Tras el paso por la Comisión de Educación y Cultura, el Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que penaliza el acoso sexual en la educación superior, que había sido presentado en mayo de 2018.
La iniciativa que busca “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género”, recibió 26 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
De este modo, el proyecto quedó en condiciones para ser promulgada por el Ejecutivo a través del presidente Sebastián Piñera y con ello convertirse en Ley de la República.
Esta iniciativa «reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género».
El proyecto establece que las instituciones comprometidas deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar dichos delitos.
La definición de acoso sexual que establece el texto señala que se tratará de cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.
Asimismo, plantea que las casas de estudio deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.
Aquellas instituciones que no adopten la política integral no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
De este modo, las casas de estudios tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.
«No más a los silencios cómplices»
Desde el Congreso, la senadora Carolina Goic (DC) señaló que “hay una demostración de decir `no más` a esos silencios cómplices, `no más` a naturalizar situaciones de vulneración de la dignidad de las mujeres».
«Detrás de este hito que hoy aplaudimos, hay tantos testimonios, muchos de ellos en silencio”, afirmó, citada por El Mostrador.
Desde la Asociación Red de Investigadoras (RedI), organización que estuvo presente en el Senado mientras se discutía el proyecto, destacaron la importancia de la aprobación de la ley y su relevancia social.
“Gracias a todas y todos quienes nos apoyaron en este proceso y confiamos en el beneficio que esto implicará para nuestra sociedad”, indicó la asociación en un mensaje publicado en Twitter.
La directora de Investigación y Postgrado de Agro y Forestal de la UC e integrante de la RedI, Marlene Rosales, enfatizó que este proyecto abarca sanción en todos los niveles académicos, como universidades, institutos técnicos y escuelas de la Fuerza Armada.
“Es un proyecto que viene a llenar un vacío legal, donde el acoso sexual que está solo tipificado cuando hay relaciones laborales, pero no cuando hay una relación en un contexto educacional de la educación superior”, expresó en un video publicado en la red social Twitter.
Señaló que el texto legal establece que todas las instituciones de Educación Superior, deberán contar con una política integral “contra la violencia de género, que incluye la prevención, modelos de prevención y sanción a estas conductas”.
“Aquellas instituciones que no cuenten con estos modelos, se verán afectados en su proceso de acreditación institucional”, puntualizó.
¿Por qué surge el proyecto?
El proyecto de ley que fue presentado en mayo del 2018 por la senadora Ximena Ordenes y redactado en conjunto con la Red de Investigadoras de Chile, surgió tras las demandas de las estudiantes universitarias en 2018 luego de una serie de acusaciones contra funcionarios, académicos y compañeros que violentaban a las estudiantes por razones de género, lo que provocó las multitudinarias manifestaciones feministas y las tomas universitarias.
Las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran tras el proyecto son: Juntas en Acción, Corporación Humanas, Comunidad Mujer, OCAC, Instituto de la Mujer, Laboratoria, Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Observatorio de Violencia Obstétrica, Mujeres del Pacífico, La Rebelión del Cuerpo, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Observatorio de Género y Equidad, Talleres de Mujeres Girsol, Mujeres Non Stop, Niñas Valientes y Descentralizadas.
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