Carta pública de la Coordinadora por la Visibilización de la Mujer en el Arte

Covima Chile, Coordinadora por la Visibilización de la Mujer en el Arte en Chile, tiene a bien dirigirse a ustedes para plantear una serie de problemáticas en torno al Premio Nacional de música, los cuales surgen a partir de varias reflexiones luego de la publicación del diario El Mercurio, del día 17 de julio del presente año, llamada “Comienzan a aparecer los candidatos al Premio Nacional”, en donde los postulados son 100% varones.

Como coordinadora nos parece que hace años existe una deuda país con respecto a la
visibilización y generación de espacio para mujeres y disidencias en el circuito musical chileno, problema que, a pesar de las distintas manifestaciones de diversas organizaciones, colectivos o la movilización feminista año 2018, no ha logrado solucionarse. Existe una brecha de oportunidades bastante grande entre mujeres trabajadoras de la música y hombres, reflejándose en las programaciones de conciertos con presencia femenina, la diferencia de salarios, y las exigencias de “nivel” o conocimientos para postular a concursos o cargos de trabajo, entre otros. Este problema estructural de nuestro circuito musical se ve reflejado en el Premio Nacional de Música al evidenciar la cantidad de mujeres que han obtenido este reconocimiento, reduciéndose a sólo tres, entre las cuales además se observa un sesgo de tipo social.

Por otra parte, observamos una seria falencia en los procedimientos en cuanto a la falta de transparencia que se ha observado en las postulaciones de años anteriores, las cuales ni siquiera han aparecido mencionadas en los medios de comunicación.

Al revisar la ley, citamos: “Entre otros aspectos relevantes es necesario destacar que el jurado es soberano en la selección de postulantes y no existe obligación de presentar un informe documentado de los méritos de los candidatos. (…)” (ley 19.169, art. 13). Aquí se observa que esta ley que regula los procedimientos de este premio se encuentra disonante en relación al deber del Estado de regirse por la ley de transparencia (ley 20.285), puesta en marcha el año 2016. Esta ley apunta a que toda la ciudadanía tenga acceso a la información pública, no estando este premio exento de esta obligación, por pertenecer a una entidad pública, además de financiarse con dinero de todos los chilenos. De esta cita, se desprende además, que el jurado no tiene obligación de transparentar sus criterios, los cuales implicarán una decisión en cuanto a cómo serán utilizados los fondos públicos comprometidos, situación que, en el estado actual de cosas ya no es aceptable.

En consecuencia, se observa la urgente necesidad de generar una modificación en la ley que regula este premio, de modo de garantizar que la ciudadanía conozca en detalle los criterios, puntajes, postulados y todos los canales y procedimientos implicados en este concurso, así como los gastos de su administración, recursos humanos y asesores si es que los hubiere. En la misma sintonía, se solicita que en la premiación del presente año sea transmitido en vivo por cualquier plataforma de acceso público la discusión y deliberación del jurado y los argumentos para la selección del premiado, como forma de dar claras señales de transparencia.

Por otra parte, considerando la deuda histórica que tiene Chile con artistas mujeres y disidencias toma un nuevo nivel de gravedad al entender que hay un gran sesgo de clase sociocultural dentro de este premio, cerrando desde aspectos como la conformación de jurados hasta los mismos ganadores a personajes mayoritariamente pertenecientes a la élite académica chilena, conformada por exponentes de la Universidad de Chile, Universidad Católica y la Academia Chilena de Bellas Artes.

Este sesgo de carácter socioeconómico y de género, que parte desde las bases de este premio, se genera por la falta de capacidad del mismo Ministerio de Cultura de reconocer las distintas esferas artísticas que existen fuera de los círculos universitarios formales y/o académicos. Gracias a estos sesgos se deja afuera a importantes exponentes del mundo de la música pertenecientes a otros géneros musicales no considerados por la academia. Es importante tener en cuenta a estos exponentes ya que se dedicaron a difusión, educación y generación de material cultural para el entorno social chileno, no ciñéndose a un público académico, sino que extendiéndose a otros círculos a los cuales la academia no llega.

En consideración a los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile, en donde
reconoce la diversidad cultural existente en el territorio, y más aún, considerando el legítimo derecho a desarrollar su cultura, cada uno de los sectores que componen la ciudadanía chilena, es que este premio al hacerlo propio de un solo sector y de un solo género, en sí mismo, representa un atentado a los derechos humanos de las personas. En consecuencia, urge trabajar en una nueva ley que reconozca la diversidad cultural del territorio, las reivindicaciones feministas, y que se ajuste a la carta fundamental de derechos humanos, así como a la ley de transparencia.

Así mismo, nos parece que la presencia de representantes de las universidades en el jurado da facilidades para que se presenten conflictos de interés con respecto a la elección de los ganadores. Es de conocimiento público que cada universidad elige a sus propios candidatos para defender, dándoles preferencia a aquellos que estudiaron o trabajaron en sus establecimientos, con el objetivo de dar más prestigio internacional a las universidades que pertenecen. Estos hechos generan que los premios sean concentrados en exponentes de la academia, lo que resulta exclusivista. Es de suma importancia poder tener un jurado que sea paritario y sin conflictos de interés con respecto a los posibles beneficiarios resultantes por los seleccionados para el premio.

Por otra parte, dentro de los candidatos expuestos en el artículo de El Mercurio, podemos
encontrar a dos exponentes cuestionados en el círculo musical, siendo éstos Alejandro Guarello y Luis Orlandini.

En el primer caso, Alejandro Guarello es acusado de adjudicarse la edición total del tercer volumen “Clásicos de la música popular chilena”, luego de la muerte del reconocido compositor Luis Advis, quien imaginó esta antología y la hizo uno de sus trabajos más importantes a lo largo de su vida. Esto fue denunciado por el musicólogo Juan Pablo González, representante del Presidente de la República en el Consejo de la Música en aquel tiempo, mediante una carta emitida el 14 de abril del año 2011, dirigida a la SCD. Nos parece bastante cuestionable que Alejandro Guarello sea uno de los candidatos al Premio Nacional de Música, siendo que tiene antecedentes como estos, que hacen alusión a robo de autoría de una obra tan prestigiosa e importante como es la de Luis Advis.

Como segundo caso tenemos a Luis Orlandini, quien el año pasado fue acusado de
encubrimiento en el proceso sumarial del profesor Eduardo Cáceres, realizado en la Universidad de Chile. Dentro de esta investigación en particular, el profesor anteriormente mencionado sale con cargos en el primer resultado de la investigación sumaria, ante lo cual, luego de la apelación realizada por Eduardo Cáceres, Luis Orlandini decide dejar al cuestionado sobreseído, a pesar de ser culpable por los hechos acusados. Esto terminó por costarle su cargo de decano en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Es de suma importancia que se exija la probidad debida a los candidatos al Premio Nacional de Música, ya que estos personajes se les está premiando por ser ejemplares en su trabajo artístico, y como coordinadora consideramos que la calidad ejemplar no debe solo traducirse en una carrera musical prestigiosa, sino también en un comportamiento intachable tanto en los círculos de trabajo como en su quehacer pedagógico. En estos tiempos no podemos permitirnos como sociedad darle espacio a la normalización del acoso, abuso, robo y encubrimiento.

En consideración a estos dos casos, se sugiere hacer una exhaustiva revisión en cuanto a la
probidad demostrada en la trayectoria de los demás candidatos.

De la misma manera, nos ha llamado profundamente la atención que el consejero
representante de las universidades privadas en el consejo del Fondo de la Música, señor Juan Pablo González, en su Facebook de manera pública haya hecho las siguientes declaraciones:

“Por favor, nombren mujeres músicas chilenas de más de 60 años del mismo nivel de estos
seis postulantes. Si hay que buscar ‘culpables’ debemos buscarlos en la década de 1960 cuando debieron formarse y surgir, más que ahora no?” – 17 de julio 2020

“Lo bueno de los debates en fcb es que uno puede ir seleccionando a los miles de amigos que se van acumulando (me pueden borrar a mí también, así vamos más rápido!). Apoyo la diversidad, el contraste de opiniones, la crítica, incluso aquella tan particular del feminismo, pero que al menos lean la entrada sobre Arte en Wikipedia, es lo único que pido.” – 17 de julio 2020

Resulta lamentable tener que leer este tipo de descalificaciones al mundo feminista, apelando a la ignorancia de nuestros miembros, resultando violento hacia nuestro género. Más lamentable aun considerando que este personaje ocupa un cargo de relevancia pública como consejero representante de las universidades privadas en el Consejo de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Se solicita al Ministerio hacer un análisis profundo al respecto de los ejemplos que otorgan sus consejeros en relación con la inclusión de género, así como en la elección de los miembros que constituyen este consejo.

Por último, se hace llegar la observación en cuanto a la necesidad de justicia a mujeres músicos ya fallecidas, lo cual requiere una modificación a la ley que permita entregar reconocimiento a sus trayectorias de manera póstuma. Solo por mencionar algunas y algunos; Violeta Parra, Leni Alexander, Luis Advis, entre otros.

Por la consideración de ustedes y pronta respuesta, se despide atentamente.

Coordinadora por la Visibilización de la Mujer en el Arte, Covima Chile

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30 de julio de 2020, Santiago de Chile