El Colegio de Antropólogos de Chile A.G, comprometido desde su creación en el año 1984 con la defensa de los Derechos Humanos, una vez más hace un llamado a las autoridades a atender las demandas del pueblo mapuche y a detener la actual estrategia de criminalización de un conflicto que, por su complejidad e historia, no puede circunscribirse a un estrecho marco judicial ni mucho menos a la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Antiterrorista o el Código de Justicia Militar.
Hoy 34 mapuches presos políticos –dos de ellos menores de edad– víctimas de esa estrategia, han decidido auto-sacrificarse e inmolarse por el derecho a juicios justos o a un debido proceso y por la derogación de la antidemocrática Ley Antiterrorista. Han pasado 75 días y el gobierno chileno se aleja obtusamente de la posibilidad histórica de sentar las bases para una sociedad más justa y equitativa, utilizando, en cambio, falsas promesas y engaños.
A través de nuestro ejercicio profesional nos relacionamos directamente con el pueblo mapuche, sabemos del sufrimiento y la exclusión que recae sobre ellos y ellas. Somos testigos de la negación de su cultura, de la imposición de modelos culturales contrarios a su cosmovisión y a sus prácticas consuetudinarias, de la folklorización y mercantilización de su acervo patrimonial. Conocemos de la constante presión y expoliación de sus territorios. También sabemos de la auto negación de la sociedad chilena acerca de su condición mestiza e indígena.
Hemos sido espectadores de la militarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales y de la criminalización de sus habitantes. También conocemos las condiciones a las que han sido sometidos los presos políticos mapuche en las cárceles de Angol, Lebú, Temuco, Valdivia y la cárcel de menores de Chol Chol, y el sufrimiento de sus familias y comunidades.
Nos preocupa, por otra parte, el silencio comunicacional al interior del país, el que se ha traducido en un cerco informativo acerca de esta nueva ocupación sobre el territorio mapuche y en el desconocimiento por parte del país de las demandas de los pueblos originarios, y, en forma particular, de la situación de los presos políticos mapuches. Este cerco se evidencia aún más en la invisibilización de los cientos de personas que hoy ayunan en solidaridad con los 34 presos políticos en huelga de hambre. Más aún, hay intereses económicos y cálculos políticos que procuran exacerbar la imagen de los mapuche como delincuentes, terroristas o violentistas, intereses de los que parte de la prensa nacional se hace eco.
Por ello, exigimos que el Gobierno sin dilaciones y sin excusas:
• Instale una mesa de diálogo para atender las demandas de los huelguistas;
• Que promueva reformas a la ley antiterrorista y a la justicia militar en el contexto de los convenios internacionales de Derechos Humanos y de derechos de los pueblos indígenas ratificados por nuestro estado;
• La desmilitarización del territorio mapuche y el término de la violencia de estado empleada contra sus habitantes;
• El fin de la criminalización de quienes expresan sus legítimas demandas y que, a la luz del derecho internacional, y, en especial, de los Derechos Humanos, deben ser atendidas.
Finalmente, el Colegio de Antropólogos de Chile A.G hace un llamado a la construcción de una sociedad que reconozca los plenos derechos de los diversos pueblos que la conforman, tarea a la cual debemos concurrir todos los estamentos de nuestra sociedad.
Valdivia, 24 de septiembre de 2010