¿Verlo venir? Malestar, rabia y agitación en la sociedad chilena

Por Roberto Fernández Droguett

Si bien la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 tomó un rumbo institucional condicionado por el acuerdo de la mayor parte de los partidos políticos con representación parlamentaria, rumbo que terminó con el rechazo de dos propuestas de nueva Constitución, no pareciera ser un exceso de entusiasmo afirmar que la revuelta quedó inconclusa. No solamente porque se vio interrumpida por un suceso tan inesperado y desestabilizador como la pandemia de covid-19, sino también porque el gobierno de Boric, respecto del cual un sector de la ciudadanía esperaba que, tal como lo prometieron, pudiera avanzar en las demandas sociales que motivaron la revuelta, no ha tenido logros significativos en prácticamente ningún plano.

En síntesis, a casi cinco años de la revuelta, las condiciones socio-políticas y económicas que la motivaron siguen relativamente idénticas, aunque gestionadas por un gobierno de signo político contrario al del entonces presidente Piñera.

Luego, se han acumulado una serie de situaciones que han ido volviendo a despertar el malestar social, desde la impunidad de las élites en episodios de corrupción hasta el aumento del costo de la vida, la mala gestión de las problemáticas de seguridad pública -siguiendo un modelo más policial y represivo que preventivo y comunitario-, y, más recientemente, el alza del precio de la luz y luego del pasaje del Metro, entre otros. Esto último ha llevado, el viernes 12 de julio, a que estudiantes de enseñanza media se movilizaran en distintas estaciones del tren subterráneo, tal como ocurrió en octubre de 2019. Aunque resulte apresurado comparar ambas situaciones, tampoco se puede llegar y decretar que estas y otras manifestaciones sean un mero resabio de algunos nostálgicos de la revuelta.

Desde octubre de 2019, la sociedad chilena ha vivido una serie de procesos complejos que dan cuenta de importantes oscilaciones entre las posiciones políticas de las y los chilenos, expresadas, por ejemplo, en las altísimas tasas de aprobación electoral del plebiscito de entrada al proceso constitucional, y, luego, en las igualmente altas tasas de rechazo a las dos propuestas de constitución, políticamente muy distintas una de la otra. Por lo tanto, es muy difícil asegurar que ciertas tendencias políticas, por ejemplo, de aprobación o rechazo al Gobierno o a los distintos partidos, sean congruentes y sostenibles en el tiempo.

Como han mostrado experiencias recientes, por ejemplo en Europa, las sociedades parecen buscar propuestas políticas por una parte novedosas, en el sentido de alejarse del “más de lo mismo” de las políticas neoliberales, ya sean más conservadoras o más progresistas, y, por otra parte, que ofrezcan soluciones concretas y de corto plazo respecto de problemáticas que ya no son propiedad exclusiva de un sector político, como la seguridad, el trabajo, la estabilidad, la igualdad, la seguridad social, la defensa del medioambiente, entre otros.

Asimismo, las sociedades parecen buscar también alternativas en los modos de concebir y gestionar la política y el sistema democrático, en algunos casos orientándose hacia propuestas más autoritarias, como en el caso de las llamadas “democracias iliberales”, como en el caso de Italia y Hungría, y, en otros casos, hacia alternativas renovadas de las izquierdas -articuladas con la sociedad civil y los movimientos sociales-, como en los casos recientes de Francia e Inglaterra. Evidentemente que estos ejemplos no dan cuenta de las particularidades latinoamericanas, pero sí evidencian problemáticas contemporáneas bastante transversales del mundo occidental.

Cuando comenzó la revuelta de 2019, muchos políticos, periodistas y analistas declararon que no la vieron venir. Si bien los fenómenos socio-políticos son por definición impredecibles, ya que dependen de un conjunto de elementos propios de los contextos y de la acción individual y colectiva, esto no excluye que existan ciertas tendencias tanto contextuales como históricas que permitan proponer una mirada prospectiva de los hechos en curso. En este sentido, cabe destacar que las demandas de la revuelta se simbolizaron en torno a la consigna de Dignidad, y muchas de las situaciones enunciadas como la impunidad de las élites, la desigualdad, el aumento del precio de la vida, el maltrato y la violencia institucional, entre otros, transgreden profundamente un sentido de dignidad que había sido reconocido, valorado y defendido por la ciudadanía durante la revuelta.

Bajo condiciones sociales, económicas y políticas que no se han modificado mayormente, estas transgresiones a la dignidad de las personas pueden, tal como ya nos mostró la historia, llevar a agitaciones importantes e incluso a una nueva revuelta social, lo cual, si bien puede traer nuevos impulsos de cambios y esperanza, también puede volver a implicar violencia estatal y masivas violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió durante el gobierno de Piñera.

Sin embargo, desde una perspectiva emancipadora, lo más importante parece ser la auto-organización popular y una movilización colectiva que permitan cambiar las relaciones de fuerza que están establecidas actualmente a favor de los defensores del orden social imperante -ya se encuentren en la oposición como en el Gobierno-, y retomar las acciones colectiva y ciudadanas que despertaron a Chile, para llevarnos hacia nuevos rumbos, más justos e igualitarios.

Por Roberto Fernández Droguett

Académico del Departamento de Psicología, Universidad de Chile; integrante del Programa Psicología Social de la Memoria y del Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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