En el sector de Las Salinas de la comuna de Viña del Mar, en terrenos que fueron ocupados por la Empresa COPEC para el almacenaje de hidrocarburos, actualmente se desarrolla el proyecto “Inmobiliaria Las Salinas”, de propiedad del grupo Angelini, emplazado en un terreno de 16,5 hectáreas.
Este proyecto es el más reciente que se incorpora al Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH, que sólo en la Región de Valparaíso contabiliza un total de 20 conflictos, de los cuales 15 se encuentran en estado activo, 3 latentes y 2 cerrados. Sus causas son diversas: el uso y/o contaminación de recursos naturales; la emisión de residuos; y la exploración y explotación de recursos naturales, entre otras.
En este caso, al menos siete comunidades residenciales aledañas a Las Salinas, reclaman que han visto vulnerados sus derechos a vivir en un medioambiente libre de contaminación, su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a habitar en una vivienda adecuada, y a la debida diligencia.
Los vecinos reclaman que existe contaminación de los suelos, precisamente con hidrocarburos y metales pesados, lo que ha sido evidenciado a través de estudios de la Universidad de Playa Ancha, sobre la peligrosidad de remover estas tierras por su alto nivel de contaminación y por el impacto que podría tener en la salud de la población. Las investigaciones indican que se deben esperar 50 a 80 años para que esos terrenos recién se puedan intervenir.
El proyecto actualmente se encuentra a la espera de autorizaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental, ingresado en diciembre de 2018, en el que la inmobiliaria plantearía recuperar el terreno contaminado con una técnica de biorremediación, a través de microorganismos que atacan a los hidrocarburos y metales para el saneamiento final del terreno y de las aguas subterráneas.
Mapa de conflictos socioambientales
El Mapa de conflictos socioambientales INDH -por medio de una interfaz digital- da cuenta de 118 puntos de conflictos a lo largo de todo el país.
Para recopilar los datos, el INDH los definió como aquellas disputas entre diversos actores -personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.
El proyecto partió en 2012, y en su primera versión registró 97 casos, los que aumentaron a 102 en la actualización realizada en 2015, y a 118 en la actualidad.
Entre los criterios utilizados para identificar los conflictos se encuentra su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.
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