ministerio Público que desde fuera de la institución.

Matías Rojas – [email protected]