Tras pagar $40 millones: Diputado Mauricio Ojeda sale de la cárcel y se va a arresto domiciliario total

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco aceptó la solicitud de la defensa y resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre el desaforado diputado Mauricio Ojeda, quien es independiente pero cercano al Partido Republicano.

El parlamentario estaba en prisión por su presunta participación en la arista “Manicure” del Caso Convenios. Se le acusa de haber desviado más de $730 millones que el Gobierno Regional de La Araucanía asignó a las fundaciones Folab y Educc, lo que lo llevó a permanecer privado de libertad desde el 3 de enero.

Sin embargo, a un día de cumplir tres meses en la cárcel, el juez de Garantía Luis Olivares Apablaza autorizó su cambio de medida cautelar, estableciendo el pago de 40 millones de pesos para garantizar su comparecencia en el proceso judicial.

Los cargos contra Ojeda

Mauricio Ojeda, periodista de 42 años y exintegrante de la bancada de ultraderecha del Partido Republicano, enfrenta acusaciones por la presunta malversación de fondos destinados a cursos para mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca se llevaron a cabo. Este hecho es parte del denominado caso “Manicure”.

Por esta razón, la jueza Leticia Rivera acogió la solicitud de la Fiscalía y del Gobierno Regional de La Araucanía, que actuó como parte querellante, y dictó la prisión preventiva del exdiputado.

El desvío de $730 millones

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en junio de 2024, señalando que “se adoptó la decisión de interponer una acción criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda, en el marco de la investigación sobre la transferencia de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab”.

El organismo justificó su decisión en base a antecedentes de la carpeta investigativa que acreditarían la existencia del delito. Además, recordó que esta querella se suma a otra interpuesta en noviembre del año pasado, la cual incluyó a cuatro funcionarios públicos y dos particulares, acusados de fraude al Fisco y lavado de activos.