Yasna Contreras, Doctora en Geografía: «Intranquiliza que muchas familias migrantes que arriendan no puedan hacer denuncias cuando se les vulnera algún derecho»

Especialista en Desarrollo Urbano cuenta cómo las políticas públicas inciden directamente en la calidad de vida sostenida por grupos vulnerados en sus derechos, como la comunidad migrante.

El Ciudadano

29/11/2023 6:02pm

Doctora en Geografía de la Universidad de Poitiers y académica asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yasna Contreras, especialista en habitar migrante, mujeres inmigrantes y trayectorias, relata a continuación cómo las políticas públicas inciden directamente en la calidad de vida sostenida por grupos vulnerados en sus derechos, como la comunidad migrante.

El análisis de la también magíster en Desarrollo Urbano, contempla que la Política Migratoria es ausente en materia de vivienda y la protección de derechos cuando existen vulneraciones.

Sin embargo, destaca los avances que se cuentan en la materia “porque las mejores cosas que ha logrado la política migratoria, especialmente en cuidado de niños y niñas deriva del trabajo histórico que varios hemos tenido con comunidades migrantes residentes”, explica.

En este 2023 ¿Cómo observas el panorama de vivienda que enfrentan las familias migrantes?

-Veo compleja la habitabilidad de familias migrantes vulnerables, especialmente porque no hemos logrado definir normas y fiscalizaciones que reduzcan vulneraciones en contexto del subalquiler, además de existir riesgos de incendios, impulsado por la calidad de la construcción, los materiales que se usan para subdividir piezas, el estado del sistema eléctrico, entre otros.

Intranquiliza que muchas familias que arriendan no puedan hacer denuncias cuando se les vulnera algún derecho, especialmente porque hay asimetrías de poder entre el que alquila o subalquila y la persona que administra el inmueble.

Inquietan los altos niveles de hacinamiento no sólo de espacios subalquilados, sino que también al interior de departamentos en edificios, casas, casas en campamentos y otros lugares de vivienda.

Es necesario trabajar en una norma entre municipios que puedan regular y evitar exponer a las familias a riegos de incendios, tanto en barrios centrales como en espacios de la periferia.

El pasado 6 de noviembre fallecieron 14 personas en un campamento ubicado en Coronel. Todos de nacionalidad venezolana. ¿De qué nos habla esta tragedia?

La tragedia habla de una triple crisis: crisis migratoria, crisis habitacional y crisis pandémica, que llevó a muchas familias migrantes a buscar vivienda donde pudieran.

Hay familias que se cansaron de los cobros abusivos de arriendo en barrios o áreas centrales. Hay otras familias que llegaron en pandemia y que no pudieron financiar viviendas costosas dentro de Chile.

El incendio materializa la multiplicidad de riesgos de desastres, ya que muchas viviendas en campamentos están en lugares de mucha pendiente, en los cerros; varias familias viven en el borde de un río, aunque también, debemos dejar de sustentar que los migrantes viven de esa forma. Muchos chilenos/as viven en diferentes cerros para clases altas y bajas en condiciones complejas desde el punto de vista aluvional o de una erupción volcánica. Por ende, hay que evitar cuestionar el riesgo solo para las familias migrantes.

El incendio habla de las necesidades de habitabilidad y el confort que buscan las familias del sur en contextos de eventos climáticos y fríos inesperados para el mes de noviembre, e incluso, diciembre. Muchas familias usan leña para calefaccionarse, ya que como vimos en Coronel una vivienda de madera no resiste ni protege del frío, pero las familias afectadas se abrigaron con lo que pudieron.

Asimismo, el incendio nos interpela respecto a cómo enfrentar el riesgo de desastre indistintamente vivas dentro o fuera de un límite urbano o si tienen una situación administrativa regular o irregular. Tenemos que pensar cómo reducimos riesgos cuando los territorios están fuera de los límites urbanos. Los únicos que no tienen “límites” son los bomberos.

A mi parecer, los incendios que afectan a familias migrantes están bastante invisibilizados. Según datos de la plataforma Vivienda Migrante, sólo en el año 2022 fallecieron 27 personas y hubo cerca de 380 damnificados debido a incendios, todos ellos migrantes.

No es suficiente tener mesas de académicos/as y expertos en migración y en riesgos. Si estamos llegando tarde es porque la institucionalidad tampoco está dando a basto, observado en la falta de profesionales dedicados a riesgos, o en las diversas demandas generadas por los múltiples riesgos que existen en todo Chile.

En una misma semana fallecieron migrantes en Coronel y Valparaíso debido a incendios, mañana se espera que no sea nadie, es decir, tenemos que definir estrategias para evitar que cualquier ser humano muera.

El jueves 30 de noviembre participas en el panel «El rol del Estado y la política migratoria: lo recorrido y lo que falta». ¿Cuáles son los principales avances en lo «recorrido»?

Que exista una nueva Ley de Migraciones, una Política Nacional de Migración, así como la modernización del ahora Servicio Nacional de Migraciones, muestra avances o, al menos, ciertos cambios en la intervención del Estado sobre la movilidad humana. Es innegable el avance jurídico, pero es cuestionable para quién se fijan tantas reglas.

Por ejemplo, la Política Nacional posiciona conceptos que son y han sido constantemente exigidos por organizaciones civiles, agrupaciones y académicas/os, incluyendo el reconocimiento de la reunificación familiar, la existencia de migraciones debido al cambio climático, la necesidad de dar protección especial a quien lo requiera, entre otros.

Sin embargo, es complejo hablar de avances cuando también, existen posicionamientos controversiales, incluyendo la priorización de sanciones, desincentivos a la migración y la protección absoluta de las fronteras. Este contraste claramente permite observar una distancia con el enfoque de Derechos Humanos que el documento señala promover, y que debe ser debatido por nuestra cátedra.

Sobre la base de la pregunta anterior, ¿cuáles son los desafíos en la materia?

La Política Migratoria es ausente en materia de vivienda y la protección de derechos cuando existen vulneraciones. Asimismo, hay un cuestionamiento a quien califica como migrante y quienes pareciera que no “son parte del orden”.

Es clave que comprendan que migrar no es solo cruzar una frontera o cómo la crucé. Migrar exige pensar por qué alguien llegó a Chile; por qué Chile, qué pensaba encontrar en nuestro país; bajo qué condiciones llegó; cómo se habita; cuándo Chile le entrega asilo y refugio a una persona, o cuándo se la niega. Hay muchas preguntas no resueltas si miramos la migración con una constante crítica y familiar.

El enfoque de DDHH de la Política se ha ido perdiendo, y resulta paradojal, porque muchos de los cargos del Servicio Nacional de Migraciones están ocupados por profesionales, que en otras épocas, escribían columnas, participaban de encuentros y debates con nosotros para priorizar los derechos humanos en materia migratoria. Esas posiciones no se pueden olvidar, porque las mejores cosas que ha logrado la política migratoria, especialmente en cuidado de niños y niñas deriva del trabajo histórico que varios hemos tenido con comunidades migrantes residentes.

¿Por qué es necesario promover la reflexión en torno a vivienda y migración?

Porque la vivienda no es solo una casa donde se duerme. Para todos la vivienda es el lugar del cuidado, del refugio, del trabajo y de la esperanza. Por ello, la precariedad habitacional en que viven muchas familias migrantes no debe ser estudiado ni analizado de forma sectorial. Si no tienes un lugar adecuado dónde vivir, ¿cómo se espera que estés bien en otras dimensiones vitales?

Ello también implica desarrollar planes integrales que orienten a mejorar las condiciones de habitabilidad independiente de la condición administrativa, incluyendo la capacitación a muchas familias para identificar la existencia riesgos o amenazas en sus lugares de residencia, así como indicar qué hacer frente a un incendio, a un aluvión, un tsunami, un terremoto, violencia intrafamiliar, entre otros.

En esta línea, la Cátedra y CITRID (Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la U, de Chile) deben aportar mucho, ya que debemos llegar a diversas familias migrantes que no entienden los riesgos y amenazas naturales y antrópicas como el común de personas la comprende en Chile, pero también, todos/todas debemos educarnos en la reducción de riesgos de incendios, ya que lo que sale en prensa es que son migrantes, pero este tipo de amenaza no tiene color, no tiene nacionalidad, es.

¿Por qué crees que es importante propiciar estas actividades desde la academia en donde se abre el debate?

Porque como Universidad de Chile tenemos un deber ético de asegurar los Derechos Humanos de las personas, contribuyendo constantemente a enriquecer el debate nacional.

Por otro lado, estas actividades permiten difundir el trabajo y el posicionamiento de diversas entidades universitarias. Por ejemplo, enseñar desde CITRID, grupo al que pertenezco, sobre cómo educar a las familias que habitan en múltiples riesgos de desastres; interpelar a las políticas de ordenamiento territorial, entre otras demandas para asegurar la construcción de territorios seguros.