Documento publicado en el periódico ”rojo y negro” de la Confederación General del Trabajo (CGT-España), dedicado a Manuel Gutiérrez, joven de 16 años asesinado por la violencia policial en el contexto de las jornadas de protesta social del 24 y 25 de agosto.
Las movilizaciones estudiantiles en Chile que hasta la fecha se extienden por más de tres meses y que convocan en un movimiento social amplio a estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores docentes y apoderados, ha instalado con fuerza en el debate público chileno la problemática de la educación en un sentido profundo y ha generado una fractura en la institucionalidad política, económica y cultural hegemónica de inestimable profundidad y extensión en la conciencia histórica de la experiencia de lucha del movimiento popular.
La experiencia neoliberal chilena, que en más de 20 años de altos índices de desarrollo macroeconómico y elevado a rango de experiencia ejemplar en la Latinoamérica y el mundo, hoy comienza desmontarse desde sus fundamentos de reproductibilidad mismos y su narrativa naturalizada en vastos sectores poblacionales ha comenzado progresivamente a fracturarse: el libre mercado ha derivado en lucro (Educación, salud, trabajo y vivienda), las ganancias privadas en estafas (el caso de la multitienda La Polar) y el crecimiento económico en desigualdad y marginación (4 clanes familiares controlan el 47% de los activos de la bolsa de valores de chile y concentran para el 2008 el 12,49% del PIB nacional. Ellos son Andrónico Luksic, Anacleto Angelini, Eleodoro Matte y el actual Presidente Sebastián Piñera).
En Chile el 80% de la población percibe el 40% del ingreso nacional, el 88% de la fuerza laboral no está sindicalizada y el 95% de ella no puede negociar colectivamente sus salarios; alrededor del 70% de los trabajadores del sector privado en Chile perciben menos de 650 US como ingreso mensual y la pobreza en las regiones más castigadas por el modelo neoliberal se eleva al 49% del total de sus habitantes (alto Biobío, VIII Región); sumado a un alto índice y ascenso de la población carcelaria; en definitiva, configurando un macabro panorama de marginación social que condena día a día a miles de jóvenes a las cloacas del sistema de dominación, cuya única expectativa de vida es la drogadicción, la delincuencia y la proletarización en paupérrimas condiciones laborales.
Por otra parte, tenemos un sistema político institucional que favorece la exclusión de la disidencia política (el sistema binominal de elecciones, ley de partidos políticos, quórum contra mayorías) y mantiene un férreo blindaje sobre la constitución política de la dictadura militar de Pinochet, un padrón electoral que se envejece con fuerza y una crisis de legitimidad que producto del conflicto educacional arrastró la aprobación de Sebastián Piñera a un 26% y a la oposición política (que gobernó desde 1990 al 2009) a un 16% de aprobación (encuesta CEP de agosto).
Ante este panorama, el movimiento social por la educación pública y de calidad se ha posicionado como un amplificador del descontento social generalizado en los sectores sociales más castigados por el modelo, ha re-posicionado el horizonte de la lucha social como la herramienta de arrancarle victorias sustantivas al modelo de dominación mercantil y ha re-articulado el horizonte de posibilidad para el desarrollo de una alternativa política clasista y libertaria con amplio anclaje en la experiencia cotidiana de los trabajadores y los sectores populares.
La fuerza y el ímpetu de este movimiento social se expresa en el amplio apoyo social que concitan sus demandas centrales en la población chilena (85% según la encuesta CEP), el ímpetu movilizador y las creativas formas de manifestación y copamiento del espacio público que ha permitido romper el cerco comunicacional del duopolio que controla la prensa escrita (Copesa–Edwards) asociado a la derecha ultracatólica (Opus Dei y Legionarios de Cristo) y neoliberal, y lo más novedoso y recalcado por varios sectores políticos, su profundo sentido de la autonomía, de desconfianza de las dirigencias estudiantiles tradicionales asociadas a la izquierda reformista social-demócrata (Juventudes Comunistas y las variantes ciudadanista) y de la clase política en su conjunto.
Por distintos motivos hoy asistimos al interior de la juventud chilena, del movimiento popular y del movimiento estudiantil en particular, a la emergencia de una nueva cultura política centrada en el diálogo horizontal, la desconfianza en la delegación del poder político en las modalidades de la representatividad tradicional y un fuerte sentido de la democracia interna del movimiento que ha dificultado cualquier tipo de negociación burocrática sin la previa aprobación de la mayoría que compone orgánicamente el movimiento mismo. Pero también ante un ímpetu de transformación social profundo y radical.
Este ímpetu movilizador del movimiento estudiantil expresado en su masividad histórica en las calles encubre cierta dispersión política programática; y esta nueva cultura política que hoy se expresa con fuerza en el movimiento tiene su profundidad histórica en el desarrollo político reivindicativo del movimiento estudiantil mismo y de las políticas institucionales que el bloque dominante en su conjunto ha progresivamente implementado en agenda educativa desde la década de los 80, con la implementación de las reformas estructurales neoliberales en materia de derechos sociales. En definitiva, los aspectos sustantivos que componen el nuevo acervo político del movimiento popular y del movimiento estudiantil tienen su profundidad histórica en el desarrollo político mismo del movimiento popular, la clase política y de la institucionalidad hegemónica, en sus disputas, cooptaciones y fundamentos mismos.
Haciendo un poco de historia del movimiento estudiantil chileno.
La relación entre juventud y cambio político en el movimiento estudiantil chileno queda expresado con claridad en su estallido con fuerza en la década de los 60’ de la mano del movimiento “Universidad para Todos”, que en el desarrollo y profundización de su conciencia social y política consiguió entre 1961 y 1972 una radical reforma universitaria en términos de extensión y vinculación con las problemáticas sociales, en ampliación de la cobertura, gratuidad y en la democratización efectiva de la gestión universitaria, que culminaron con el proyecto-programático de una nueva institucionalidad educacional para una nueva sociedad en construcción de la mano de un movimiento popular en ofensiva directa en la lucha de clases, que fue truncado abruptamente con la dictadura militar instigada por EEUU y apoyada por la centro derecha histórica (Partido Nacional y Democracia Cristiana), la intervención de los militares de las universidades y la violación de los derechos humanos, desaparición, asesinato y exilio de miles de académicos, funcionario y estudiantes. Para la derecha más dura según sus principales representantes (El ahora ex ministro de Educación, Joaquín Lavín), en gran medida la problemática de la U.P. (Unidad Popular) y la polarización de las clases sociales se originaban en la “politización” de la juventud y de las universidades.
Fue durante la década de los 80’ que en contexto del proceso de implementación de las reformas estructurales del proyecto neoliberal, se inicia el desbarataje de la Universidad Pública y Estatal y de municipalización de la enseñanza primaria y secundaria, cuando nuevamente los estudiantes se levantaron con fuerza, sin miedo a la represión dictatorial y haciéndose parte de un movimiento de protesta mucho más inorgánico y con vetas insurreccionales que entre 1983 y 1986 puso en jaque a la dictadura, organizando más de 17 jornadas de protesta popular y registrando un fallido intento de tiranicidio conocido como la operación “siglo XXI”. En ese momento se reactivaron las federaciones estudiantiles y universitarias y se instaló una agenda de resistencia a la privatización. Lamentablemente debido a las presiones políticas del momento y las necesidades “democratizadoras” de la transición, se desvió el foco de lo educacional a lo nacional: sacar a la dictadura del poder. Ese error no solo significó aceptar la obra del general y mantenerla intacta en su estructura debido a sus blindajes institucionales, sino que también le costó caro al movimiento estudiantil y al movimiento popular chileno y sus efectos se manifestaron entre 1990-1995 en los que decae la acción política estudiantil clientelizada por los partido políticos tradicionales, quienes administraron la transición política y canalizaron las expectativas de transformación social de los movimientos sociales en los canales institucionales del Estado, desbaratando los aparatos políticos militares de inserción popular e instalando la política de los acuerdos entre la Concertación y la derecha como la única forma de hacer política. Todo el resto que cuestionase el sistema institucional en sus fundamentos era subversivo, asistémico y lumpenesco.
Fue a partir de 1995 con la pérdida progresiva de las bases sociales de apoyo de la Concertación y la re-estructuración política de las iniciativas juveniles, que comienza nuevamente una agenda de resistencia a la profundización del modelo educacional neoliberal (la Reforma Curricular iniciada en el gobierno de Aylwin y culminada en el gobierno de Frei), que conllevó una restructuración orgánica de las principales organizaciones gremiales de los estudiantes y que entre 1996 y 1997 rompe la cooptación del movimiento social por parte de la Concertación, logra detener el paquete de reformas conocido como “Ley Marco” e instala una política un poco más autónoma y propositiva, pero aún en la lógica de la defensa corporativa de la universidades del Consejo de Rectores, sin propuestas reivindicativas para el sector emergente de las universidades privadas y lamentablemente sin un proyecto programático para el sistema educativo en su conjunto, que permitiese instalarse como un horizonte desde el cual plantear una política reivindicativa clara y estratégica que, tras la derrota definitiva del 2005 con la traición de las Juventudes Comunistas, la Concertación y las variante ciudadanistas con la aprobación del “Acuerdo Confech-Mineduc”, que consolidó el Crédito con Aval del Estado (5,6% de interés) en desmedro del Fondo Solidario (2% de interés), inició una fase de reflujo en el movimiento universitario que se arrastró hasta este año.
Fue la generación de estudiantes secundarios del 2006 quienes, con el antecedente de la movilización estudiantil del 2001 conocida como el “mochilazo”, desde el flanco más juvenil y ante la consolidación de una agenda privatizadora avanzada, pasaron a la ofensiva a través de la movilización directa, tomándose los liceos y paralizando a más de 1.300.000 estudiantes a lo largo del país. Fue en esa coyuntura en la que la nueva cultura política comienza a expresarse desde la experiencia de la movilización directa de los estudiantes: una cultura política libertaria, basada en la democracia directa y en la horizontalidad en la toma de decisiones. En dicha oportunidad el movimiento secundario conocido como “Revolución Pingüina” –aduciendo al parecido entre el vestuario de los estudiantes y el ave marina, cercó al gobierno de la “socialista” Michelle Bachelet logrando modificar su agenda de gobierno e insertando la problemática del lucro en la educación, la desmunicipalización y vuelta al estado del sistema educacional a través de la derogación de la L.O.C.E (Ley Orgánica Constitucional de Educación).
Tras meses de movilización y pese a la negativa de la existencia de una crisis en educación por parte de la clase política, los estudiantes consiguieron botar un ministro, ganar reivindicaciones menores de su petitorio (becas y pase escolar) y finalmente abrir una mesa de trabajo para modificar la L.O.C.E . Lamentablemente en dicha Comisión Asesora Presidencial, los actores sociales estaban en franca minoría frente a los intereses corporativos de los demás integrantes sobrerrepresentados, que finalmente conllevó a la salida de los estudiantes y los profesores de dicha instancia que culminó con la propuesta borrador y consenso de la clase política, posteriormente expresada en la creación de la Ley General de Educación aprobada el 2009 que vino a sustituir la L.O.C.E. pinochetista.
A pesar de la derrota y del reflujo que se inicia esta vez desde el flanco secundario, el movimiento social realiza un aprendizaje sustantivo que de la mano de esta nueva cultura política, hoy se expresa con fuerza en las movilizaciones estudiantiles de los universitarios y los secundarios, fundamentalmente en lo siguiente:
En términos estratégicos se realiza un viraje desde la lógica de la resistencia a la privatización y la defensa corporativa de la educación pública a la ofensiva directa por la construcción de un nuevo proyecto de educación pública. Esto en la medida que el sistema de educación chileno se encuentra en una fase de privatización avanzada, en el que las principales reformas llevadas adelante por el actual gobierno y señaladas por la consultoría de la OCDE en la coyuntura abierta por los secundarios en el 2006, van orientadas a subsanar las principales distorsiones identificadas en el sistema en su conjunto: 1) regulación y flexibilización de los marcos institucionales, consolidando un sistema educativo mixto con marcada preeminencia sobre la iniciativa privada; 2) focalizar la inversión pública ampliando la cobertura de becas y originando un sistema crediticio único para el sistema en su conjunto; 3) subsanar la desigualdad en la formación, la calidad de la enseñanza y la segmentación en clases sociales del sistema educativo a través de generar nuevos dispositivos de vigilancia, control y certificación de la oferta educativa; 4) finalmente, en el marco de la avanzada mundial de la agenda neoliberal (Plan Bolonia y Proyecto Tunning en particular para Latinoamérica), ajustar la orientación y producción de conocimiento a los requerimientos estratégicos de la economía nacional, fortaleciendo el capital humano y desarrollando clusters económicos que permitan desarrollar las ventajas comparativas del país.
En esa fase de avanzada del neoliberalismo las demandas estudiantiles por la gratuidad de la educación y fin al lucro, la democratización de la gestión universitaria, la reforma universal del acceso, la nacionalización de los recursos naturales y una reforma tributaria apuntan directamente a los fundamentos del neoliberalismo en educación.
En términos políticos y la apertura de nuevos escenarios de movilización, el desbande político de la Concertación tras la salida del ejecutivo y la llegada de la derecha histórica liderada por Sebastian Piñera, deja en descubierto para amplios sectores sociales que cifraron sus expectativas de transformación en la actual administración, que las problemáticas sociales fundamentales en materia de derechos sociales no se modificarán debido a las condicionantes sistémicas del modelo de desarrollo neoliberal, trasladando directamente las repercusiones nefastas del neoliberalismo en educación y del resto de los derechos sociales a la clase política en su conjunto, perdiendo sustantivamente su base social de apoyo y abriendo el espectro político a la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Esta situación se expresa con fuerza en la composición etárea de la clase política y del recambio generacional de la sociedad chilena, donde la juventud descontenta nuevamente toma la iniciativa de cambio y de crítica mordaz a los fundamentos del modelo en su conjunto; de esta manera, el movimiento estudiantil en sus más de tres meses de la movilización actúa como un amplificador del descontento social generalizado ante los estragos del sistema de dominación, trasladando la crítica desde lo sectorial (la educación) a lo sistémico (el modelo de desarrollo económico, la institucionalidad del aparato del Estado y la cultura hegemónica) y constituyéndose como el actor social más dinámico y con mayor potencial histórico de cambio político y social en los últimos 20 años.
Estos elementos explican la desaprobación del conjunto de la clase política, la autonomía del movimiento pero también su dispersión, falta de claridad programática y sus disputas internas entre los sectores políticos que intentamos impregnarle al desarrollo de la demanda política una identidad e intereses de clase y quienes bogan por una reforma ciudadana del aparato estatal en la lógica de la ampliación democrática y redistribución equitativa de la riqueza, modificando parcialmente el sistema educativo y no en sus fundamentos mismos.
Sobre el escenario actual.
El desarrollo del conflicto estudiantil iniciado en mayo surgió con una tibia instalación del conflicto educativo por parte de la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile) y por una nula respuesta por parte del Gobierno, que durante los primeros meses apostó a desconocer la situación de crisis en la educación, desmovilizar al movimiento acusándolo de ideologizados, reprimiéndolo duramente y apostando a liderar el proceso de reforma con pomposos anuncios en materia educativa que en los sustantivo no daban respuesta a las demandas estudiantiles. Ante ese escenario, el movimiento apuesta a la movilización directa a través de la toma de liceos y universidades, novedosas formas de protesta y la marchas nacionales que desde el 14 de junio comenzaron a copar las calles masivamente las calles (200.000 manifestantes solo en Santiago y 500.000 a nivel nacional). Ante dicha situación, el Gobierno comenzó a ser cercado puesto que el movimiento estudiantil concitó amplio apoyo por parte de la sociedad (80% aproximadamente), instalando el tema del fin del lucro y del endeudamiento con fuerza. Esto gatilló la salida del ex ministro de Educación Joaquín Lavín y un nuevo anuncio de presidencial. Pese a aquello, el movimiento no se da por vencido y se moviliza nuevamente suscitándose el llamado a movilización del 4 de agosto que recorrió la prensa internacional conocido como el “4-A o invierno chileno”, que debido a la prohibición de marchar y represión policial ordenadas por el Ministerio del Interior, concluyó en una jornada de violentas protestas que copó con cacerolazos y barricadas todo el centro de Santiago y siete comunas y arrojó como balance millonarias pérdidas y la quema de la multitienda La Polar, anticipando un nuevo periodo en la movilización de masas.
Actualmente el conflicto estudiantil tras la paralización del 24 y 25 de agosto convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las fuertes jornadas de violencia política popular que paralizaron al país, la muerte de Manuel Gutiérrez, la permanencia de la masividad en las calles y la intransigencia de los estudiantes ha instalado nuevamente un escenario de conflictividad directa entre el ejecutivo y el movimiento social. El conflicto se mantiene latente y los universitarios y los secundarios aceptan la mesa de diálogo con el ejecutivo.
El movimiento social por su parte ha avanzado en ampliar sus bases de apoyo convocando a intelectuales y desarrollando programas políticos más claros y propuestas técnicas que sustentan las posiciones del movimiento. Por otra parte comienzan a registrase la emergencia de un nuevo fenómeno de organización y coordinación -gérmenes de Poder Popular- de las luchas de los sectores populares con marcado acento en la iniciativa local articulada con perspectiva nacional: las asambleas territoriales.
El capital político, la autoridad moral del movimiento concitan el más amplio apoyo visto por un movimiento social en la historia reciente del país. Paralelamente a ello, se ha experimentado una reactivación del movimiento de masas y de la conflictividad de los trabajadores que desde el 2006 ha venido modificando el escenario político popular que hoy por hoy se expresa en una fase de apertura y de flujo de la lucha de clases que, desde la perspectiva revolucionaria clasista y libertaria nos plantea el desafío de avanzar en la construcción de una alternativa política popular con amplio anclaje en la experiencia social de la clase obrera y los sectores populares.
Hoy, una vez más, como decía el sindicalista Clotario Blest la juventud debe ponerse a la cabeza de los trabajadores y los estudiantes y el cambio social será posible; hoy, una vez más, somos los jóvenes, trabajadores, estudiantes y pobladores, quienes nos tomamos la política sin permiso, en las calles organizadamente y con la iniciativa directa de la mano de la claridad estratégica, quienes grano a grano vamos avanzando en la construcción de un pueblo organizado, consciente y contento que lucha por la dignidad.
¡¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!
FRENTE ESTUDIANTES LIBERTARIOS – CHILE
Fuente: http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/Reportaje-Chile.pdf
1 octubre, 2011
Publicado en www.fel-chile.org
Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor):
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