Llegó marzo y el Gobierno comienza a proyectar la agenda legislativa para su último año de administración. Uno de los proyectos que asoma en las prioridades del Ejecutivo concierne a la modernización de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), institución que se ha intentado modificar desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, aunque sin éxito. Hoy más que nunca se hace necesaria una nueva entidad, considerado las deficiencias institucionales en el combate de los incendios forestales de la zona centro sur y de los aluviones del fin de semana reciente.
En 2011, el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto de ley con el fin de crear la nueva Agencia Nacional de Protección Civil, organismo que operaría en reemplazo de la Onemi. Si bien la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa, su discusión fue postergándose en el Senado, hasta que el gobierno actual envió en diciembre de 2014 una serie de indicaciones con miras a conformar un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
El senador Alejandro Navarro, quien introdujo una serie de indicaciones al proyecto, señaló a El Ciudadano que la propuesta de la administración piñerista fue perdiendo lugar porque «era un proyecto que no lograba elevarse mínimamente por sobre la actual Onemi. No entregaba la jerarquía adecuada a un jefe nacional de emergencia, dejaba excluida a la ciudadanía y abandonaba completamente el rol preventivo ante las emergencias nacionales o catástrofes naturales».
Prioridad para 2017
A comienzos de febrero, la Presidenta Bachelet comentó, a partir de los incendios forestales, que «esta emergencia nos demuestra cuál es el camino que debemos seguir, que especialmente es el de la prevención y de estar preparados para todo evento y por eso enviaré en marzo la ley que mejora las capacidades de la actual Onemi y la que crea el Servicio Nacional Forestal para potenciar las tareas que hoy cumple la Conaf».
En concreto, el anuncio de la mandataria se refiere a la puesta de suma urgencia para la tramitación del proyecto, modificado luego de las indicaciones que el Ejecutivo envió en su primer año de gestión.
Alejandro Navarro.
El objetivo de la iniciativa es crear una nueva institucionalidad encargada de las emergencias, regular su prevención y los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos. También se propone definir los niveles de la emergencia determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos en cada uno de ellos.
El senador Navarro piensa que «a pesar de muchos esfuerzos, la Onemi se mantiene en precarias condiciones para enfrentar las emergencias y tiene cero capacidad de prevención, por cuanto el orden de mando no tiene relevancia alguna».
Asumiendo el anuncio presidencial, que pretende reabrir el debate sobre una nueva institucionalidad, Navarro apuesta por la creación de un Ministerio de Emergencias Nacionales y Catástrofes Naturales.
«Esta institucionalidad es esencial, toda vez que alguien tiene que asumir la responsabilidad de prevención y tener un orden claro de que el conjunto del aparato del Estado la asuma en igualdad de condiciones, porque hoy el director nacional de la Onemi, tiene la calidad de sargento, con muchos capitanes, coroneles y generales por encima, que anulan la capacidad de incidencia de un director que tiene que tomar decisiones y exigir inversiones», afirmó.
Proyecto a paso de tortuga en un país golpeado por la naturaleza
Luego de cada catástrofe natural resurge la preocupación por el estado de avance del proyecto de ley. Previo al terremoto del 27/F, ocurrió el de Tocopilla en 2007. Después del movimiento telúrico de 2010, el país ha sufrido fuertes sismos en Iquique (2014), Coquimbo (2015) y Chiloé (2016). Eso sin contar los incendios forestales en Valparaíso, aluviones en la región de Copiapó y varias otras emergencias generadas por el empuje de la naturaleza. Si Chile es un escenario frecuente de catástrofes naturales, ¿por qué no se ha avanzado con mayor celeridad en la concreción del proyecto de ley?
Incluso, luego del sismo en Chiloé, ocurrido en diciembre de 2016, el foco de atención volvió a instalarse en el retraso del proyecto. A Emol, el diputado Cristián Monckeberg señaló que «hace un tiempo atrás señalamos que la institucionalidad de la Onemi en materia de emergencias naturales es una institucionalidad ochentera (…) El país, las comunicaciones y la manera de reaccionar frente a estos eventos es muy distinta a lo que ocurría hace 40, 50 años atrás».
Sin embargo, el senador Navarro opina que el estancamiento de la iniciativa obedece a una «decisión política», puesto que «los gobiernos presidencialistas no quieren perder el rol protagónico en este tipo de emergencia. Los ministerios sectoriales se niegan a transferir facultades y presupuesto y quieren mantener el control sobre las áreas de su incumbencia».
A juicio del parlamentario por la región del Biobío, «el ministro de Emergencias Nacionales y Catástrofes Naturales tiene que estar sentado día a día en La Moneda, en los gabinetes, exigiendo a cada área sectorial la prevención necesaria y no ser el quinto de la lista».
Por otro lado, el Programa de Geología Aplicada y Riesgos Naturales del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile también entregó sus propuestas. En agosto de 2011, académicos de esa unidad acudieron a la comisión es Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados y plantearon tres caminos:
- Mantener las instituciones actuales que estudian riesgos, como Sernageomin, SHOA y Servicio Sismológico, pero con una Unidad de Riesgos Naturales que coordine la prevención y el estudio de riesgos naturales.
- Creación de un Centro Nacional de Investigaciones y Prevención de Riesgos Naturales, organismo técnico y autónomo, dedicado a la investigación en los distintos riesgos naturales y a la operación de las redes de monitoreo volcanológicas, sismológicas y de tsunami.
- Creación del Servicio Geológico Nacional, unidad dependiente del Ministerio del Interior, que incluya las funciones y redes de monitoreo en materia de riesgos naturales hoy dispersas en distintos organismos.
En ese momento, el académico Sergio Sepúlveda señaló al sitio web de la FCFM que «la idea que propusimos es implementar una institucionalidad dentro del Sistema de Emergencia que esté integrada por especialistas en Ciencias de la Tierra y en investigación de riesgos naturales y que interactúe continuamente con la academia y organismos públicos. Una unidad que integre todo esto y lidere todas las políticas públicas en este sentido. Para eso hicimos distintas propuestas ya que sabemos que el ideal siempre es lo más difícil de realizar».
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