La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), recibió y acompañó a la Comisión de Vivienda a dirigentes del Comité de Vivienda Villa Olímpica Nº1, de Ñuñoa, quiénes, a más de 8 años del terremoto del 27/F, reclaman retomar con el actual Gobierno los acuerdos de subsidio que ayudarían a reparar el edificio en que vivían.
El Ejecutivo, durante el 2018, había cerrado las puertas del diálogo a las 25 familias afectadas luego de informarles que el Block 73, conocido como “Edificio FACH”, presenta daños estructurales y que repararlo significaría un alto costo para el Estado.
Ante la titular de la Cámara, el vocero de los vecinos damnificados, Manuel Zúñiga, y el arquitecto Miguel Lawner, presentaron todos los antecedentes técnicos que desmienten el informe del Ministerio de Vivienda, además de una medición hecha por el mismo Serviu, en el 2017, que establece que no existen fallas estructurales.
Lawner fue enfático en criticar los argumentos entregados por la autoridad sobre daños estructurales y planteó que ellos «solo esconden el propósito de especular, una vez demolido el inmueble”, aludiendo a la gran plusvalía del terreno.
Tras presentar el caso a la Comisión de Vivienda de la Cámara, la diputada Fernández dijo que, a través de dicha instancia legal, “se ha oficiado al Ministerio de Vivienda para que se vuelva a establecer la mesa de trabajo que ellos tenían con el Serviu y retomar la hoja de ruta para ver cómo, concretamente y con todos los esfuerzos, se puede dar esta habitabilidad para los vecinos y vecinas de Villa Olímpica”.
La legisladora dijo que Ñuñoa siempre ha teniendo muchas necesidades habitacionales y que no es aceptable que, pese a esa evidente falencia, “se tenga un edificio botado”.
Por su parte, uno de los integrantes de la Comisión de Vivienda, diputado Gonzalo Winter (RD), comentó que “aquí se está poniendo en jaque la palabra del Estado».
«Hubo un compromiso, una ceremonia donde dos ministros de Estado entregaron este derecho a las familias afectadas. Hoy, es este Gobierno el que les quita este derecho conquistado con una cotización mal hecha, información falsa, precios inflados y supuestos daños estructurales que los arquitectos desmienten”, planteó Winter.
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