Un grupo de académicos de la Universidad de Talca denunció reiteradas irregularidades en el proceso de calificación académica de la casa de estudios. Los académicos afectados han presentado 19 reclamos de ilegalidad ante la Contraloría Regional del Maule entre 2018 y 2021, de los cuales 11 fueron acogidos por el órgano contralor y otros 9 aún están pendientes de dictamen.
Entre los hechos denunciados, tanto a la Contraloría como a las comisiones de Trabajo y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, se encuentran los diversos vicios de los procesos de calificación académica y la realización de un conjunto de sumarios administrativos en contra de algunos de los docentes, además de presuntas presiones hacia los docentes para pasar de planta a contratados a costa de su estabilidad laboral. Los académicos apuntaron al rector de la casa de estudios, Álvaro Rojas, como responsable, quien ha estado bajo escrutinio público en más de una ocasión por acusaciones de corrupción dentro de la universidad.
El Ciudadano tuvo acceso a una serie de documentos emitidos por la Contraloría que establecen la ilegalidad de estos procesos, además de un informe presentado al órgano contralor por el presidente de la ANEF José Pérez y los académicos Roberto Pizarro, Carlos Villalobos, Ernesto Santibáñez, Rodrigo Saenz y José Tello.
También se entrevistó a Pizarro y Villalobos, los académicos más afectados por esta serie de sumarios y malas prácticas en el proceso de evaluación: entre los dos, concentran 11 de los 19 reclamos de ilegalidad.
Los cuestionados procesos de calificación académica
El instrumento de calificación académica que utiliza la Universidad de Talca fue aprobado por su Consejo Académico en 2015, y ha regido las evaluaciones a los docentes desde entonces. Se trata de un instrumento de evaluación diseñado para medir el desempeño del cuerpo académico de la universidad en distintas dimensiones de su trabajo.
Pese a que la universidad anunció que esta pauta fue construida “con miras a la excelencia mediante el perfeccionamiento continuo del trabajo” en el cuerpo académico, el instrumento ha sido fuertemente criticado desde la Asociación de Funcionarios Académicos (AFATUAL) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) debido a que un gran número de evaluaciones presentaron “contradicciones, falsedades, denostaciones e ilegalidades.”
La AFATUAL envió una carta al rector Álvaro Rojas expresando su preocupación por las “irregularidades del proceso de calificación, derivadas del uso discrecional por parte de las comisiones de las orientaciones declaradas en la Pauta de Calificación” y el impacto que las presentaciones de los docentes afectados ante la Contraloría y las comisiones de la Cámara podrían tener sobre la reputación de la universidad.
Por su parte, en el informe ingresado a la Contraloría Regional del Maule bajo el folio W016488/2021 la ANEF calificó las irregularidades como sistemáticas, y apuntó que en la Universidad de Talca existen “prácticas de poder y abuso, así como contubernios que se expresan o cobran visibilidad a través de casos particulares que además del grave perjuicio individual que causan, terminan teniendo también el propósito de ejemplarizar e intimidar”, que no habrían afectado solo a los profesores firmantes del documento, sino que también hay otros académicos “sometidos a las mismas presiones y tratos discriminatorios e ilegales, pero que han desistido de denunciar los abusos debido al temor de perder su trabajo, ingresos y carrera académica.”
Debido a estos antecedentes, los casos de los profesores de la Universidad de Talca llegaron hasta las comisiones de Trabajo y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El rector Álvaro Rojas rechazó las acusaciones en su contra planteadas en su contra en la comisión de Derechos Humanos a través de una carta y apuntó que “es importante que quien efectúe una presentación del tipo del que en este acto se ha realizado, no persiga fines más allá de lo planteado, como podrían ser aquellos de tinte electoral en medio de una campaña eleccionaria, puesto que llama la atención que, al menos dos de los comparecientes tengan la calidad de candidatos al “proceso constituyente” y su participación en esta audiencia haya sido ampliamente divulgada en redes sociales”.
Por su parte, la Comisión de Trabajo planteó doce preguntas al rector Álvaro Rojas en torno a los criterios utilizados para las evaluaciones y las posibles apelaciones de parte del cuerpo docente. Además, la comisión solicitó el número de académicos que han tenido calificaciones regulares y deficientes y el número de procedimientos disciplinarios a académicos de la Universidad de los últimos cinco años.
En el informe ingresado a la Contraloría por parte de los docentes, aseguran que “nos hemos visto sometidos a arbitrariedades e irregularidades por parte de la Administración de Universidad de Talca que, en su conjunto, presentan rasgos comunes que caracterizan una práctica de abuso con patrón reconocible”. Es el caso del profesor y doctor en Economía Carlos Villalobos, que enfrentó tres calificaciones académicas desfavorables consecutivas. Dos de ellas fueron aceptadas por la Contraloría, y una está aún pendiente de respuesta.
En conversación con El Ciudadano, Villalobos criticó que “la Contraloría les dijo a las comisiones que la decisión no está fundada, porque no queda claro cuál estándar yo no cumplí, cómo se ponderaron los antecedentes y cuáles son las exigencias propias de mi cargo”, agregando que desde la Universidad “han ignorado sistemáticamente las indicaciones de Contraloría, porque existe un uso absolutamente irracional de la evidencia. Insisten en utilizar documentos que la misma Contraloría les dice que no pueden utilizar. Y a nosotros nos tienen un bucle, marginados y apartados de la comunidad académica simplemente porque nosotros hicimos valer nuestro derecho a defensa.”
El profesor Roberto Pizarro ha recurrido a la Contraloría Regional del Maule en ocho oportunidades en los últimos tres años, debido a que ha sido objeto de cuatro sumarios administrativos y a una investigación sumaria entre 2018 y 2020. Pizarro, quien es ingeniero forestal y experto en hidrología y conservación de aguas, atribuye los sumarios a una carta que publicó en el diario local El Centro, de Talca, en diciembre de 2017. En dicha carta pública, criticó al rector Álvaro Rojas debido al largo período que llevaba en el cargo y el sueldo que percibía, superior al del Presidente de la República.
En la carta también acusó que las elecciones eran arregladas a través de listas: “Cuando llegaban las elecciones, ya estaban todos los votos cocinados.” El académico comentó que el ambiente laboral “es una dictadura, y en las dictaduras no es posible criticar al dictador”. Roberto Pizarro aseguró que el primer sumario apareció en abril, luego de que Álvaro Rojas asumiera nuevamente como rector.
El informe presentado a la Contraloría Regional del Maule identificó a otros cinco docentes que atravesaron por situaciones similares. La mayor parte de ellos ingresaron sus reclamos de ilegalidad entre 2018 y 2021, pero el profesor Claudio Rojas denunció ante el órgano contralor vicios similares, diez años antes. “Él fue tres veces a Contraloría, y Contraloría le dio tres veces la razón. Al final, él se fue a otra universidad, porque no quería seguir en este ambiente tóxico que se estaba generando”, relató Carlos Villalobos.
Entre evaluaciones y sumarios
Según relató el profesor Claudio Villalobos, el problema con las calificaciones comenzó con la ronda de calificación de 2020, donde identificaron varios puntos preocupantes: “Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que las mismas comisiones ignoraban el criterio de libre funcionalidad. Acá se impuso la dimensión de investigación como obligatoria, y eso no está en la pauta. Entonces a muchos académicos que no se habían dedicado a la investigación y que estaban haciendo más docencia o que estaban haciendo extensión, de repente los sacaron con un criterio que no estaba definido.”
La persona encargada de la modernización de los procesos de calificación académica es el vicerrector académico, Marco Molina, quien declaró en el semanario 707 de la Universidad de Talca que las pautas “deben ser objeto de revisión y modernización” y que uno de los problemas de la universidad es que “lo que hace un académico en Ingeniería es muy distinto a lo que hace alguien en Música, pero, lamentablemente, hoy los procesos no reconocen eso y a todos/as se les aplica una misma pauta”.
“Él está preparando las pautas de calificación para todo el resto de los académicos solo”, afirmó Villalobos. “Dijo que las iba a tener listas antes de septiembre, y por lo que se ha comentado, son draconianas. El problema, en vez de resolverse de manera participativa y de establecer criterios científicos en las pautas, es todo lo contrario.”
Carlos Villalobos ha presentado tres reclamos de ilegalidad en la Contraloría por sus evaluaciones académicas. El informe presentado a la Contraloría especifica que “la Comisión Superior de Calificación, presidida por el Vicerrector Académico, Marco Molina, y la Comisión Ad Hoc de Apelación, presidida por el Rector de la Universidad de Talca, han evaluado académicamente como deficiente al profesor Villalobos en tres oportunidades consecutivas, desconociendo o descalificando su producción científica”. Los dos primeros procesos fueron acogidos por la Contraloría (en los oficios N° E30795 del 27 de agosto de 2020 y N° E65172 del 4 de enero de 2021) con la orden de rehacer los procesos de evaluación, mientras un tercero está pendiente.
“Lo que tenemos aquí es un funcionamiento ímprobo de un instrumento de calificación”, criticó Villalobos. “Se aprovechan de que no hay estándares, no están todas las exigencias que indica la Contraloría. Todo queda en un ejercicio arbitrario y discrecional, y en este caso, de mala fe por parte de las comisiones. Lo mismo se replica para la jerarquización.” Junto a Carlos Villalobos, otros cinco docentes presentaron problemas similares a la Contraloría Regional del Maule.
“El año pasado, me evaluaron como «regular»,” comentó Roberto Pizarro. “En este caso a mí me evaluaron como regular, pero en mi facultad yo te había producido el 29% de las publicaciones de la facultad yo solo. Era el único que tenía seis o siete libros, de los cuales tres eran publicaciones oficiales de la UNESCO. Tenía la cátedra UNESCO. Había sido premiado como investigador del año en 2017. Es decir, era ilógico que a alguien así lo calificaran como irregular.”
El profesor Roberto Pizarro concentra cinco reclamos acogidos y otros tres pendientes de respuesta de parte del órgano contralor a la fecha, debido a la seguidilla de sumarios que ha atravesado desde 2018. El primer sumario fue instruido a propósito de la carta que publicó el profesor criticando la gestión del rector Rojas (dejado sin efecto por la Contraloría a través del oficio N° 482 del 22 de enero de 2019).
Tuvo un segundo sumario por razones similares, cuando otro docente lo denunció al rector. “Este (colega) cuando yo le fui a hablar, después me denunció al rector. Dijo: «Señor rector, aquí el profesor Pizarro ha venido a hablar mal de usted». Eso se llama violación de intimidad”, sentenció el docente. “Eso es violación a la intimidad, y por lo mismo no tiene ninguna validez”, aseguró. Ese reclamo de ilegalidad fue acogido en junio de 2019 a través del oficio N° 3972.
El profesor también fue sumariado en noviembre de 2020 por un convenio fallido entre la universidad y CORFO, en el que, asegura, el rector nunca quiso construir. “Yo dije: «Oye, nos van a pasar una multa. La CORFO nos va a pasar una multa, hay que tener cuidado»,” afirmó. “El año pasado me encontré con que la universidad tuvo que pagarle a CORFO como 106 millones de pesos por el famoso proyecto que no fue bien hecho. Ese proyecto yo lo denuncié a la Contraloría y denuncié al rector. Posteriormente hice otra denuncia sobre el mismo proyecto por asignación pública diferente, el año 2019.”
En noviembre del 2020, según consigna el informe ingresado a la Contraloría, “luego de que CORFO tardara años en solicitar el reembolso de los recursos no ejecutados por la Universidad de Talca, el Rector instruyó un sumario contra el profesor Pizarro para que se investigase su supuesta responsabilidad por el incumplimiento del proyecto original.”
En paralelo a los primeros sumarios en 2018, Pizarro enfrentó una investigación sumaria debido a que una estudiante le robó dos pruebas del computador a finales de 2017. “Ella estaba muy arrepentida”, confesó el docente, quien le sugirió que escribiera una carta de disculpas. “Después me encuentro con que yo tenía un sumario porque yo había hecho abuso de poder con esta niña, porque la había obligado a hacer una carta, cuando nunca la obligué.”
El docente aseguró que él solo le advirtió que el robo de las pruebas podía costarle la expulsión de la universidad. “Cuando se dio esta situación, vino primero una investigación sumaria, y el investigador que hizo la investigación sumaria me absolvió. Y después lo subieron a sumario ilegalmente”, relató el profesor. Esa investigación sumaria tiene tres reclamos de ilegalidad acogidos consecutivos en la Contraloría Regional del Maule, oficios N° E5854 (9/8/2019), N° E32919 (3/9/2020) y N° E100893 (29/4/2021).
Además de los largos procesos administrativos, algunos de estos docentes son objeto de castigos, como la suspensión del sueldo. Carlos Villalobos, por ejemplo, está sin sueldo desde febrero. El profesor Pizarro perdió un 15% de su salario con el primer sumario.
Cifras inciertas
En la presentación ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, los docentes reiteraron que muchos casos no llegan hasta la Contraloría: existirían casos de profesores que renuncian a su contrato de planta a cambio de permanecer en calidad de contrata.
Carlos VIllalobos afirmó que conoce de dos casos: “Hay dos profesores a quienes evaluaron mal y les dijeron: «Renuncia y te damos un contrato de contrata.» Es decir, a las personas las degradaron, y estas personas lo aceptaron.” El académico denunció que “es un tema institucional grave. Se trata de una práctica abusiva del poder, justamente por un rector que lleva 28 años como rector de la Universidad de Talca, y que al parecer no le tiene mucho respeto a Contraloría.”
Roberto Pizarro explicó que hay una diferencia entre el cuerpo académico regular y los profesores que hacen solo clases -quienes, de acuerdo al profesor, tienen sueldo más bajo y un contrato más inestable-. “De repente, cuando quieren sacar a alguien porque se aburrieron de él, se le dice: «Mira, vas a pasar a un cargo mucho más inestable, ándate por ahí mejor porque te va a ir mejor. Ir a la Contraloría va a ser muy largo, muy caro, te vas a meter en problemas». Ese es el discurso. Y muchos de ellos lo terminan aceptando”, comentó.
Pizarro agregó que ha sabido de “casos concretos que les ha pasado y han decidido no dar la lucha, porque si la dan, saben que es complejo. Con una pauta tan poco definida, es poco lo que te puedes defender.” Carlos Villalobos afirmó que “hay mucha gente que quisiera reclamar, pero tiene miedo a entrar a una situación como la mía. Académicos que tienen hijos, que tienen familia, que en pandemia le dicen: «¿Sabes qué? Acepta tu pérdida de tu plata, pero te seguimos contratando, te bajamos el sueldo y nos arreglamos así».”
Carlos Villalobos confirmó que hay un total de seis personas que han presentado su caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la fecha. El profesor Pizarro es uno de ellos. “Me reuní con los abogados Tomás Jordán y Roberto Celedón, la abogada Carolina Chang y otra abogada más. Cuando Carolina Chang escuchó todos estos antecedentes, me dijo: «esto es clarísima evidencia de persecución, aquí no hay ninguna duda de que hay vulneración de derechos fundamentales»”, relató el académico, y contó que el caso no siguió avanzando. “Nos dijeron que no pasó arriba, al directorio. ¿Quién es el presidente del (directorio del) INDH? Micco. Y Micco es DC, y amigo de Rojas.”
Los vínculos entre la Universidad de Talca y la Democracia Cristiana (DC) no son un secreto. La semana pasada, Interferencia publicó un reportaje sobre los dineros de la casa de estudios que financian la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), un think tank ligado a la DC. En el reportaje, el medio destacó que Álvaro Rojas fue ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y que dos miembros de la Junta Directiva de la Universidad de Talca -Patricio Meller y Alejandro Ferreiro- tienen fuertes lazos con Cieplan.
En 2018, un reportaje de El Desconcierto denunciaba las diversas irregularidades dentro de la Universidad de Talca debido, en parte, a los estatutos que se mantenían desde la dictadura. El 2019, Radio Bío Bío publicó sobre la aprobación de un pago de 9 millones de pesos a un amigo de la Directora de Comunicaciones de la universidad. Al año siguiente, la radio volvió a publicar sobre la universidad, esta vez por el cierre de la facultad de Ciencias Forestales. Esto fue calificado por parte de la universidad como una campaña de desprestigio, y atribuyó el inicio de “la campaña impulsada por el citado medio en contra de nuestra Corporación” al fin de un contrato de avisaje publicitario que terminó el 31 de agosto de 2019, “mismo período en que comenzó la ofensiva de la Radio hacia nuestra Universidad”.
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