Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal licitación de cámaras GoPro para Carabineros realizada por exsubsecretaria Martorell

El Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró este jueves como ilegal la licitación de cámaras corporales (GoPro) para Carabineros, realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2021, cuando Katherine Martorell ejercía como titular en el cargo.

Recordemos que la licitación favoreció a la empresa Motorola, por un monto de 378 millones de pesos, a pesar de que el equipamiento no cumplía con la función de pre y post grabado de 120 segundos respectivamente. Es decir, una vez que fuera activada al inicio de un procedimiento policial registrara los dos minutos precedentes y, una vez apagada, lo hiciera por la misma cantidad de tiempo, permitiendo de esta manera contar con un registro posible de ser utilizado como prueba ante la Justicia.

Así, la resolución estableció que Motorola ni siquiera debió participar en la evaluación por parte de la Comisión Revisora, lo que demuestra un incumplimiento de las bases. Sin embargo, el tribunal reconoció que la empresa ganadora corrigió la deficiencia que presentaba su equipamiento, lo que evitó un perjuicio para las arcas fiscales pese a que la acción tendiente a subsanar tal deficiencia técnica retrasó la implementación del recurso.

El fallo no hace referencia a multas.

Otra querella

No olvidemos que existe una querella de la empresa Pegasus, que participó en la licitación, en contra de Martorell y la Comisión Evaluadora, debido a las anomalías que, a su juicio, se hicieron manifiestas en la respuesta que dio la SPD a una solicitud de revocación presentada por la empresa. La más grave dice relación con una mentira, pues los requeridos habrían creado la documentación que avalaba la incorporación de la función de pre y postgrabado una vez que Motorola se adjudicó la licitación.

Esta acusación aún no ha sido acreditada por el Ministerio Público, que se encuentra a la espera de que la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) entregue los resultados de su investigación a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

El proceso además fue cuestionado por la Contraloría, entidad que tras registrar una serie de anomalías ordenó un sumario administrativo.