El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales Codehs, a la opinión pública nacional e internacional, declara:
El día 13 de abril del presente año la “Agrupación Nacional de ex-Presos Políticos” encarcelados durante la dictadura del general Pinochet, se declararon en huelga de hambre, medida que adoptaron luego de una serie de conversaciones, encuentros y reuniones infructuosos con personeros del Gobierno, entre otros, la señora Ximena Rincón y el actual subsecretario, señor Mohammed Aleuy, cuyos compromisos jamás se cumplieron. Los ex presos políticos querían, entre otras cosas, un aumento de las exiguas pensiones de índole indemnizatorio que perciben.
Tiempo después, y cuando el conflicto ya amenazaba manchar la imagen de las autoridades, se acercaron otros personeros de Gobierno a conversar con los huelguistas de hambre, para proponerles la formación de una Mesa de Alto Nivel donde estarían presentes, incluso, autoridades eclesiásticas. Un grupo de los manifestantes, integrado por militantes del pacto político “Nueva Mayoría”, decidió aceptar la propuesta y suspendió su participación en el movimiento incorporándose a las conversaciones. Otro, que no ha considerado a dicha Mesa como una instancia válida, decidió seguir adelante con la acción emprendida el 13 de abril pasado. Así, el viernes 12 del presente mes de junio —transcurridos casi dos meses de su huelga de hambre—, siete de estos últimos, en su mayoría provenientes de Concepción, ingresaron a la sede del Partido Socialista a fin de recabar el apoyo de ese sector para una conversación con la Presidenta. En dicho local, sostuvieron ese mismo día los ex–presos políticos, cordiales conversaciones con el nuevo Secretario General del Partido y otros altos dirigentes, a quienes les representaron sus precarias condiciones de vida. A pesar que rechazaron el ofrecimiento de aquellos en cuanto a que se integraran a la llamada Mesa de Alto Nivel, fueron invitados a permanecer en la sede para conversar al día siguiente sobre sus demandas.
El sábado 13, sin embargo, y sorpresivamente, a las ocho de la mañana, un fuerte contingente policial ingresó al local socialista, los tomó detenidos y los condujo a la Tercera Comisaría —ubicada en calle Agustinas a la altura del 1.500—, donde después de varias horas, fueron liberados ante las exigencias del vice-presidente de la “Agrupación Nacional de Ex–Presos Políticos”, abogado Víctor Rosas Vergara.
Sin tener un lugar donde ir, con todas sus pertenencias a cuestas, ateridos de frío, se dirigieron los huelguistas de hambre a la sede del Movimiento de Acción Socialista, MAS, ubicada en calle Alonso Ovalle casi al llegar a Santa Rosa; pero como ésta se encontraba cerrada con llave, no pudieron ingresar y optaron por esperar hasta que el local fuese abierto. Permanecieron allí por más de seis horas. En los programas de televisión “Estado Nacional” —donde estuvo la presidenta del PS, Isabel Allende—, y en “Tolerancia Cero” —donde lo hizo el senador del MAS por Concepción (ciudad de origen de varios de los huelguistas de hambre), Alejandro Navarro—, no se hizo mención al hecho; tampoco lo hicieron los referidos personeros.
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La declaración del Partido Socialista en donde se explican las razones de la medida de fuerza en contra de ese grupo de personas, señala en una de sus partes:
“[…] que se trata de una organización que no reconoce el acuerdo que depuso la huelga de hambre que mantenían ex presos políticos de la dictadura en donde se instaló una mesa, que lleva un tiempo funcionando, que propondrá soluciones concretas a las demandas reparatorias que se buscan y de las que nos hacemos solidarios”.
Así, pues, la sanción fue una medida en contra de quienes formulan demandas sociales consideradas atentatorias contra los intereses corporativos de una organización política dirigida hoy a privilegiar el apoyo a una instancia estatal y no a proteger los intereses de personas que reclaman por derechos no sólo emanados de sus luchas libradas en contra de la dictadura, sino reconocidos por la legislación universal vigente hoy en Chile.
No es extraño que un partido integrante del pacto Nueva Mayoría recurra al ejercicio de la violencia para resolver los problemas de un sector de las clases dominadas que les resultan tremendamente incómodos. No es extraño, tampoco, que prefiera ponerse al lado de quienes ejercen el poder en lugar de hacerlo con los débiles. De hecho, recordemos que en el primer Gobierno de la militante socialista doña Michelle Bachelet, se asesinó impunemente a dos dirigentes mapuche, se hizo desaparecer a otro y se mató a un dirigente de los trabajadores forestales; también en ese período presidencial, y por primera vez, se aplicó la Ley Antiterrorista, dictada por Pinochet, quien, paradojalmente, jamás llegó a emplearla. Hoy, esa misma militante socialista preside de nuevo el Gobierno que amenaza a los mapuches con el uso de esa legislación represiva, y no se vacila en aplicarla en contra de los trabajadores del Transantiago que reclaman por mejores condiciones de vida.
Nuestra organización, ante estos hechos, manifiesta su más profunda solidaridad con los ex presos políticos de la dictadura y condena enérgicamente la acción realizada en contra de ellos por quienes dirigen hoy el partido al cual perteneció el presidente Salvador Allende. No deja de ser irónico el hecho que quien hoy se encuentra a la cabeza de esa colectividad y procede de tal manera en contra de quienes defendieron el Gobierno de ese Presidente sea precisamente su única hija viva quien, paradojalmente y a través de anacrónicas analogías, intenta con escaso éxito asimilarse a la imagen de su padre. Las formas culturales y los intereses de clase jamás se reproducen por transmisión genética, algo que tenían muy presente el propio presidente Allende, su hermana Laura y su hija Beatriz, cuyas prácticas políticas eran bastante ajenas a aquellas que hoy realiza la actual presidenta del Partido Socialista.
Raúl Elgueta González Manuel Acuña Asenjo
Presidente Secretario General
Santiago, junio de 2015
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