Tras reportaje de El Ciudadano: Presentan denuncia ante Contraloría por irregularidades en proyecto minero en Colliguay

Este lunes se dio a conocer que la Consejera Regional de Valparaíso, María Elena Rubilar, presentó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso junto al diputado Diego Ibáñez, con el fin de solicitar una investigación que aborde las infracciones de la probidad administrativa, y posibles actos de corrupción relacionados con la tramitación del proyecto de la Sociedad Minera Carmelita en la localidad de Colliguay, Región de Valparaíso.

De acuerdo a la denuncia, los hechos que fundamentan la solicitud toman como antecedente el reportaje Oro y poder: El nexo entre la mina de Colliguay y funcionarias de Sernageomin, realizado por el equipo de investigación de El Ciudadano, además de información obtenida mediante los Oficios de Minería N° 87904 y N° 92285.

En este contexto, se acusa a varios funcionarios de Sernageomin de intervenir en el proyecto con conflictos de interés, entre los que figura Rodrigo Herrera Estrella, quien elaboró el proyecto de explotación para la mina y luego participó en su aprobación, mientras trabajaba en la Seremi de Minería de Valparaíso.

Además, se señala a Camila Parra Vásquez, evaluadora de proyectos de Sernageomin y cónyuge de Herrera, quien aprobó la Planta Carmelita de Colliguay, lo que constituye a un presunto conflicto de interés.

La denuncia también destaca la omisión de la empresa al no informar los cambios en el destino del material extraído, así como el inicio de actividades sin el correspondiente aviso a la autoridad.

Aparte, la denuncia señala que los proyectos Mina Colliguay 1-20 y Planta Carmelita de Colliguay podrían haber sido divididos artificialmente para eludir la evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

También se advierte que la empresa podría haber superado el límite de producción declarado, extrayendo más de las 72 mil toneladas inicialmente previstas, lo que representaría un riesgo para el ecosistema local, especialmente para la Reserva de la Biosfera de Quilpué, donde se encuentra el proyecto.

En el documento presentado ante la Contraloría, Rubilar e Ibáñez hacen un llamado a investigar las infracciones a la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa, señalando presuntas violaciones en artículos como el 64 N°6 (intervención en asuntos con interés personal), el artículo 11 bis (falta de transparencia) y el artículo 64 N°8 (incumplimiento de deberes de eficiencia y eficacia).

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los firmantes solicitaron a la Contraloría Regional de Valparaíso investigar los hechos, determinar las responsabilidades administrativas de los involucrados y aplicar las sanciones correspondientes. A parte, instan a adoptar medidas para mejorar los mecanismos de fiscalización y transparencia en la tramitación de permisos mineros y proteger el medio ambiente en la región.

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