Hostigamiento a abogada de comuneros mapuche

Karina Riquelme Viveros, abogada de la Agrupación de Derechos Humanos Liberar, fue citada al Tribunal de Garantía de Pucón el día 28 de septiembre próximo, para ser formalizada por el supuesto delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión.

La Agrupación Liberar, ante estos hechos denuncia que en este último tiempo, «abogados de nuestra Agrupación han sufrido el hostigamiento permanente de parte de la Fiscalía de la Región de La Araucanía, debido a que han patrocinado defensas y recursos de protección a favor de presos políticos mapuche».

Estos hechos llegan a un límite denunciable, el pasado 18 de agosto de este año en Temuco, cuando en horas de la noche, nuestra abogada Karina Riquelme, quien patrocina diversas causas mapuche, recibe bajo su puerta un manuscrito donde se la cita a declarar a dependencias de la PDI para el día siguiente. Justamente al día siguiente, esta profesional debía alegar, en el Tribunal de Garantía de Temuco, defendiendo un Recurso de Protección interpuesto en contra de Carabineros y de la PDI. Esta “casualidad”, genera en nuestra abogada y en nuestro equipo jurídico, la natural intranquilidad de saberla acosada y hostigada en su labor profesional. Sin embargo, al día siguiente ella enfrenta la audiencia programada y posteriormente acude a declarar ante un inspector de la PDI. Es aquí donde recién se entera, que por orden de la Fiscalía de Temuco, se solicita a la PDI inicie una investigación en su contra, sin mediar denuncia alguna.

Producto de esta investigación, y bajo la recomendación de la Fiscalía Regional, se entrega la misión al fiscal de Pucón para que formalice a nuestra abogada por un vicio formal en un contrato de trabajo emitido a favor de ella, por la Municipalidad de Pucón que actuó como su empleador a comienzos de este año, en un intento por inhabilitarla en los próximos juicios, donde junto a otros abogados de esta Agrupación defiende a comuneros mapuche.

Hacemos presente, que hace algunos años atrás otro abogado de nuestra Agrupación, Pablo Ortega Manosalva, fue objeto de intervenciones telefónicas, a solicitud del fiscal Paredes del Ministerio Público de Temuco. En su solicitud, este fiscal omitió que se trataba de un abogado defensor, lo que motivó que ella fuera dejada sin efecto por resolución de fecha 21-12-2002. Este fiscal es el mismo que hoy día inicia una investigación en contra de nuestra abogada Karina Riquelme.

Consideramos que estos procedimientos no se ajustan al principio de legalidad en un Estado de Derecho, y nos hacen calificar estos hechos de persecución a los defensores de D.D.H.H. de nuestra Agrupación. Es en este contexto, que José Aylwin Oyarzún y Nancy Yáñez Fuenzalida, Co-directores del Observatorio Ciudadano, han hecho un llamamiento urgente a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, por la situación de vulneración de derechos a la que se ve afecta la abogada de derechos humanos Karina Riquelme Viveros, producto del hostigamiento que ha sufrido por parte del Ministerio Público de la Región de La Araucanía, Chile.

Asimismo, nuestra Agrupación estudia acceder a todas las instancias legales en busca de la protección de nuestros profesionales, solidarizando además con todos aquellos profesionales, tanto particulares como de la Defensoría Penal Pública, que estén siendo hostigados, amenazados o perseguidos por patrocinar defensas de comuneros mapuche.

Hacemos un llamado a personas, instituciones y organizaciones de Derechos Humanos, al Colegio de Abogados, a pronunciarse con claridad ante estos hechos y a estar atentos a denunciar todo atropello contra defensores de D.D.H.H.

Nuestra precaria democracia, requiere con urgencia ser reforzada defendiendo el Estado de Derecho y el principio de legalidad y de igualdad para todos los ciudadanos de este país. Instamos a las Instituciones del Estado a hacerse cargo de estas irregularidades y que con claridad se manifiesten en contra de ellas y fiscalicen las actuaciones del Ministerio Público, enmarcándolo dentro de la legalidad vigente y sancionando actuaciones de abuso de poder y competencia, alejándole así de la impunidad con que actúa en la actualidad.