¿Y los Derechos Humanos? El «Nunca Más» que nunca llegó

Por Cristhie Mella, Psicóloga, Magister en Criminología y Psicología Forense y Doctora en Políticas Sociales

El victimólogo y criminólogo Elías Newman analizaba ya a fines de los 80 el problema del abuso de poder de las policías de Latinoamérica, parte del endémico rezago en la modernización de sus estructuras. Como legado de las largas dictaduras que dieron cuerpo a prácticas represivas usadas de forma sistemática en contra de la ciudadanía, el control militar y policial que aún persiste como parte del diseño institucional del Estado, refleja el profundo carácter antidemocrático, con policía y milicia de “gatillo fácil”.

Como afirmaba Newman en su diagnóstico preciso, en el abuso de poder del personal de fuerzas de orden, se ha perdido el sentido ético de la vida, cuando se vuelve más importante, por ejemplo, la propiedad ajena que la vida de las personas y sus derechos humanos. Lo más triste es comprobar en nuestro país, y tras un proceso de movilización social sostenida, la manera en que estas prácticas abusivas están absolutamente naturalizadas por su cronicidad y el amparo de la impunidad, de resorte del Poder Judicial, principal garante de este tipo de diseño de control social.

Desde el estallido social de octubre de 2019, se han hecho evidentes las violaciones de derechos humanos, materializadas en muertes no esclarecidas (por ejemplo en la fábrica Kayser, en la Región Metropolitana), las mutilaciones oculares, las torturas y vejaciones sexuales en los centros de detención, el seguimiento y amedrentamiento de activistas, así como infiltraciones y toda clase de operaciones de montajes y manipulación de evidencias para criminalizar la protesta social y el cuestionamiento del orden impuesto.

Todo ello sale a la luz a raíz del contexto creado por el estallido social. Al día de hoy la mayor muestra de las operaciones de impunidad y falta de justicia lo constituye la prisión de ya dos años de quienes se han ganado el sitial de “presos políticos de la revuelta”, quienes sufren un castigo anticipado, como fuera sentenciado por el órgano de la Defensoría Penal y jueces críticos del operar del sistema judicial en Chile.

Sin embargo, cabe recordar que este abuso de poder, los vicios del operar de la justicia y las violaciones de derechos humanos, viene siendo un mal cotidiano en las vidas de las comunidades mapuche desde hace más de dos décadas, con un proceso de criminalización de larga data también. Los casos de Camilo Catrillanca, la Operación Huracán y una larga lista de acciones de terrorismo de Estado en contra del Pueblo Mapuche han sido el germen de una cadena de daño social y trauma psicosocial generado y legitimado por el Estado de Chile y su impronta autoritaria, que ha mantenido un régimen policial y militar permanente como política de control social, con sometimiento vía la acción de la violencia sociopolítica dirigida a quebrantar y someter la disidencia.

La herida reciente, otra muerte más, la de Jordan Llempi, así como los heridos, niños, niñas, familias y comunidades enteras traumatizadas por la acción de militares, la Armada y policías, viene a develar la naturalización de este nivel de violencia. Lo que en otros países hubiera motivado una condena masiva, solo parece movilizar a los más directamente comprometidos con la defensa de los derechos ciudadanos. Es una pena observar que hasta esa ciudadanía que alzó la bandera mapuche en la rebelión de octubre hoy se haya vuelto a dormir y a tolerar impávida lo que ya se ha tornado cotidiano, el gatillo fácil de las fuerzas de orden.

Nos hemos acostumbrado a tal nivel al atropello de los derechos humanos que no somos capaces de alzarnos en rechazo y, por el contrario, se sucumbe fácilmente a las “versiones oficiales” preparadas en la cocina de la prensa históricamente cómplice de ese Estado agresor que convierte a víctimas en culpables, otra operación muy reconocida en el análisis victimológico, en donde son quienes hacen daño quienes resultan más fácilmente condonados, especialmente cuando detentan el poder. Los y las muertas suman ya una larga lista, pero lo más grave es esa adaptación malsana en un país ya brutalizado por la violencia estatal.

El nunca más para las violaciones de derechos humanos en Chile, como la gran promesa de la reconciliación en los años de la transición, no parecen ser más que slogans de campaña, como las que resuenan hoy, mucho tiempo después, pero sin que aún cambien las violencias cotidianas en un país que permanece al margen de la democracia y los derechos humanos, reproduciendo y re actuando los abusos de poder del régimen autoritario del terror, que nos mantiene en esta herida abierta que es el abuso de poder de un Estado profundamente ilegítimo.