Todo lo que tiene que saber de María Luisa Brahm, la operadora política cuyo voto dirimente podría bloquear el tercer retiro

Por Rodrigo Gallardo y Leonardo Buitrago

Como es sabido, el Gobierno de Piñera y Larroulet ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) contra el proyecto de reforma constitucional que habilita un tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP.

Dicho trámite deberá ser analizado por el pleno del TC, presidido por María Luisa Brahm, cuyo voto dirimente fue decisivo en diciembre pasado en el empate 5-5 para acoger el requerimiento ingresado por Sebastián Piñera con el objetivo de declarar inconstitucional la reforma constitucional que permitiría un segundo retiro del 10%, en el caso que esta fuese impulsada por el Congreso. Esa vez, de todos modos se pagó el retiro, toda vez que llevaba el patrocinio del ejecutivo.

Esta vez -como en el primer retiro- el proyecto lleva el patrocinio del Congreso y surgen los temores de que el voto clave de Brahm pueda inclinar la balanza hacia los intereses del Gobierno de declarar la iniciativa como inconstitucional, lo que tendría insospechadas consecuencias, dada la histórica crisis social y sanitaria que viven las comunidades ciudadanas.

Reconocida Piñerista

Estos temores están fundamentados en el hecho de que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) Brahm fue su jefa de asesores, lo que la convirtió en la «mujer más poderosa» del segundo piso de La Moneda –concepto para referirse a los asesores más influyentes del presidente– y una de las colaboradoras más cercanas del economista.

La abogada de la Universidad Católica es una reconocida «piñerista». Trabajó en sus campañas presidenciales de 2005 y 2009, y en 2013 asumió como ministra del Tribunal Constitucional, nombrada precisamente por el entonces mandatario.

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Antes de eso y en plena dictadura, la abogada trabajó en la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) desde 1983 hasta la disolución de esta en 1990, llegando a estar a la cabeza de la misma en sus últimos años como jefa del Departamento de Planificación.

También se desempeñó durante 20 años en el Instituto Libertad –centro de estudios ligado a Renovación Nacional (RN)–, primero, como directora del programa de asesorías legislativas, y posteriormente, entre 2000 y 2010, ocupó el cargo de directora ejecutiva.

Paralelamente, también desempeñaría cargos en el Consejo Nacional de Televisión (2003-2010) y el Consejo de Alta Dirección Pública (2004-2010).

Aunque Brahm nunca ha sido militante de ningún partido político, su trayectoria se encuentra especialmente ligada a RN. Su padre, Jorge Brahm, fue uno de los fundadores de dicha tienda política. Adicionalmente, es conocido el hecho de que ha trabajado estrechamente con Andrés Allamand y Alberto Espina.

Esta trayectoria ligada a la política a estado alejada de la academia. Y, en materia constitucional, no se le conocen estudios ni escritos que la muestren como una experta en la materia.

Llevó el TC a su “peor momento”

Tras ser jefa de asesores, en 2013 el propio Piñera la designó como ministra del TC en 2013 y con seis votos a favor, tres en contra y una abstención fue elegida en agosto de 2019 presidenta del mismo.

Durante su labor en el TC, Brahm ha protagonizado titulares por sus conflictos con otros ministros del tribunal, teniendo claras diferencias con los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez.

Fue noticia la divulgación de un audio de Vásquez en el que éste criticó duramente la gestión de María Luisa Brahm al frente del TC, responsabilizándola de arrastrar a la institución a su peor momento.

En el audio, Vásquez acusó a Brahm de falta de racionalidad y de tino, agregando que en un Tribunal Constitucional hay jueces y no operadores y que el desprestigio de este organismo se mantendrá «a no ser que la persona responsable declare que ha cometido errores o simplemente renuncie».

Sumarios por acoso laboral

Las polémicas con los otros ministros no son los únicos problemas que enfrenta la presidenta del TV. El propio tribunal determinó el pasado 12 de marzo la apertura de un sumario administrativo contra Brahm, a partir de supuestos hechos de acoso laboral contra el ex director de administración y finanzas, Julio Ortiz, de la secretaria del tribunal María Angélica Barría, y en contra de su ex chofer personal.

Por otra parte, se abrió una segunda investigación sumaria el pasado 29 de marzo. Esto, por una denuncia que presentó el jefe de la Unidad de Informática del Tribunal Constitucional, por supuestos actos de maltrato y acoso laboral.

También, se sumó un tercer sumario que se formuló el 8 de abril, originado a raíz de una denuncia por presunto allanamiento ilegal a oficinas de ministros del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el pasado el 12 de abril, a través de sus abogados, Brahm solicitó al pleno del mismo organismo suspender dos de los tres sumarios que se realizan actualmente en su contra.

La defensa de la presidenta del TC pidió que mientras se resuelva si se anula o no la resolución que dio cuenta de una investigación administrativa por supuesto maltrato laboral, las otras dos acciones sean suspendidas.

Peligro del voto dirimente

La posibilidad de que María Luisa Brahm haga ejercicio del voto dirimente para declarar inconstitucional el proyecto del tercer retiro del 10%, ha generado preocupaciones entre la ciudadanía y el mundo político.

Cabe recordar que, como presidenta del Tribunal Constitucional la abogada tiene el voto decisivo o dirimente en caso de empates en la toma de decisiones, siendo bastante común al tener una composición de 10 miembros.

Según estableció El Ciudadano, basándose únicamente en los controles constitucionales realizados desde que asumió la presidencia del TC en 2019, Brahm ha usado su voto dirimente en cuatro ocasiones, siendo la más reciente en enero de este año cuando su voto permitió declarar la competencia del tribunal en la discusión del proyecto de ley sobre la Modernización de la Dirección del Trabajo (correspondiente al Rol 10194-21) el que finalmente fue declarado constitucional gracias a la intervención de Brahm.

La potestad de los presidentes del TC para inclinar la balanza en votaciones claves ha sido motivo de discusión. En julio de 2017, el Observatorio Judicial advirtió sobre lo polémicos que pueden resultar los votos dirimentes, justo cuando el entonces presidente del TC, Carlos Carmona, se convirtió en la persona que más veces tuvo que recurrir a este recurso (21 veces).

Ante esta situación, el observatorio planteó que “cuando la controversia se resuelve por medio de un mecanismo formal como el voto dirimente, la ciudadanía no tiene cómo discernir qué posición es la correcta (…) Por lo tanto, cuando hay un empate y la cuestión de constitucionalidad se decide por el voto dirimente, resta legitimidad a la decisión”.

Inhabilitación de Brahm

Luego de que el Senado aprobara y despachara a la Cámara de Diputados el proyecto para un tercer retiro del 10%, trece senadores de oposición presentarán este viernes un requerimiento de implicancia contra la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, para que no sea parte de la revisión del requerimiento interpuesto por Sebastián Piñera en contra el proyecto de ley que permite un nuevo retiro de los fondos previsionales para brindar apoyo económico a las familias afectadas por la pandemia de Covid-19.

El senador independiente, Carlos Bianchi, estuvo recopilando firmas para acudir al TC e impugnar a Brahm, logrando el apoyo de los senadores Adriana Muñoz, Ximena Ordenes, Loreto Carvajal, Isabel Allende, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Juan Ignacio Latorre, Jorge Soria, Alejandro Navarro, y Jaime Quintana, por lo que cumplió con el requisito de obtener la rúbrica de un cuarto de los integrantes de este estamento para ingresar el escrito.

A juicio del senador Bianchi, la actual presidenta del TC “claramente no da garantía, bajo ningún punto de vista, de imparcialidad”.

«Ha comentado públicamente lo que es un hecho grave, que el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara. O sea, una Cámara política y, por lo tanto, allí creemos que no sólo incumple, no sólo es un acto desafiante, no sólo es una situación absolutamente contraria a la Constitución, sino que demuestra que está de rodillas frente a la instrucción de quien ha sido su empleador históricamente, que es el señor Piñera», sentenció.

De hecho, en una entrevista con La Tercera, la presidenta del TC reconoció que «la descripción de que somos una tercera Cámara si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede».

«Sí somos una tercera Cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, que es el control de las leyes, y eso se produce en dos momentos antes de que sean leyes, o sea, durante la tramitación o aprobadas con control preventivo, o de manera posterior a través de las inaplicabilidades», aseguró.

«El hecho de ser ‘tercera Cámara’ no significa que se vote de una determinada manera o no, es regirse al mérito constitucional y evidentemente acá acuden quienes perdieron en el Congreso y se produce el conflicto que dirime el TC», agregó.

La citada presentación de los senadores encabezados por Bianchi hace referencia al hecho en que Brahm emitió su voto asegurando que el segundo retiro era inconstitucional, tras un empate en el TC.

«Ese voto dirimente, es intrínsecamente una ‘opinión’ de la Señora Presidenta de este Excelentísimo Tribunal, que, en la evaluación de sus efectos publicitarios, no es escindible de su calidad normativa de voto dirimente, es una ‘opinión’ emitida con amplia publicidad», señala.

«Lo que no puede ocurrir, y que ha ocurrido en la especie en la actuación de la Ministra cuya implicancia se reclama, es ser cuando ejerce el control preventivo una tercera cámara política, que resuelve con criterios políticos y no jurídicos, disfrazada de tribunal», afirma el texto, sostuvo Bianchi citado por Meganoticias.

«De esta manera resulta claro que se encuentra afectada la imparcialidad de la Ministra y Presidenta de este Excelentísimo Tribunal Constitucional, ya que al ejercer la facultad de dirimir (…) emitió dictamen sobre el asunto que es substancialmente el mismo sometido a su conocimiento en el nuevo requerimiento que es materia de éstos autos, lo que unido a la peligrosa declaración de que ella considera que el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara, ciertamente deja en claro que su decisión se aparta de cualquier criterio preponderantemente jurídico como debiese ser en derecho», señalan los senadores en el requerimiento.

“Promovemos se declare por el pleno de este Excelentísimo Tribunal la implicancia de la Señora Ministra referida, en resguardo de las garantías mínimas que deben informar un debido proceso, esto es el acceso a un Tribunal imparcial, más aún en una materia de tal interés público y sensibilidad en la cual se debe garantizar en extremo la falta de sesgo en el juzgador”, solicitan.

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