Frente a la así llamada “crisis de seguridad [1]” las respuestas que da la élite son cosméticas y efectistas. Más cárceles para más negocio inmobiliario, castigando a las comunas pobres o céntricas con esos adefesios de edificios de cemento y fierro [2]. Más estados de excepción, regalando otras zonas a la militarización, como ya es costumbre malsana en el Walmapu y en las fronteras norte, con excusas ad hoc que en el caso del norte solo nos han traído muerte, mutilación y enfermedad de conscriptos [3]. Más policías y más coordinación entre ellas, así como dar carácter policial a las guardias municipales. Más de lo mismo que no funciona.
Una mirada seria al asunto pasa por no querer inventar la rueda, solo ver qué funciona en el mundo para frenar la violencia letal en los conflictos interpersonales de cualquier origen: de género, delincuencial, etc. Ese tipo de estudio o investigación no se hace en Chile y no se quiere hacer, porque implica dejar de tener presencia en los medios, por su afición a darle eco a las espectacularidades y exageraciones, es decir, al show. Implica, de paso, tomarse en serio el derecho a la vida de las personas realmente existentes y dejar de hacer gárgaras por los espermatozoides y óvulos perdidos.
En la historia y en la actualidad, los países con menor tasa de homicidios son aquellos que ponen trabas y dificultades al acceso a las armas y en particular a las armas de fuego. La lista es larga y no tan conocida por el público; acá puedo citar a países europeos como Gran Bretaña y Noruega; americanos como Canadá; oceánicos como Australia y Nueva Zelanda, y asiáticos como Japón. En este último caso las restricciones son de larga data. Algunos de los países citados han debido tomar medidas contra las armas después de haber sufrido “crisis de seguridad”, que implicaron masacres incluso por razones políticas o racistas. Es decir, la restricción en el acceso a armas de fuego ha sido una medida estratégica para reducir la violencia letal en esas sociedades, lo que ha redundado en reducir la violencia directa en general.
Habría que revisar qué no funciona en el control de armas en Chile y cambiar eso. Un estudio serio y científico sobre el tema. Capaz lo hay y no lo conocemos. Porque, según lo que vemos en la prensa chilena el control de armas de fuego parece ser muy flexible o no existir. Recientemente, un arma de la que se dijo que fue destruida apareció siendo usada en un crimen. Esa señal y otras debieran hacer reflexionar sobre lo imprudente de seguir dejando el control de armas en manos de los militares a través de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), que, aunque formalmente dependiente del Ministerio de Defensa, es autónoma en su actuación y no controla más que simbólicamente a todos los institutos armados del país, en quienes confía para su propio control y registro de armas (Ejército, Armada, policías, Gendarmería, etc.).
Lo prudente sería traspasar el control de armas a una entidad civil con capacidad de cruzar datos y con públicas y trasparentes destrucciones de armas incautadas, así como que desarrolle una política de reducción masiva de las armas en circulación, legales e ilegales, empezando por una mora en las autorizaciones para el porte y tenencia de armas. Esto, como un comienzo de una estrategia de reducción de la violencia letal en el país, estrategia que no puede ser diseñada a partir de lo que no ha funcionado y que se efectivice con los mismos actores institucionales que fracasan una y otra vez, costando vidas humanas, habitualmente entre la población más pobre del país y también sobre la población joven y/o femenina.
Ciertamente, proponerse reducir la violencia directa letal no tendrá resultados estratégicos si la sensación de impunidad que da una justicia sometida a los poderosos no se ataca también estratégicamente. Un ejemplo de esta impunidad es la ridículamente baja pena que recibió un poderoso por abusar sexualmente de niñas de su propia familia [4]. La impunidad es un mal síntoma de una sociedad descompuesta y el uso y tráfico de armas -con la desidia institucional como marco- es otro síntoma más. Por ello las medidas a tomar no pueden ser efectistas, comerciales y mediáticas, sino que requieren profundidad, intensidad, estrategia, coherencia y trasparencia de verdad.
No hay seguridad en una sociedad que no pone trabas a la circulación de armas, y quienes negocian y propician el uso de armas de fuego son los principales impulsores de esa inseguridad.
Por Pelao Carvallo [5]
19 de julio de 2024, a 88 años de la Revolución Española de 1936.
[1] https://elpais.com/chile/2024-07-19/crisis-de-seguridad-en-chile-la-oposicion-fustiga-el-plan-contra-la-criminalidad-de-boric-y-pide-medidas-con-resultados-a-corto-plazo.html
[2] https://www.nodal.am/2024/07/chile-boric-anuncia-la-construccion-de-una-carcel-de-alta-seguridad-ante-la-ola-de-violencia/
[3] https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/05/15/los-crudos-detalles-que-revelo-en-su-denuncia-la-madre-del-conscripto-chileno-muerto-durante-una-brutal-instruccion-militar/
[4] https://radio.uchile.cl/2024/07/19/eduardo-macaya-es-condenado-a-seis-anos-de-carcel-por-abuso-sexual-infantil-reiterado/
[5] Pelao Carvallo es anarquista, analista político, comunicador, vicepresidente de la organización Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar), consejero de la red antimilitarista internacional War Resisters’ International (WRI-IRG) y del Grupo de Trabajo Clacso / Memorias colectivas y prácticas de resistencia, e integrante de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc.