Un fantasma recorre Chile: Prisión política y resonancias de la dictadura cívico-militar

Un fantasma recorre Chile: prisión política y resonancias de la dictadura cívico-militar en el escenario de una democracia que criminaliza la protesta social.

Por Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta.-

La dictadura no es un paréntesis

Como muchas otras cosas, la prisión política no terminó con la dictadura. Y es que sería un error pensar la violencia de Estado como un fenómeno circunscrito únicamente a los años de la dictadura cívico-militar. Los sucesos ocurridos a partir de la revuelta iniciada el 19 de octubre del año pasado hacen que esta proposición sea, por desgracia, aún más evidente que hace unos años atrás.

Al respecto, existe una metáfora que representa bastante bien el ánimo triunfalista que se construyó a partir de los primeros años de la “transición a la democracia”: un discurso que permitió enunciar a la dictadura como el periodo de las violaciones de los derechos humanos y oponerlo, como si de un binarismo excluyente se tratara, a la práctica de la “democracia” que se instalaba al inicio de los años ‘90.

La metáfora a la que nos referimos construyó discursivamente a la dictadura como un paréntesis en la historia, como si de una violencia situacional se tratara y no de una práctica histórica que antecedió a la dictadura y se prolonga hasta el día de hoy. La construcción de esta metáfora se puede rastrear en las políticas de memoria que sucedieron a la nueva “democracia” inaugurada en marzo de 1990, sintetizadas bajo el eslogan del «Nunca más» y materializada en la construcción de una memoria hegemónica sobre la dictadura y las violaciones de los derechos humanos.

Los años que siguieron a la dictadura develaron, sin embargo, a esta nueva democracia como una sofisticada prolongación de la racionalidad dictatorial. Los argumentos abundan, lamentablemente. La violencia de estado en el Wallmapu, las desapariciones forzadas en democracia, el ejercicio de la tortura por parte de Carabineros y la criminalización de la protesta social, son algunas de las materializaciones de esta lógica que, desde la revuelta iniciada en octubre del año pasado, empezamos a experimentar de manera explícita y masiva.

A esto nos referimos cuando decimos que la dictadura no es un paréntesis. Porque, pese a todos los acuerdos internacionales que Chile ha ratificado en materia de derechos humanos, la violencia del Estado no ha cesado nunca. A esto se refería también el filósofo alemán Walter Benjamin cuando escribió entre 1939 y 1940 que “la tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el cual vivimos es la regla”.

Teniendo esto en consideración, cabe mantener una actitud crítica frente a lo que podría ser una suerte de triunfalismo renovado que ronda en el proceso constituyente actual. Si lo que sucedió con el plebiscito del año 1988 puede servir de lección, entonces una de las lecciones sería esta: un plebiscito puede cumplir una función paralela a la de promover la participación ciudadana en las deliberaciones públicas, permitiendo apaciguar las contradicciones, higienizar las posiciones más radicales e invisibilizar la violencia sobre la cual se construye.

Al respecto, uno de los temas, sobre los que consideramos que, como sociedad, debemos actuar organizadamente, y no soslayar bajo el triunfalismo que pudiese implicar la redacción de una nueva constitución, es la denuncia de la prisión política actual y su visibilización como un mecanismo del Estado en la desarticulación y el castigo de la protesta social. Para ello, conviene tener en cuenta que la prisión política, junto con la tortura, así como las practicas de desaparición y asesinato, constituyeron pilares fundamentales del terrorismo de estado ejercido por la dictadura.

Si en el pasado, la prisión política tuvo como objetivo la persecución de los partidos y la anulación de los/as sujetos peligrosos/as para el régimen, actualmente cumple el objetivo de castigar la protesta y a los/as actores/as sociales que en ella se movilizan. Quizá hoy existen figuras jurídicas distintas, como por ejemplo, la Ley Antibarricadas o la implementación de la prisión preventiva como una forma renovada de prisión política. No obstante, pese a las diferencias, es posible reconocer ciertos paralelismos, cierto eco de la racionalidad dictatorial que, como un fantasma, recorre el decadente panorama de nuestra “democracia” contemporánea.

Para comprender los problemas relacionados con la violencia política actual, siempre resulta útil mirar hacia el pasado, revisitar ciertas historias que develan la lógica del estado represor. En este sentido, la documentación, la memoria histórica y los testimonios, se tornan en una herramienta de crítica, comprensión y politización contra la violencia del estado en el presente. Lo que sigue a continuación son un par de historias ocurridas durante la dictadura que nos interpelan a pensar en la continuidad y en la sofisticación de las herramientas del estado para desarticular la organización y las luchas sociales.

Descabezado el MIR regional: memoria de un montaje

El 24 de septiembre de 1980, el diario El Mercurio de Antofagasta anunciaba la desarticulación del comando regional del MIR, a través de una estruendosa portada en cuyo titular se leía: “Descabezado el MIR regional”. La noticia se refería a la detención de ocho hombres y una mujer durante los días de fiestas patrias, en un operativo llevado a cabo por agentes de la CNI y el SICAR. De estas nueve personas, ocho aparecerían, cinco días más tarde, en la portada del diario, en una fotografía que les sindicaba como una amenaza contra el orden y la seguridad de la región.

La historia detrás de la fotografía es paradigmática, en la medida que expresa la política represiva y comunicacional de la dictadura, así como algunas de sus principales estrategias: el montaje, la tortura, la prisión política y la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si nos detenemos en estas prácticas y las miramos a la luz de todo lo ocurrido a partir de la revuelta de octubre -y también antes-, veremos que ninguna de ellas cesó con la dictadura. Mirada de cierta forma, la historia detrás de la fotografía le pertenece tanto al pasado como al presente.

El punto de partida, o por lo menos una de los puntos posibles, se remonta a la noche del 18 y la madrugada del 19 de septiembre de 1980, mientras la ciudad celebraba los 170 años de independencia de la nación. Esa noche, el SICAR, en conjunto con la CNI realizaron un barrido que terminó con la detención de 10 personas, la mayoría de ellas militantes del MIR y de agrupaciones universitarias de carácter cultural. Sobre este mismo hecho, el diario La Estrella de Antofagasta informaba, días más tarde, que agentes de seguridad e inteligencia habían desbaratado una célula clandestina del MIR, deteniendo a nueve personas por orden del Ministerio del Interior y la Intendencia de Antofagasta.

La versión oficial que se produjo, a través de un complejo entramado en el que participaron los organismos de inteligencia, el poder judicial, la Intendencia y los medios de comunicación, construyó a los/as detenidos/as como terroristas, poseedores de un arsenal de explosivos con los que pretendían desatar el caos en la Segunda Región. Amparándose en la doctrina tras la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Decreto de Ley N°77, los organismos represivos de la dictadura detuvieron ilegalmente a estas diez personas, utilizando una fórmula que ya es conocida: allanamientos, agentes que no se identificaron y órdenes judiciales inexistentes.

Una vez aprehendidos/as, los/as prisioneros/as fueron trasladados a recintos de detención y tortura, según los testimonios que algunos de ellos mismos entregaron a la Agrupación Por la Memoria Histórica Providencia en el año 2015. En estas entrevistas, tres ex prisioneros políticos señalan haber sido torturados cerca de La Portada de Antofagasta, para luego ser conducidos al centro de detención política y tortura Providencia. Este período de detención, no reconocida por los organismos represivos, se extendió por aproximadamente cinco días, durante los cuales fueron amenazados, torturados e interrogados respecto de su militancia en el MIR, así como por la fabricación y distribución de panfletos.

Durante los últimos días de detención en La Providencia, se les tomó la fotografía que apareció el 24 de octubre en la portada de El Mercurio de Antofagasta. La fotografía fue tomada en una de las habitaciones del segundo piso del inmueble, en la misma habitación en donde hoy día la Escuela de Suboficiales de Carabineros realiza clases a su personal en formación. Quizá parezca una anécdota, pero no lo es. La violencia es una racionalidad y tiene sus formas de defender sus espacios. Sobre la fotografía, uno de los detenidos que aparece en ella declaró, en Febrero del 2015, lo siguiente:

“Un día, como al tercer día tiene que haber sido, o cuarto día. Nos hacen subir al segundo piso, en ese mismo local de Providencia, nos llevan a una sala, nos sacan la venda a todos juntos y nos tenían parados frente a una mesa de pool. En la mesa de pool habían diferentes cosas que se supone que habían encontrado en los allanamientos: revistas, libros, un alicate, unos cartuchos de dinamita, una mechas. Nos pararon ahí y apareció uno de estos gallos del SICAR o CNI, porque eran los dos grupos que trabajaban en ese lugar. Y nos empiezan a tomar fotos […] las fotos que aparecen después en los diarios, en la primera página de El Mercurio y La Estrella”.

Poco después de la toma de la fotografía, los detenidos hombres fueron trasladados a la Cárcel de Antofagasta y la mujer, al Centro de Orientación Femenina. Posteriormente vinieron las declaraciones ante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones y toda la travesía judicial por la que tuvieron que atravesar antes de ser liberados o condenados. Lo que ocurrió en esta etapa de la detención, da cuenta de que la represión política no terminaba con la tortura, sino que era seguida por la acción un aparato júridico administrativo en el que convergían el derecho y también lo que quedaba al margen de él. En este sentido, cabría afirmar que la represión política de la dictadura se constituía en la articulación de la ilegalidad con la que actuaban los organismos represivos y la legitimidad propia de las instituciones públicas.

Prisión política: Fantasmas del pasado en el presente

Según registra un informe de la Vicaría de la solidaridad, correspondiente al mes de septiembre de 1980, nueve de los/as diez detenidos/as de esta historia fueron puestos a disposición de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien decretó la libertad, por falta de méritos, de seis de ellos/as y declaró reos a los restantes. A estos últimos, la corte les sentenció por infracciones al Decreto de Ley N°77, que declaraba ilícitos a los partidos políticos, la propaganda y convertía en delito el solo hecho de organizarse. Junto con ello, fueron sentenciados por infracciones a las letras A y C del artículo 4 de la Ley de Seguridad interior del Estado, las cuales establecen como delitos la incitación al derrocamiento del gobierno constituido y la reuniones destinadas a conspirar contra su estabilidad.

Respecto de la Ley de Seguridad Interior del Estado probablemente haya mucho más que decir, pero su invocación en momentos clave en la historia de las resistencias y la lucha por la transformación social, la desnudan como una de las tecnologías jurídicas del Estado para desarticular y reprimir las reivindicaciones políticas de nuestras comunidades. Esto no hay que olvidarlo. La misma ley que encarceló a las personas que panfletearon en contra de la dictadura tiene hoy en prisión preventiva a la mayoría de los 17 presos políticos de la ciudad de Antofagasta. La misma ley utilizada, en el 2012, por el ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter en las querellas contra 12 pescadores en el contexto de las movilizaciones de Puerto Aysén. La misma ley promulgada, en el año 1958, por un dictador más antiguo: el fundador de Carabineros de Chile, Carlos Ibáñez del Campo.

Si todo esto tiene sentido es porque la violencia del Estado tiene una historia. No es casualidad que la misma Intendencia que ordenara la detención de 9 personas en 1980 por panfletear contra la dictadura o pertenecer a un partido político, busque condenar hasta por 15 años a los prisioneros políticos de la revuelta. Ni tampoco es casualidad que la Ley de Seguridad Interior del Estado vuelva a aparecer en el escenario represivo de las reivindicaciones actuales. Ni tampoco que para el estado sea más peligroso un joven que lanza piedras, que un carabinero que asesina a un manifestante o que arroja a una persona desde un puente.

Por todo esto, como Agrupación, hacemos un llamado a la organización social y a las personas a la solidaridad activa con los prisioneros/as políticos/as de la revuelta, así como a la denuncia, la agitación y la exigencia por su liberación. Se requiere levantar una gran campaña que potencie la exigencia de su libertad en cada espacio territorial. Porque si olvidamos a los/as presos/as de una revuelta, que posibilitó el escenario para discutir nueva constitución, esto no sería más que claudicar frente a las migajas de una democracia que no ha sabido más que manchar las calles con sangre y llenar de presos/as las cárceles.

A un año del estallido social, muchos jóvenes han sido condenados y centenares permanecen hoy con prisión preventiva o con arrestos domiciliarios a la espera de procesos judiciales lentos y sin pruebas suficientes, transformándose en otra tortura que los castiga fuertemente y también sus familiares y amigos/as. De nosotros/as depende la libertad de los jóvenes. El llamado es a multiplicar el apoyo territorial, asistencial, político, jurídico y económico, conformando en cada lugar comités de apoyo a los presos políticos. Sigamos el ejemplo de los/as profesores/as que hoy se organizan en una red de apoyo hacia los estudiantes menores de edad, recluidos en el Sename. Esperamos las respuestas de los sindicatos y demás organizaciones. Nadie debe quedarse atrás. ¡A avanzar todos/as de forma conjunta!