Primera parte: El asesinato político en la América Latina del siglo XX (1a. parte)
Segunda Parte: Argentina
Tercera Parte: Chile
En esta nación centroamericana se cometieron crímenes atroces contra el pueblo y las fuerzas progresistas empeñadas en cambiar el deprimente status quo allí imperante. El asesinato extrajudicial, la desaparición física y la tortura pasaron a convertirse en práctica rutinaria desde 1932, cuando el régimen de Maximiliano Hernández Martínez hizo desaparecer los cadáveres de las víctimas de sus frecuentes masacres.
Con el apoyo permanente de los Estados Unidos se llevó a cabo a partir de la década de los sesenta una de las más abominables represiones sufridas por pueblo alguno. Prueba del apoyo norteamericano lo representó la enorme ayuda militar recibida por los gobernantes salvadoreños, encaminada a reprimir y enfrentar la legítima lucha de este pueblo por su liberación. Algunos datos prueban que, recién ser elegido Reagan como presidente, entregó al gobierno salvadoreño la asombrosa cifra de $55 millones en ayuda militar de emergencia.
Hoy se conoce la confabulación de otros gobiernos latinoamericanos para apoyar a los criminales gobernantes de ese país centroamericano. Por ejemplo, la CIA consiguió que el gobierno venezolano de Herrera Campins, perteneciente al COPEI, entregara armas y otros abastecimientos a Napoleón Duarte, probado títere de Estados Unidos y de la CIA.
Para ocultar vanamente la participación del gobierno y de sus fuerzas armadas en los frecuentes asesinatos de tipo político, en El Salvador fue creado en 1967 un grupo paramilitar conocido como Organización Democrática Nacional (ORDEN), coincidiendo con la aparición de estos escuadrones de la muerte en la vecina Guatemala. Otros grupos paramilitares, dependientes del ejército como la autodenominada Brigada Anti-Comunista “Maximiliano Hernández Martínez” y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), cometieron también abominables crímenes.
El empleo directo de ORDEN por el ejército en 1970 causó tal repudio que, en 1979, fue disuelto en apariencia, aunque continuó realizado macabros crímenes por todo el país con 150.000 civiles armados dentro de su estructura.
ORDEN se mantuvo ejerciendo su represión a pesar de su formal desaparición. Colaboró con el ejército en cuanto a búsqueda de información y aniquilación de potenciales enemigos. Ya para 1985 había participado en la ejecución de más de siete mil salvadoreños. En este contexto se ubicaron los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos acompañantes en 1989, ocurridos en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana. Este hecho, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, tuvo lugar cuando efectivos militares asesinaron a mansalva a los padres jesuitas de la UCA: Ignacio Ellacuría (Rector de la Universidad), Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, al igual que a la trabajadora doméstica Elba Ramos y a su hija de 15 años, Celina Ramos.
Otros terribles crímenes políticos fueron el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) Victor Manuel Quintanilla, Santiago Hernández Jiménez (Secretario General del FUSS y desaparecido desde el 25 de septiembre), José Antonio García Vásquez y la Dra. Dora Muñoz Castillo, ocurrido el 7 de octubre de 1983, y cuyos autores fueron miembros de la “Brigada Anti-Comunista Maximiliano Hernández Martínez”. Un tiempo antes, entre el 12 y 15 de agosto de 1980, fueron asesinados 129 simpatizantes de esta organización al ser reprimido un paro convocado por el FDR. Otros 7 dirigentes del FDR, entre los que se encontraba Alvarez Córdoba, fueron torturados y asesinados.
También fueron asesinadas religiosas norteamericanas y periodistas holandeses.
Gran conmoción causaron las agresiones contra miembros de organismos de derechos humanos como el FENASTAS y COMADRES, así como contra sindicatos de trabajadores. Solo entre enero y junio de 1981 fueron asesinados 136 profesores agrupados en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES). Por su parte, el día 4 de diciembre de 1981 fue secuestrado y posteriormente asesinado el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES-NG), Carlos Eduardo Vides; en agosto de 1982 ocurrió lo mismo con América Perdomo, Directora de Relaciones Públicas de esa entidad; y, posteriormente, el 16 de marzo de 1983, fue asesinada Marianela García Villas, Presidente del CDHES- NG, por una patrulla militar.
Las masacres de campesinos por miembros del ejército, como ocurrió en las aldeas del Mozote, Río Sumpul y El Calabozo, fueron otras de las modalidades del terrorismo de estado en El Salvador. Un grupo de más de doscientos campesinos fue asesinado o desaparecido el 17 de marzo de 1981, cuando un millar de éstos intentaba cruzar el río Lempa, rumbo Honduras. Meses después, en octubre de ese año y en el mismo lugar, fueron asesinados 147 campesinos, entre ellos 44 menores de edad. En noviembre de ese mismo año, una patrulla militar asesinó entre 50 y 100 campesinos en el departamento de Cabañas.
Fueron también miembros del ejército quienes cometieron uno de los más repugnantes y condenados crímenes cometidos en El Salvador: el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien se había dirigido al presidente norteamericano Jimmy Carter, en 1980, recabando que los Estados Unidos cesara su apoyo al gobierno de su país. El crimen tuvo lugar el 24 de marzo de ese mismo año, mientras oficiaba misa Monseñor Romero en la capilla del hospital La Divina Providencia. El ejecutor directo del crimen fue un francotirador, pero los autores intelectuales fueron varios y había que localizarlos en las altas esferas de gobierno y en Washington. El día anterior, Romero había declarado en su homilía dominical: «En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, que cese la represión.
El acto de horror cometido contra Romero se completó en sus funerales, cuando grupos paramilitares hicieron estallar una bomba entre la multitud que acudió al sepelio, frente a la Catedral de San Salvador. A la detonación, siguió el ametrallamiento de los asistentes. El costo de esta criminal acción fue el de 27 a 40 muertos y más de 200 heridos.
Convertidas El Salvador y toda Centroamérica en campo de pruebas de la guerra “antisubversiva” de los Estados Unidos, recibieron el apoyo logístico del Pentágono y de la CIA, así como la participación de asesores y expertos en contrainsurgencia, entre los que se destacaron contrarrevolucionarios cubanos como Félix Rodríguez y Luis Posada Carriles. Esta ingerencia provocó la muerte de más de 250 mil centroamericanos.
Hoy se manejan con horror las cifras de asesinados El Salvador. Solo entre los años 1980 y 1982, éstos fueron varios miles: 1980: 11,903 víctimas; 1981: 16,266 víctimas; 1982: 5,962 víctimas.
Por su parte, la organización Socorro Jurídico Cristiano denunció que solo entre enero y agosto de 1982, se cometieron 3,059 asesinatos políticos en esa nación. El Informe del Enviado Especial a la Comisión de DDHH, en su página 21, expresa que solo en el año 1982 fueron asesinados 5,962 salvadoreños. El ritmo de asesinatos cometidos fue de 300 por mes. Tal fue la magnitud de este genocidio, cuyo cómplice principal fue el gobierno de los Estados Unidos.
Primera parte: El asesinato político en la América Latina del siglo XX (1a. parte)
Segunda Parte: Argentina
Tercera Parte: Chile
Por Percy Alvarado Godoy
Publicado originalmente en Rebelión
Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor):
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