Conflictos sociales y energía en Chile: La política de la no política

Hoy estamos discutiendo cómo resolver el problema de Gas de Magallanes. Ayer, el de Hidroaysén. Antes de ayer, el de la Central Barrancones y la Central Castilla y el mes pasado la construcción de Campiche encima del poblado de Puchuncaví, Ventanas y Quintero en la V Región.

¿Cómo puede ser que cada proyecto energético sea tan complejo, tan difícil y dé curso a tantos problemas? ¿Qué es lo que está fallando para que las cosas terminen de este modo siempre?

No faltará quien sea facilista y diga -campaña millonaria mediante- que la culpa es de los hippies retrógrados que se niegan al progreso, encubriendo en ese mensaje su propia incapacidad para asumir que el progreso implica no sólo “más”, también “mejores” proyectos. La nueva versión de ese argumento -aún más agresivo que el anterior- es que un grupo de extranjeros quiere guardarse para sí los maravillosos paisajes que los proyectos van a destruir básicamente no para protegerlos si no por egoísmo, para que nadie los toque. Frescura igual no he visto.

Lo cierto es que Chile presenta un escenario energético que merece revisión, de cara a la ciudadanía. En una esquina, la inversión en proyecto energéticos proyectada para el ciclo 2010-2014 es de U$28.589 millones, según la corporación de bienes de capital. Incluso el diario Estrategia señala que la cifra crece hasta U$31.000 millones, fundamentalmente como resultado de megaproyectos como Hidroaysén y centrales termoeléctricas.

Mientras en EEUU ninguna central de carbón fue levantada el año 2010, en Chile la lista de proyectos en fase de evaluación para definir su factibilidad es enorme. Invertir en energía es negocio, y el precio lo pagamos todos. En Magallanes la falta de prolijidad en la estrategia del Gobierno tuvo a la ciudad paralizada en protesta para detener la amenaza de un incremento gigantesco del costo de la vida. En Coronel la población ya está hastiada por la cantidad de centrales que se construyen en la misma ciudad; tener un puerto habilitado los ha condenado a soportar los efectos a diario. En Punta Choros la falta de prolijidad determinó de exabrupto la intervención presidencial y en el caso de la central Castilla los nombramientos apresurados de autoridades sanitarias han impedido un proceso regular de evaluación sobre el proyecto.

Este año es crítico y resulta muy disonante reconocer en las autoridades un escaso compromiso de hecho con la inversión en Energías Renovables No Convencionales frente a tanto gesto de amabilidad con la inversión privada; la misma que llega a límites vergonzosos al señalar que de la construcción de sus proyectos depende el desarrollo del país en los próximos diez años.

El escenario es simple y se hace urgente una respuesta de las autoridades sobre el tema: La energía es un negocio gigantesco y de asegurada rentabilidad que se ha salido de manos. Nuestro desarrollo está en juego justamente porque necesitamos asegurar energía suficiente, limpia y renovable. Quien debe asumir el liderazgo en la materia es el Gobierno con líneas claras que fomenten la inversión, regulen el actual mercado y garanticen que nunca más se pondrá en riego el hábitat ni el medio ambiente para favorecer los intereses de privados. La visión de Greenpeace sobre el escenario actual que detalla estos puntos se encuentra en el documento «Chile sin carbón» disponible en su web.

Los cambios se necesitan ahora. Cada minuto de silencio y complicidad agrava la situación y se traduce en costos directos para familias vulnerables. Un gobierno que se ha puesto como meta terminar con la pobreza no puede obviar que decisiones improvisadas y falta de visión impactan de frente a quienes más necesitan de su apoyo: los ciudadanos.

Por Matías Asún

www.greenpeace.org

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