Un fenómeno no explorado en Chile: Estudian la trata de personas con fines criminales en el norte del país

Investigación busca contribuir con la justicia entregando datos que sirvan para la persecución de las conductas relacionadas al tráfico de drogas y la trata, el diseño de estrategias de defensa, la administración penitenciaria, y el juzgamiento de los casos.

Un fenómeno no explorado en Chile: Estudian la trata de personas con fines criminales en el norte del país

Autor: Absalón Opazo

Desde 2022, el académico e investigador de la Universidad de Tarapacá (UTA), Roberto Dufraix, trabaja en las cárceles de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para identificar casos de personas extranjeras privadas de libertad por el delito de tráfico de drogas, y que hayan sido víctimas del fenómeno de la trata de personas con fines criminales.

El Doctor en Derecho y su equipo están entrevistando personas extranjeras que hayan sido detenidas por tráfico de drogas y que al mismo tiempo hayan sido víctimas de este otro delito poco investigado en Chile, que es la trata, y poder visibilizar situaciones de explotación criminal en las que la persona imputada también es una víctima del delito de otras personas u organizaciones criminales.

«El involucramiento de la persona extranjera en un delito de tráfico de drogas es consecuencia directa de prácticas explotadoras típicas de la trata», planteó el investigador.

A partir de ahí, detalla, el estudio «busca analizar los factores que inciden en la invisibilización del fenómeno y los efectos que produce en la persona afectada, especialmente a partir de la doble victimización que experimenta cuando es privada de libertad».

Además, agrega Dufraix, la investigación busca contribuir con la justicia entregando datos que sirvan para la persecución de las conductas relacionadas al tráfico de drogas y la trata, el diseño de estrategias de defensa, la administración penitenciaria, y el juzgamiento de los casos.

«En la medida que se descubre este fenómeno no explorado en Chile, se entregan herramientas no solo para nutrir de información a los diversos reportes nacionales e internacionales que se hacen al respecto, sino también de información necesaria a las agencias de control para el diseño de, por ejemplo, protocolos de actuación y prevención», explicó el especialista.

¿Qué es la trata de personas?

Es un delito que ha sido considerado como una nueva forma de esclavitud y una de sus principales características es que se trata de un fenómeno delictivo particularmente invisible y que cuesta muchísimo detectar.

«Esta cuestión no solo se explica por el miedo que sienten las víctimas de denunciar a sus tratantes sino también y sobre todo por el miedo que sienten a ser expulsadas del país atendida su situación migratoria irregular», indica el académico de la U. de Tarapacá.

En ese sentido, advierte que estos grupos explotados «son detenidos porque se les encuentra en sus vestimentas, equipajes e incluso en el interior de sus propios cuerpos, sustancias controladas por la Ley de Drogas, pero no se logra investigar a cabalidad hasta ahora si lo realizan por iniciativa propia o son coaccionados por organizaciones criminales».

Por ello, enfatizó Roberto Dufraix, el desafío es que el Ministerio Público pueda investigar más allá de una persona transportando drogas, sino que abrir una ventana para que instituciones públicas adecuen sus formas y especialicen su trabajo, focalizando la investigación no en el eslabón final de una cadena que tiene muchos eslabones antes.

«La no regularización de la población migrante que ha llegado al país en un contexto de movilidad forzada genera condiciones propicias para el despliegue de diversas formas de explotación y esto es así por una razón muy sencilla: en la medida en que no pueden acceder a un trabajo formal por carecer de la documentación necesaria, los y las migrantes se ven obligadas y coaxionadas a aceptar condiciones laborales fundadas en la explotación, particularmente abusivas y precarias, y todo eso los deja al margen de la protección mínima que debe prestar el estado de derecho», cerró el investigador de la UTA. 

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