Grupo de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de tortura se toman el Ministerio de Defensa

Al menos cuatro familiares de hombres y mujeres que han sufrido la Desaparición Forzada, la Ejecución Política, la Tortura y la Violencia Sexual Política resultaron detenidas luego de una toma del Ministerio de Defensa en la tarde de hoy, viernes 29 de julio.

La intención del grupo fue manifestar su disconformidad “frente al actual clima de Impunidad que nuevamente se quiere imponer en Chile”, según señalan en un comunicado público dirigido a las autoridades ejecutivas, legislativas, jurídicas y militares del país, y a la sociedad chilena en su conjunto.

Según un segundo comunicado informaron que “una quincena de militares armados se abalanzaron sobre nuestros compañeros, reduciéndolos y propinándoles golpes de manos y con objetos contundentes. Luego de esto efectivos de carabineros de Fuerzas Especiales empujaron y golpearon a manifestantes y profesionales de la prensa; en esta situación, uno de los detenidos resultó con un corte profundo en la ceja”.

Las personas detenidas fueron trasladadas a la tercera comisaría de Carabineros y posteriormente fueron llevados a constatar lesiones al Hospital San Juan de Dios, donde llevan más de dos horas esperando en el carro policial la atención médica de rigor (información en desarrollo).

Los familiares señalaron que están cansados/as de que periódicamente “la herencia de la dictadura aparezca con cara de Impunidad, plasmada en leyes de amnistía, en justicia en la medida de lo posible o en mesas de diálogo inservibles para encontrar la verdad y la Justicia”.

Y agregan que una vez más, “se pretende engañar al país otorgando beneficios carcelarios para adultos mayores por razones humanitarias y de salud”, pero lo que en realidad buscan “es liberar a los pocos criminales de lesa humanidad que cumplen condena en el Penal de lujo de Punta Peuco”.

Y enfatizan que a 43 años desde el golpe de Estado cívico militar y luego de 26 años “desde el supuesto retorno a la democracia”, el Estado todavía tiene grandes deudas en materia Justicia, verdad, memoria y reparación.

Muchos de los casos llevan décadas en tribunales y en la práctica tanto familiares como perpetradores están muriendo, permitiendo la Impunidad. Y denuncian que son muchos los casos en que las sentencias son irrisorias, como la primera sentencia por tortura que sentenció a 541 días de pena remitida al criminal.

En materia de verdad, también ha sido escasa; sólo el 8% de los Detenidos Desaparecidos del país ha sido identificados, culminando los juicios sin aclarar cuál ha sido su destino final.

También señalan que el Informe de prisión política y tortura es cómplice de los perpetradores, puesto que oculta sus nombres por más de 50 años. En la actualidad, hay más de mil agentes del Estado procesados por violaciones de derechos humanos, pero de este total sólo un centenar cumple prisión efectiva en el penal Punta Peuco.

“A diferencia de nuestros familiares, estos criminales han tenido derecho a juicio, a defensa y a condiciones carcelarias excepcionales respecto del resto de la población penal del país”, enfatizan y dicen además que “durante los procesos judiciales los aportes de los asesinos y torturadores han sido nulos, no reconociendo su participación en los hechos”, ni han dado muestras de arrepentimiento.

Para el grupo que realizó la toma “indigna constatar que los criminales mantienen sus grados militares y con ello sus privilegios en salud y previsión, manteniendo pensiones millonarias”.

También hacen énfasis en otros aspectos en los cuales “la herencia de la dictadura es extiende” en el Chile actual: la corrupción política “en la que el propio yerno de Pinochet ha contribuido a cooptar parlamentarios de diversas bancadas a favor de sus intereses económicos”. También “la malversación de los fondos de la Ley reservada del cobre, la cual ha servido para negocios negros de militares de diversos rangos”.

“El Sistema de Pensiones concebido en dictadura y que hace distinción entre el gran porcentaje de trabajadores, técnicos y profesionales del país que deberán vivir con pensiones de miseria, en contraposición con las utilidades millonarias de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de las propias pensiones de las ramas castrenses y de orden del país”, señalan.

En ambos comunicados terminan exigiendo:

– Degradar a los militares involucrados en violaciones de los derechos humanos.

– Finalizar el envío de militares a la Escuela de las Américas (en Estados Unidos).

– Generar políticas de Reparación acordes al daño causado.

– Justicia, Verdad y el fin de privilegios a la casta militar.

¡No olvidamos, perdonamos y no nos reconciliamos!

FIRMAN:

Hijos, hijas y familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, Tortura y Violencia Sexual Política

Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos

Organizaciones territoriales