(*) Nota elaborada por la plataforma Sindicalismo con Nosotras
En abril de 2019 una joven comenzó su primera experiencia laboral luego de su práctica profesional, en la Reserva Nacional Río de los Cipreses. No alcanzó a estar ni siquiera 20 días en su nuevo puesto antes de sufrir una violación en su lugar de trabajo.
A los pocos días de llegar, el administrador decide apartarla del grupo con el que estaba compartiendo casa y la deja en una cabaña sola. Ese mismo administrador, dos días después, hace una celebración en la suya.
Durante la celebración y ya avanzada la noche la trabajadora se siente extraña, con un cansancio inusual, piernas y brazos pesados. Había tomado algunas cervezas y eventualmente algún psicotrópico de forma involuntaria. Su jefe la instruye a hacer entrega a otro guardaparques de unas llaves, con las que debía abrir temprano algunas dependencias, advirtiendo que no estaba en condición de resguardarlas, o que derechamente no llegaría a trabajar al día siguiente.
A la medianoche la trabajadora anuncia que se retirará a su cabaña, y su jefe instruye a otra asistente a que la acompañe, sumándose a ellas el que sería su agresor. Llegando a la cabaña la trabajadora recuerda ingresar al baño, que la mujer se retira, y luego el hombre. Ella cae rendida, durmiéndose con la ropa puesta, producto del cansancio extremo que sentía.
Al día siguiente, cuando despierta, siente dolor en sus partes íntimas, encontrándose desnuda desde la cintura hacia abajo, y a su lado encuentra al hombre que había estado en la cabaña del administrador. Sin poder recordar claramente lo sucedido, lo expulsa del lugar en estado de shock. Tenía claro que había sufrido un abuso sexual, y solo venían a su mente intentos de dar manotazos, mientras una respiración en su nuca y a lo lejos voces y risas burlándose.
Después se enteraría de que durante la noche su jefe y terceros habían ido varias veces a las afueras de su cabaña para mirar por la ventana.
“El administrador es quien tiene a cargo la reserva y por tanto es quien distribuye las tareas y cabañas, así como debe velar por la obligación del empleador del cuidado de quienes están bajo su dependencia. Esto justamente es lo que no ocurrió, por cuanto dejó a una trabajadora en una condición de alta vulnerabilidad sola, realizó una reunión donde dispuso de bebidas alcohólicas en una época de trabajo extenuante debido a la alta afluencia de visitantes, y permitió el ingreso a un tercero, quien deambuló libremente entre las cabañas a altas horas de la noche”, explicó la abogada Angélica González.
Al día siguiente, la trabajadora denuncia el delito ante la PDI y es derivada al Servicio Médico Legal. El 6 de septiembre de ese año interpone una querella criminal por violación, abuso sexual, asociación ilícita para delinquir e infracción a las obligaciones de denunciar.
El acusado es formalizado y queda en prisión preventiva por riesgo de fuga y por ser un peligro para la sociedad y la víctima. El 11 de noviembre de 2021, la Corte de Apelaciones confirma la prisión preventiva, pero solo por riesgo de fuga. El 12 de enero de 2022, tras seis audiencias, se concede caución de $1,500,000 y arresto domiciliario al acusado.
Aunque inicialmente la Fiscalía solicitó 10 años de presidio, más tarde formularía una nueva acusación donde sólo pediría 3 años y un día. ¿Cómo se explica esto?
“En este caso concreto, la investigación de la Fiscalía tuvo múltiples defectos, carente de perspectiva de género, tomando decisiones incoherentes e irracionales, lo que perjudicó la investigación, que además se limitó al delito de violación, sin considerar otras entidades que tenían relación con la víctima, como Conaf y la ACHS, por cuanto se vulneraron derechos constitucionales de la víctima, haciéndola transitar por un proceso extremadamente largo y doloroso, apartándose la fiscalía de su obligación de investigar adecuadamente y efectuar todas las diligencias necesarias”, agregó la abogada Angélica González.
El 8 de enero de 2024 se realizó la audiencia para preparación de juicio oral, y aunque hay optimismo respecto a la decisión que pueda tomar la justicia, también hay algunos temores. Sobre todo en relación al administrador del recinto, quien a la luz de los hechos, posibilitó que el ataque ocurriera y que sin embargo en estos momentos está pidiendo su sobreseimiento definitivo.
“Ahora se está en la etapa de preparación del juicio oral, esperamos que en marzo ya se inicie el juicio propiamente tal. Lamentablemente los procesos en este tipo de delito se extienden más de lo debido y en este caso en concreto ya llevamos casi 5 años, lo que contradice el mandato interno y tratados internacionales, que dicen relación al deber de los Estados respecto de la erradicación de la violencia y discriminación hacia la mujer”, indicó la abogada.
“Esperamos que este tiempo transcurrido, que ha sido una espera dolorosa para la víctima, tenga un resultado favorable; que permita hacer justicia como también reforzar el rol que tienen los empleadores públicos y privados de garantizar condiciones seguras y protectoras de la salud, considerando las diferencias de géneros y fortaleciendo sus protocolos internos”, concluyó Angélica González.
Para la plataforma Sindicalismo con Nosotras, el caso resulta indignante y ejemplificador de cómo subsisten, a pesar de los avances, enclaves culturales machistas y patriarcales en los espacios de trabajo, que permiten la violencia de género, la silencian y ocultan con la complicidad de otros.
No es posible tolerar que estas prácticas se mantengan, que instituciones del Estado no actúen con la celeridad, diligencia y seriedad que este tipo de situaciones ameritan y, por tanto, sean lugares inseguros, que estructuralmente facilitan el abuso y la violencia de género.
Hemos contactado a autoridades regionales y nacionales, sin una respuesta ni acción satisfactoria, pero no perdemos la esperanza de que se supere la negligencia e inacción para así reparar el daño y demostrar el compromiso del Estado con el cuidado y seguridad de las mujeres y diversidades en el mundo del trabajo.
Sindicalismo con Nosotras
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