No terminan de suceder todos los coletazos que acarrea la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en favor del aborto en tres causales, pero que también admitió la objeción de conciencia institucional, cuando la ciudadanía todavía procesa qué implicará concretamente este último ítem. Y está lejos de aclararse el panorama.
Ya se produjo el primer ruido al interior de la UC, la institución que representó, a través de los alegatos de su rector ante el TC, una posición favorable a esta disposición. Ignacio Sánchez fue la voz oficiosa de la Iglesia Católica apuntando una supuesta inconstitucionalidad del aborto, así como defendiendo la opción de que la objeción de conciencia se extendiera a la totalidad de la institución que quisiera acogerse a este principio.
De este modo, se inauguró una herramienta jurídica que permite que los dueños de instituciones de salud, que además se encuentran especialmente vinculadas a otras de carácter educativo, decidan como cuerpo y determinen la aplicabilidad de la ley.
Fue el Sindicato de Salud UC quien levantó la primera alerta que cuestiona al carácter democrático de la disposición. Ellos realizaron una encuesta que arrojó como resultado el apoyo del 80% de las y los afiliados (que supera el millar) al aborto en tres causales.
La cadena Santo Tomás
Una tensión similar asoma en la cadena educacional Santo Tomás, propiedad de la familia Rocha y a cargo de la Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, todos del mismo nombre. La cadena declara ampararse en los fundamentos de Tomás de Aquino y emitió un comunicado este miércoles 30 de agosto en el que su junta de accionistas comunicó su voluntad de acogerse a la objeción de conciencia.
En el texto señalan que reafirman su “reconocimiento del irrenunciable valor de cada vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural” y lamentan que esto “no ha primado en la discusión y se ha abordado el tema de fondo de manera parcial e ideologizada, quedando en desprotección el derecho de aquel que está por nacer y que aún no tiene voz para defenderse”.
Puntualizan los accionistas de la Santo Tomás que “como instituciones educativas de inspiración cristiana, ratificamos nuestro compromiso de formar jóvenes que desempeñen su vocación en la sociedad, tanto desde lo profesional como lo valórico”, de modo que agradecen la “sensata decisión” del TC en relación a admitir la objeción de conciencia institucional, pues “son manifestaciones del derecho indispensable de que deben gozar aquellos a quienes se les solicite intervenir en el proceso clínico del aborto, lo cual les genera conflicto moral y ético con sus creencias y valores sobre este doloroso asunto”.
Suplantación de conciencia
Francisca Zubicueta, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Santo Tomás, en conversación con El Ciudadano objetó el comunicado de la UST. Afirmó que “claramente no es la posición de las y los trabajadores de la Universidad Santo Tomás”, agregó que no han “asistido a foro alguno o debate donde podamos decir ni expresar nuestra opinión sobre la ley de aborto en tres causales”.
Zubicueta releva respecto al aborto que es necesario que “dentro de la opinión pública haya espacio para la posición de los trabajadores” y en especial para las trabajadoras, pues “la gran mayoría de la población del trabajo, el 80%, somos mujeres trabajadoras”.
La dirigenta subrayó que “hay un ejercicio de suplantación de conciencia” en la decisión anunciada por la junta de accionistas de la UST a través de su comunicado. “Las bajadas de las líneas políticas de la empresa jamás han sido debatidas con los trabajadores”, advierte Francisca. En ese marco, anunció que “habrá un proceso de debate” y una posición del sindicato se haría pública la próxima semana.
Por último, Zubicueta apunta que la empresa mantiene tareas pendientes que dan cuenta de la total desconsideración. “Tenemos contratos colectivos que ni siquiera respetan. La empresa no se sienta a resolver sus problemas legales con nosotros”, denuncia.