Este lunes, el senador Alejandro Navarro, junto a dirigentes y vecinos de la población Gabriela Mistral de Coronel llegaron hasta los Tribunales de Justicia de Concepción a interponer una querella criminal contra quienes resulten responsables por el masivo envenenamiento de mascotas ocurrido durante los últimos días en la ciudad situada a 30 km al sur de la capital de la Región del Bíobío.
En conversación con El Ciudadano, Navarro explicó que esta matanza es un hecho de máxima gravedad. «Esta masacre masiva afecta a 42 mascotas, todos perros guardianes, con dueños y domicilio. Para las familias ha sido muy doloroso, sobre todo para los niños, debido a que muchos eran las mascotas del hogar, es algo muy grave», señaló.
En esa línea, el senador, comentó la preocupación que esto ha generado en la población Gabriela Mistral de Coronel, pues las mascotas cuidaban sus casas. «Los dueños de los animales muertos me explicaron que la seguridad ciudadana ha disminuido ante la falta de los animales, sumado a la vulnerabilidad que sienten sin los canes cuidando sus hogares», explicó.
Además, Navarro fue enfático en indicar que el veneno está en los patios de las casas indicando que: «El pasado sábado, un cachorro, que había venido a reemplazar a un perro que ya murió, fue envenenado tras comer algo en el patio. Esto revela que en los patios de las casas está el veneno que causó la muerte de los 42 animales y que el método utilizado, es muy peligroso puesto que pudo haber afectado a niños integrantes de las familias».
En ese sentido, el político explicó que ante la gravedad de la situación, el Seremi de Salud, Mauricio Careaga, tuvo que interrumpir sus vacaciones y viajar a Concepción con el fin de resolver el inconveniente y tomar las medidas que correspondan.
Para finalizar, Navarro señaló que en la querella criminal que interpusieron, acudieron a la Ley 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y quienes resulten responsables arriesgan la pena de presidio menor en su grado mínimo o medio que va de 61 días a 3 años de cárcel.
El Ciudadano
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