El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener las medidas cautelares del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien se encuentra formalizado por los presuntos delitos de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco.
Durante la extensa audiencia que comenzó a las 09:00 horas de este lunes, la jueza escuchó los alegatos de la defensa del edil comunista, la cual pidió cambiar la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa, como el arresto domiciliario total o nocturno.
Sin embargo, la jueza decidió rechazar la solicitud argumentando que la libertad del imputado constituía un peligro para la sociedad y un eventual peligro de fuga.
«Este tribunal concluye que las alegaciones a las que hace alusión la defensa de don Daniel Jadue Jadue no dicen relación con nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias ya establecidas», sentenció la magistrada.
Cabe recordar que, previo a la audiencia, la defensa de Jadue solicitó inhabilitar a las juezas Paulina Moya -quien decretó la prisión preventiva- y Katherine Román -quien decretó la retención de su patrimonio-. Sin embargo, la petición fue rechazada por la magistrada Pamela Muñoz.
Comisión Chilena de DDHH acusa «lawfare»
El pasado viernes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos emitió una declaración pública criticando al Poder Judicial por violar los derechos constitucionales del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Según acusaron desde el organismo, en el proceso judicial contra el edil se transgredieron normas legales, constitucionales e incluso del derecho internacional de los derechos humanos, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional.
«Nos preocupa la proporcionalidad y necesariedad de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, o la objetividad de la investigación penal, que son transgredidas por prácticas inadmisibles dentro de un Estado de Derecho», señala el comunicado.
«Este uso indebido de instrumentos judiciales, parece dar la razón a quienes sostienen que estamos ante un claro caso de Lawfare, en el que se busca inhabilitar políticamente a un dirigente a través de procesos judiciales –de gran cobertura mediática- en los que no se respetan instituciones jurídicas fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional», agregaron
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