El diputado independiente de la región de Antofagasta, Jaime Araya, presentó este viernes un proyecto de ley para obligar al Ministerio Público solicitar arraigo al momento de pedir la formalización de imputados que detenten cargos de elección popular.
La iniciativa fue firmada, además, por la diputada Carolina Marzán (PPD), y los diputados independientes Cristian Tapia, Marta González y René Alinco.
El proyecto se presenta tras la fuga de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, horas antes de que la Corte Suprema desestimara el último recurso con que la otrora jefa comunal buscaba evitar la cárcel, tras ser condenada a 5 años y un día de cárcel por delitos de corrupción.
“La medida cautelar de arraigo consiste en la prohibición de salir del país, o bien, de la localidad en la cual reside una persona imputada por un determinado delito”, explicó Araya, citado por BioBío.
Para Araya, esta medida cautela también debería aplicarse a las personas a las que se le “imputen hechos delictivos que afecten la fe pública”.
“Tal es el caso del delito de fraude al fisco, que muchas veces es cometido por personas que detentan cargos de elección popular, lo cual es doblemente reprochable”, señaló el parlamentario, citado por BioBío.
Cabe recordar que, Rojo fue condenada por fraude al fisco, ilícito cometido entre octubre de 2015 y agosto de 2016, tras haber contratado una asesoría política comunicacional, pagados con fondos proporcionados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social.
Aunque fue condenada por el Tribunal, la ex jefa comunal se encontraba sin medidas cautelares, por lo que emprendió vuelo hacia Países Bajos, en un avión que tomó el miércoles y que hizo una escala en Brasil.
Por otra parte, calificó como una «situación vergonzosa» lo ocurrido con Rojo, quien huyó del país eludiendo a la justicia; así como señaló que estos casos generan un malestar en la «opinión pública» y hace «surgir un sentimiento de impunidad» a las personas que forman parte de las instituciones públicas.
“Lo anterior, nos preocupa ya que hay otras ex autoridades que están involucradas en situaciones irregulares en la administración y gestión de fondos municipales, como es el caso, por ejemplo de Vitacura; Las Condes; o Maipú, que podrían derivar en responsabilidades penales referentes a recursos públicos”, indicó.
Esta ley, detalló Araya, buscará que lo ocurrido con Rojo no se vuelva a repetir, debido a que -según su consideración – afecta el valor de «nuestras instituciones democráticas y sus autoridades».
“De esta manera, se podría evitar la fuga vergonzosa de personas que han defraudado la fe pública y las arcas fiscales, y, se asegure un eventual cumplimiento de condena”, concluyó.
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