¿Qué pasó en la selva? ¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?

Cuatro soldados murieron por actuación del ejército, cuando su liberación ya estaba decidida.

Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. ¿Qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a niños de Soacha para asesinarlos y presentar sus cadáveres como «guerrilleros abatidos en combate»? Es triste. El Estado colombiano eligió la opción de guerra, el ‘rescate’ a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos.

1. Nadie sabe lo que pasó en esa selva: No tenemos por qué creer la versión de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de civiles en los ‘falsos positivos‘ y sus mentiras correlativas.

Sobre los 4 soldados presos de guerra que murieron el sábado 26 de noviembre en una operación del ejército en una zona selvática del sur de Colombia:

Las operaciones que el Estado llama «de rescate» y en las que casi siempre resultan varios muertos, son rechazadas incluso por los familiares de los presos por considerarlas peligrosas. Pero el gobierno igual hace estas operaciones sanguinarias en vez de hacer un intercambio humanitario de presos.

Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. Nadie sabe lo que pasó en esa selva, y es aconsejable usar la prudencia dado que el martilleo mediático nos lleva hacia conclusiones apresuradas: no tenemos por qué creer la versión del generalato de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de niños y jóvenes en los macabros ‘falsos positivos’.

La verdad se sabrá con el tiempo, con mucho tiempo probablemente. Cabe la duda y preguntarse si no es factible que los haya ejecutado el mismo régimen a quien le interesaban más muertos para su macabra propaganda contra la insurgencia, que vivos. Más aún cuando ya las Farc-EP habían enviado en un comunicado a Piedad Córdoba el anuncio de la liberación de 6 presos de guerra de manera inminente.

Parece que para el Ejército lo importante es frustrar las liberaciones de sus propios presos de guerra, así sea causando la muerte de éstos. En el comunicado de las Farc, que le llegó como Carta Abierta a Colombianos y Colombianas por la Paz, la insurgencia anuncia no solamente otra liberación unilateral de los prisioneros de guerra, sino que también reclama más justicia en el tratamiento de la humanidad de los colombianos: «Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos. (…) Seguimos a la espera de un canje de prisioneros de guerra».

La insurgencia pide más equidad: «Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social (…) Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las Farc prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos.»

Concluyen: «Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder».

Los 4 soldados murieron por la actuación del Ejército cuando la decisión de su liberación ya estaba tomada, así fuera de manera unilateral, sin obtener presos políticos y de la insurgencia a cambio. Se frustró una liberación ya consensuada. Cabe preguntarse qué retorcida actuación puede surgir en la lógica aberrante de un Estado que usa una herramienta paramilitar con motosierras para descuartizar a sus víctimas: ¿Prefirió acaso el régimen, tras haberse enterado de la liberación inminente, frustrar la liberación así fuera a costa de la muerte de los soldados?

No sería la primera vez que el régimen asesina para hacer sus montajes (recuérdese la llamada «retoma del Palacio de Justicia», en la que los militares asesinaron a magistrados y guerrilleros del M19 y luego mintieron sobre sus muertes: tras decenas de años se destapa la infamia). Es importante tener presente el modus operandi del Ejército en la atrocidad que cometieron cuando lo del palacio de Justicia, que asesinaron a los que pudieron y se llevaron a gente viva herida que luego torturaron y desaparecieron: entre los desaparecidos están magistrados, guerrilleros y hasta personal de la cafetería.

Es triste la muerte de los soldados presos de guerra, la de los guerrilleros, la del pueblo colombiano. El Estado colombiano eligió la opción de guerra, el ‘rescate’ a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos. Con la opción de paz se habría logrado liberar a los presos de guerra que hoy están muertos, y también, en intercambio, a presos de guerra guerrilleros que hoy están en las mazmorras de Colombia, muchos de ellos enfermos terminales. Es más, en este caso las Farc habían aceptado otra liberación unilateral, con lo cual el Estado ni siquiera habría tenido que hacer un gesto humanitario (lo cual tampoco es justo, porque los presos guerrilleros deben ser liberados también: hace falta intercambiar). Con la opción de paz del intercambio sí se hubiera sabido qué pasó, porque se hubiera acordado un espacio determinado, con observadores nacionales e internacionales, haciendo las cosas de manera sensata y humanitaria. La opción de guerra deja todo lleno de dolor, de muerte y de oscurantismo, porque no hay manera de saber qué pasó en la selva sino por las versiones de los militares: y para ser justos no podemos tomar esas versiones como dignas de credibilidad pues es la versión de un bando en guerra, además de un ejército que para hacer la guerra sucia sicológica con la exhibición de cadáveres reales, no ha tenido escrúpulos en asesinar para ello a civiles y presentarlos como «abatidos en combate».

¿Qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a los niños de Soacha para luego asesinarlos y presentar sus cadáveres como «guerrilleros abatidos en combate»?

Luego de emitir este cuestionamiento en forma de duda esencial para el tratamiento de la información y de la realidad, emitir otro cuestionamiento, este sí ya no como una duda sino como un reclamo a ser correctos en los términos y las categorías conceptuales, ya que por algo existe un DIH que contempla dichas categorías.

2. Los militares, policías y soldados no son secuestrados, son presos de guerra: existe el DIH que los reconoce como tales y que contempla un INTERCAMBIO HUMANITARIO para que salgan libres en intercambio de los Presos de Guerra insurgentes. Pero es el Estado colombiano el que se niega al INTERCAMBIO humanitario.

Mientras el Estado colombiano se niega a un intercambio humanitario, demostrando que no le importan nada los soldados que han peleado en su ejército funcional al gran capital, porque los trata como carne de cañón negándose una y otra vez al intercambio de presos, la guerrilla no ha cesado de hacer liberaciones unilaterales.

La opción del intercambio sí es la opción de paz, es la opción humanitaria contemplada en el mismo DIH; pero el Estado se niega.

En el Caguán y subsiguientes oportunidades las Farc liberaron a más de 300 (trescientos) presos de guerra en su poder, mientras que el régimen no libera a los presos políticos y de guerra.

Si tanto les importa la vida humana a los generales y oligarcas que nunca van a la guerra ellos mismos, si tanto les importa la vida de los soldados (como muestran en la propaganda), ¿por qué se niegan a intercambiarlos por presos políticos? ¿O es que en realidad no les importan? Esos soldados son muchachos del pueblo que en cambio sí nos duelen a las colombianas y los colombianos que queremos la paz, al igual que también nos duelen los guerrilleros y guerrilleras muertos y los apresados, porque cualquier defensor de los derechos humanos sabe que las cárceles colombianas son centros de tortura, en las que el Estado colombiano practica el homicidio de presos a tal punto que los asesina por tortura, golpizas o denegación de asistencia médica.

En el operativo fue apresada una guerrillera, y en el 99% de los medios y pronunciamientos eso no es noticia, mucho menos tragedia: cuando sí que los es, porque ¿qué suerte le espera en esas cárceles insalubres y superpobladas?

3. Necesarios planteamientos y pasos para lograr la paz.

A los que queremos la paz para Colombia, una paz con justicia social, nos duelen todas y todos los hijos del pueblo: nos duelen las guerrilleras y los guerrilleros muertos o presos, nos duelen los soldados muertos y también los presos de guerra. Claro que sí. Por eso lo primero es presionar al Estado para que por fin acepte el intercambio humanitario de presos.

Luego es imprescindible que se estudie y contemple la raíz de la guerra: porque la única posibilidad de paz real que tiene Colombia, pasa por entender que la raíz de la guerra es la desigualdad social, el despojo permanente al que son sometidos los campesinos colombianos, la represión e intolerancia política con la que el Estado colombiano busca eliminar la reivindicación social, que es tan atroz que llega al punto de instaurar el terrorismo de Estado con el empleo de la herramienta paramilitar. A partir de la comprensión del problema en su totalidad debemos buscar soluciones reales como: reforma agraria, cesación de la entrega del país a las multinacionales, impulso de la soberanía alimentaria, cese de la ocupación estadounidense de Colombia, cese del despojo que perpetran multinacionales y latifundios, cese del saqueo y su correlativo empobrecimiento, redistribución de la riqueza, cambios estructurales que necesita el tercer país más desigual del mundo (Coeficiente Gini después de Haití), y nunca la solución del exterminio que propugnan Santos y los áulicos de exterminar al pueblo constituido en insurgencia.

4. Respecto al rechazo del régimen colombiano de entrar a un intercambio de presos de guerra.

El Estado colombiano ha abandonado a estos soldados porque ha preferido dejarlos en la selva a soltar a los presos políticos y de guerra, negándose durante años a un intercambio de presos. Es más, el régimen colombiano ha enviado a tres guerrilleros a Estados Unidos: Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas. Lo cual es una inhumanidad total porque los priva de ver a sus familiares de por vida y los entrega a jueces de otro país. Es criminal esa actitud entreguista y necia del Estado. Así que no sólo está el tema de que el régimen no ha soltado a los presos en un intercambio humanitario, sino que además ha enviado presos a Estados Unidos.

Las Farc han soltado a más de 300 presos de guerra en los últimos años, el Estado a uno solo: ¿acaso eso es un ‘intercambio humanitario’ real o justo? ¿Quién carece entonces de voluntad: las Farc que liberan a 300 presos o el régimen que se niega al intercambio de presos?

5. Secuestros carcelarios y desapariciones forzadas: hay miles de seres humanos secuestrados realmente de los que los mass media nunca hablan.

Por otro lado, ya que la propaganda habla de ‘secuestrados’, vamos a poner los puntos sobre las íes y decir quiénes realmente están secuestrados en Colombia:

Que el Estado colombiano libere a los más de 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales. Esos sí que están secuestrados. Son la mayoría civiles (más del 90%) secuestrados por el Estado bajo montajes burdos con testigos pagados (paramilitares del ejército que sirven para enjaular a los opositores políticos), con falsas ‘pruebas’ de computadores mágicos, o incluso encarcelados durante años sin pruebas, como es el caso actualmente de la socióloga Liliany Obando que lleva más de tres años encarcelada ilegalmente, sin prueba alguna. O como fue el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que pasó años preso sin pruebas, dado que las «pruebas» que el régimen aducía contra él eran sus escritos académicos sobre la realidad colombiana, en una evidente persecución del pensamiento crítico y a las ciencias sociales. Igualmente el periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado ilegalmente por Venezuela, está preso sin pruebas ahora mismo, dado que la misma Corte Suprema declaró nulidad de los «computadores mágicos». Sin pruebas, Pérez Becerra está hoy secuestrado por el Estado colombiano, como miles de presos políticos más.

Asimismo las víctimas y familiares, la sociedad vulnerada por estos crímenes de Estado, pedimos que el Estado colombiano libere a los más de 62.000 detenidos desaparecidos (la ONU reconoció 57.200 desaparecidos, la Comisión de búsqueda 62.000 desaparecidos en agosto 2011): estos son secuestrados, torturados y desaparecidos, porque no se sabe su paradero.

Que el Estado diga ¿Dónde están? ¿Dónde los enterró? ¿Dónde los SIGUE enterrando? ¿Dónde siguen llevando cada semana a los opositores políticos el régimen de Colombia? Porque cada semana desaparecen varios opositores políticos en Colombia: estudiantes, ambientalistas, sindicalistas, maestros, campesinos… todos desaparecidos por la herramienta paramilitar del régimen y la fuerza pública.

Ya basta de tanta falsimedia: si quieren hablar de «secuestro en Colombia» hablemos claro, es el Estado colombiano y su herramienta paramilitar el que hace del secuestro una práctica sistemática: queremos de vuelta a los desaparecidos y a los presos políticos, que el Estado los libere, y que cesen los secuestros carcelarios y las desapariciones forzadas.

6. Conclusión.

Tenemos que trabajar para lograr la paz en Colombia, y en esa palabra de tres letras caben los sueños de un pueblo, porque la paz verdadera es la paz con justicia social, es decir una paz que no sea la Pax Romana que pretenden Santos o el imperio estadounidense y sus aliados. El pueblo colombiano necesita una verdadera paz, no una paz cosmética en la que la miseria seguirá asesinando a más de 20.000 niños menores de 5 años anualmente, muertos por falta de agua potable en el cuarto país con más riqueza hídrica del mundo.

No puede ser que aceptemos que un puñado de familias y de multinacionales acaparen todas las riquezas del país, mientras el pueblo sufre despojo, desplazamiento forzado, miseria, desnutrición, condiciones indignas de vida. No puede ser que aceptemos que las multinacionales destruyan montañas enteras envenenando la fauna, la flora y a las personas, solo para que se enriquezcan unos empresarios del oro, unos banqueros de la muerte. No es aceptable que el pueblo colombiano no tenga educación gratuita y de calidad, que no tenga acceso a la salud y se mueran miles de seres humanos anualmente sin poder entrar siquiera a un hospital porque no los admiten por no tener la «cuota para el ingreso»: eso es guerra social y económica, y es acabando con esa guerra social y económica como el conflicto social y armado empieza a solucionarse.

Lo que no es aceptable es que haya miles de muchachitos de 18 años que tengan que sacrificarse entrando al ejército colombiano sólo porque es la única manera que tienen de que alguno de sus hermanos obtenga una beca de estudios para la secundaria, o que su madre pueda ser admitida en un hospital, porque eso hace el Estado colombiano: cambia lo que debería ser un derecho del pueblo (salud, educación) por vidas humanas. Y eso no es aceptable. De esta forma se mantiene el régimen colombiano y se mantiene un statu quo de saqueo y empobrecimiento: se empobrece a la población hasta la médula y para acceder a los derechos básicos muchos no tienen otra opción que enviar a sus hijos al ejército que cuida a las multinacionales. Porque eso hace el ejército colombiano: cuidar los intereses de una minoría oligárquica y multinacional (hoy cuidando a la multinacional Pacific Rubiales, a la Drummond, a la Gold Mines, a la Medoro, a la Oxy, a la Repsol, etc.), mientras que los hijos de los oligarcas nunca hacen ni el servicio militar, porque pagan. Y luego, en el campo insurgente hay miles de muchachos y muchachas que se van a la guerrilla cansados de la injusticia social, de la explotación, de la represión atroz; que luchan para cambiar las cosas, luchan contra un imperio, porque hoy en día son los bombarderos y la tecnología de EEUU la que enfrentan. Son muchos los jóvenes que pasan a la clandestinidad e ingresan en la guerrilla empujados por la brutal represión que ejerce el régimen colombiano contra la oposición política: ese es un factor fundamental que no podemos ignorar.

Esta represión descarnada contra la reivindicación social y política es digna de las peores dictaduras, y se traduce en que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la fuerza pública y la herramienta paramilitar del régimen y multinacionales. Hay una cifra dantesca de presos políticos, una realidad dantesca del crimen de Estado de la desaparición forzada: todo en Colombia huele a represión, las universidades están militarizadas, las oficinas de sindicatos y de defensores de los derechos humanos tienen puertas blindadas, los abogados de presos políticos viven en el miedo atroz, al menos la mitad del país sufre cruentos bloqueos económicos que hace el ejército impidiendo la entrada y salida de víveres, la entrada de medicinas, causando la muerte de miles de personas por falta de tratamientos. La lista de la guerra represiva del Estado contra la población civil es interminable; la guerra no es sólo contra el pueblo insurgente, en Colombia hay terrorismo de Estado ejercido directamente contra la población civil.

Hay una guerra en Colombia, hay terror de Estado en Colombia contra la población civil, hay dolor, injusticia y muerte. Tenemos que buscar la paz: porque nos duelen los muertos, porque nos duelen los presos, porque nos duele la injusticia social que está en la raíz de la guerra.

Colectivo por la Paz con Justicia Social

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