Este martes 13 de abril, frente a la reciente promulgación de la Ley de Migraciones, la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile alertó que el discurso está “cargado de exigencias y amenazas” respaldadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.
El espacio, coordinado por la académica María Emilia Tijoux, aseguró que el pasado 11 de abril, cuando Piñera promulgó la ley, “la intención del presidente de ‘poner orden en nuestra casa’ surgió una vez más con toda su violencia, pues supone que quienes llegan vendrían a ‘desordenar’ el país, logrando así producir un sentido común negativo contra quienes han llegado a Chile buscando trabajo y dignidad”.
“El Gobierno de Chile corona tres años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista contra las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional, consolidando un relato donde iguala narcotráfico y delincuencia internacional con migración indocumentada, y vuelve a subrayar la condición de ‘ilegalidad’ para referirse a las personas”, dijo la Cátedra, en una declaración.
El proyecto, levantado desde la Casa de Bello, considera que “esta puesta en escena, nuevamente deja ver la insistencia por establecer una división entre el buen migrante y el mal migrante, lo que busca dirigir la mirada de todo el país hacia la supuesta amenaza que contendría la migración”.
“Este relato repetitivo del Gobierno, ahora con una ley en la mano, ya no puede ser contrarrestado con la información, pues parece que la verdad ya no importa. Pero tampoco importan los datos de contribución neta que genera la migración para la economía nacional ni que menos de 1 % de las personas migrantes cometan delitos, ni la contundente evidencia científica que muestra que el ingreso clandestino es consecuencia, en gran medida, de las decisiones tomadas por el propio Gobierno en la gestión de la frontera”, explicó.
El pasado domingo 11 de abril, el presidente Sebastián Piñera se dirigió al país para promulgar la nueva Ley de Migraciones, tras ocho años de tramitación en el Congreso, que facilita las expulsiones administrativas.
Según Piñera, esta ley permite “poner orden en nuestra casa, a través de una política ordenada, segura y regular, permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal (…) No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes (…) quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”.
A juicio de la Cátedra de la Universidad de Chile, “lo que está en juego aquí es la violencia reiterada, que al mismo tiempo busca la adhesión de una sociedad cuando el sufrimiento es generalizado, fabrica e impone una mirada sesgada para proteger intereses contradictorios con los valores universales de la justicia, la igualdad, la democracia y el respeto de los derechos humanos”.
“Tampoco parece importar que esta nueva ley conduzca a segmentos importantes de la población migrante a callejones sin salida gracias a una burocracia infinita que los expone a un régimen de explotación laboral insalvable”, lamentó
“Lo que hoy importa es que la verdad ha dejado de respirar en un Chile en que se impone la mentira y el castigo desde la violencia que caracteriza a quien ha perdido poder y solo tiene en sus manos la fuerza y la disposición de ejercerla de manera brutal contra la población chilena y contra la población migrante”, continuó.
De acuerdo con la instancia universitaria, “al promulgar la ley, el discurso estuvo cargado de exigencias y amenazas. Es la expresión concentrada de un racismo institucional que, al volverse mediático, construye la ficción que se supone como verdad y actúa como racismo cotidiano (…) así actúa el Gobierno frente a un ‘otro’ que entiende como un ‘enemigo’ que sigue siendo útil para explotar o para maltratar. Esto es racismo, esto es violencia. Esto es no considerar que hombres, mujeres, niños y niñas de la migración tienen derechos humanos”.
Este lunes 12 de abril, más de 600 personas de distintas nacionalidades llegaron a las cercanías de la Catedral Metropolitana de Santiago, para regularizar su situación migratoria, tras el llamado realizado por la Coordinadora Nacional de Migrantes, antes de que se publique la nueva Ley de Migraciones, que reemplaza a la vigente Ley de Extranjería.
La vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Catalina Bosch, informó que existen “alrededor de 300 a 400 mil personas que están en condición de irregularidad, por lo menos. Por lo tanto, todas esas personas, salvo algunas excepciones, podrían verse expuestas a la expulsión del territorio nacional”.
Fuente: El Desconcierto/
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