En un extenso documento a la Cámara de Diputados, el ministro de Minería Baldo Prokurica admitió la existencia de graves irregularidades en la fiscalización practicada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a la faena Delia 2 de Chile Chico, donde en junio de 2017 ocurrió un accidente que provocó la desaparición de dos trabajadores.
En marzo de este año, la Corte Suprema ordenó seguir con la búsqueda de Jorge Sánchez Martínez y Enrique Ojeda González, ambos mineros de la empresa Cerro Bayo, al estimar que no se habían agotado los medios disponibles para rescatarlos con vida o hallar sus cuerpos en el colapso.
Ante esto, el diputado Fidel Espinoza (PS) requirió por oficio aclarar las medidas adoptadas por el gobierno tras el fallo judicial. También pidió que se explicara por qué «no se efectuaron las labores de fiscalización del mantenimiento de los cielos al interior de la mina» y por qué «no se cerró… en circunstancias que la autorización para su funcionamiento era por 4 años».
Tal como El Ciudadano informó en septiembre de 2017, Delia 2 contaba solo con un permiso de operación que estaba vencido al momento de ocurrir la tragedia: la Resolución Exenta N° 0644, del 22 de marzo de 2011. Dicho antecedente fue omitido por la ex titular de Minería Aurora Williams, quien poco después del evento, de visita en la Región de Aysén, manifestó que la empresa dejaría de operar «en tres o cuatro meses, conforme a los permisos que tenía».
La respuesta entregada a Espinoza (ver aquí) confirma no solo que Williams faltó a la verdad, sino que personal de Sernageomin permitió que la explotación superara lo contemplado en un comienzo, pasando de las 413 mil toneladas a las 774 mil, es decir, excediendo lo autorizado en un 87.4%.
De acuerdo al informe del subdirector de Minería Hugo Rojas que sustenta lo señalado por el ministro Prokurica, «en el periodo comprendido entre mayo de 2011 y marzo de 2017, diversos funcionarios de SERNAGEOMIN realizaron un total de 23 inspecciones de seguridad minera a las instalaciones de Cerro Bayo, 14 de las cuales incluyeron inspecciones a Mina Delia NW».
Sin embargo, como reconoce el propio servicio, «nuestros fiscalizadores no advirtieron que la empresa había extendido los laboreos y extracción de mineral más allá del perímetro autorizado, acercando la explotación bajo la Laguna Verde, dejando un pilar rocoso entre el piso de dicha laguna y el techo del caserón 206 (sector que finalmente colapsó) de un menor espesor a lo recomendado en el Estudio Geomecánico que la propia empresa incluyó en el Proyecto que sometió a aprobación por Sernageomin».
«Según lo establecido en el Proyecto, la vida útil se estimaba en cinco años, desde 2011 a 2015, además del año de cierre de la mina, programado para el 2016… A pesar de lo anterior, la empresa informó anualmente a la Unidad de Estadística del Departamento de Seguridad y Fiscalización de la Subdirección Macional de Minería del SERNAGEOMIN los tonelajes extraídos en la Mina Delia NW, sin distinguir la producción alcanzada de las secciones 1 y 2, extendiendo su vida útil hasta el año 2017″, agrega.
Lo anterior, según se detalla, refleja que Cerro Bayo incumplió los Artículos 22 y 23 del Reglamento de Segundad Minera, «al no presentar un proyecto de ampliación para su vida útil, superficie y tonelaje a extraer de la mina» y al «no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores propios y de terceros, como de los equipos, maquinarias e instalaciones».
«Respecto de por qué no se cerró la faena en circunstancias que el proyecto no tenía vida útil, cabe señalar que no se efectuó el hallazgo de este incumplimiento por parte del personal de fiscalización de nuestro Servicio, ni se requirió conforme al procedimiento sancionatorio que para tal efecto procede, una sanción para la empresa que no contaba con permiso vigente para operar», continúa la autoridad de Sernageomin.
En torno a ese punto, conforme a la denuncia de El Ciudadano, se aclaró que «no existe registro de que… se haya resuelto por parte del Servicio alguna renovación al respecto».
«En suma, el ejecutar la explotación cercana a la Laguna Verde, no realizar y actualizar los estudios geomecánicos, el no considerar los efectos de un aumento en la pluviometría, como tampoco el debilitamiento del macizo rocoso ante el tajamiento del dique, todo ello generó el escenario que derivó en el colapso y posterior inundación de la Mina, con las lamentables consecuencias que afectaron a la vida de dos trabajadores», concluye.
Ante una solicitud por la Ley de Transparencia, el director nacional de Sernageomin, Mario Pereira, negó acceso al sumario que se instruyó en octubre de 2017 para determinar la responsabilidad de sus funcionarios en los hechos descritos, argumentando que la resolución del caso aún está pendiente.
Matías Rojas – [email protected]
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
