El Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud Física y Mental, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, todas instancias de Naciones Unidas, pidieron al Estado de Chile «reparar» a las 200 mujeres que quedaron embarazadas tras consumir anticonceptivos defectuosos entregados por el sistema público de salud.
Según consignó la agencia EFE, la información fue entregada por la ONG internacional Women’s Link Worldwide: «Los tres mecanismos le solicitaron a Chile adelantar un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado», explicó María Cecilia Ibáñez, abogada y representante de la organización.
Asimismo, pidieron acompañar las maternidades no planeadas, a través de ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar sus proyectos de vida y la crianza de los niños y niñas.
Recordemos que hace un año (2021) varias mujeres denunciaron haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos con Anulette CD entregados en centros de salud del Estado. El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso semanas después una multa de 66 millones de pesos a dos laboratorios por fabricar y distribuir las píldoras defectuosas.
Paralelamente, la Corporación Miles, que representa a las afectadas, inició una mediación con el Estado que terminó en fracaso, ante el rechazo de su piso mínimo de negociación: «Tras la frustración de la mediación, como Miles presentaremos una demanda contra el Estado, en busca de que los tribunales de justicia les obliguen a tomar medidas de reparación y no repetición en este tipo de casos», afirmaron desde la entidad.
Finalmente, no hay que olvidar que muchas de las afectadas son mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales permitidas en Chile para interrumpir el embarazo: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.
Agencias
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