El Servicio Electoral (Servel) es un organismo estatal autónomo, que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Es el encargado de la administración electoral en Chile, por tanto, ejecuta, supervigila y fiscaliza el proceso más importante (según los que creen en un sistema representativo) para el funcionamiento de la democracia y el “ejercicio de ésta”, la única instancia de participación real que le queda a la gran mayoría de la población.
Sí, esa misma “democracia” que funciona bajo la Constitución Política autoritaria heredada de la dictadura pinochetista, que mantiene enclaves antidemocráticos como el sistema binominal, y que mantiene una forma de Estado estrecha, que margina de una participación política activa a la ciudadanía, dejándolas así con escasas posibilidades de mejoras reales en su calidad de vida.
El Servel, en tanto, siendo fiel reflejo de este sistema “democrático”, opera bajo procedimientos arcaicos y rudimentarios por un lado (al igual que la mayoría de los organismos públicos institucionales), que son defendidos por su jefatura para conservar cuotas de poder y resguardar trabajos y salarios, propio de sociedades estancadas y renuentes al cambio; y por otro lado, bajo reales condiciones de explotación de sus trabajadores, en razón de cumplir con los plazos electorales y de reducir los costos económicos del proceso de implementación de las elecciones.
Durante los meses previos a las elecciones, el organismo debe preparar todo lo relacionado a la jornada, desde los votos mismos hasta los lápices que se ocuparán. Para esto, se despliega todo un operativo logístico, administrativo, trabajo en bodega, etc. Para cumplir con su labor se vieron en la necesidad de contratar personal externo bajo la modalidad jurídica del contrato a honorarios. Sin embargo, los trabajadores debieron sufrir pésimas condiciones laborales: extensas jornadas laborales (llegando a 18 horas seguidas los últimos días) sin días de descanso (trabajar de lunes a domingo, incluyendo festivos), falta de elementos de seguridad mínimos para trabajos de fuerza (guantes, fajas, zapatos de seguridad), mínimas condiciones de higiene para almorzar (que los mismos trabajadores debían llevar), situaciones de robo al interior del recinto de trabajo, incumplimiento con los plazos de pago, y así un gran etcétera que la mayoría de la clase trabajadora debe sufrir a diario, tanto en el sector privado como en el sector público, y es en este último donde hay una gran precarización del trabajo en virtud de los regímenes a contrata y honorarios.
Hacemos pública esta situación porque creemos que es de interés general saber cómo operan y funcionan organismos estatales como el Servel, por tanto, que funcionan con recursos de todos los chilenos, y más aún ante la contradicción que significa el que un organismo que vela por el buen funcionamiento de la jornada electoral, símbolo de nuestra “democracia”, opere de una forma tan deficiente, desprolija e improvisada. Pero más paradójico resulta el trato precario, inseguro, irregular, y en definitiva, las condiciones de explotación que mantiene a sus empleados, debiendo el organismo promotor de la democracia entender además a la democracia como respeto irrestricto por los derechos fundamentales, y en lo particular, en los derechos de los trabajadores.
Finalmente, según los datos entregados por Dirección de Presupuestos, un 64% de los trabajadores del Estado están contratados bajo las modalidades a honorarios y a contrata, ergo, debemos señalar que el Estado de Chile debe terminar con el aumento de la precarización laboral de sus funcionarios que se encuentran bajo una relación de subordinación y dependencia y que se rigen a través del contrato de honorarios, e incluso los a través del personal a contrata, y avanzar a una nueva legislación de trabajadores públicos que vean garantizados sus derechos laborales; y por su parte, el Servicio Electoral debe promover no sólo los procesos electorales como una arista de la democracia, sino que también debe garantizar los derechos de sus trabajadores, lo que finalmente se traduce en el respeto y promoción de la democracia.
Por Daniel Salgado y Claudio Aguilar Barrientos