Después de una larga y compleja operación política, los grandes empresarios del sector pesquero, aliados al poder político del gobierno de turno y algunos dirigentes gremiales de pesca artesanal; lograron aprobar en el congreso de Chile la modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como la Ley Longueira; cuyo objetivo principal es dar derechos y certezas jurídicas de largo plazo a los empresarios dueños de las cuotas de captura de peces; adornada con el discurso no legitimado en la sociedad, de generar sostenibilidad en las actividades pesqueras y acuícolas, es decir generar actividades económicas pesqueras y de acuicultura por muchos años.
Esta cuestión es contradictoria con el grave estado de sobre explotación de la mayoría de los recursos pesqueros, explotación realizada por los industriales pesqueros y también por pescadores artesanales de mayor capacidad de captura. Esta explotación no sostenible, viene ocurriendo durante décadas; fuertemente acelerada desde la dictadura de Pinochet, continuada en los gobiernos de la concertación y de la actual administración de Sebastian Piñera.
Pero, ¿que pasó con la institución encargada de dar solución a los problemas pesqueros, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura?,…poco y nada; porque su gestión pesquera fue capturada por los intereses económicos y políticos de los grupos económicos, además de desajenarse de la generación de reglas de manejo pesquero. La gestión pesquera del Estado de Chile, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, busca ahora su purificación, a través de la separación ficticia de lo científico (lo puro) y lo político (lo impuro); es decir se busca generar un nuevo modelo de gestión pesquera, con comités científicos hechos a la medida, que acompañarán el mismo modelo económico rapiña.
¿Y que ha estado sucediendo con el Instituto de Fomento Pesquero?, …sigue sometiendo su discurso técnico, su experticia al proyecto político de turno en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; es decir también continua replicando las malas prácticas políticas y este año 2013 con incrementos de presión política, para su captura por las corporaciones pesqueras privadas.
En otra arista, en este Instituto de Fomento Pesquero se continúan replicando las malas prácticas políticas, con la designación arbitraria de directivos y directores ejecutivos, sin concurso público, bastando sólo el apoyo político de los gobernantes de turno. En cuanto a los trabajadores, estos no tienen evaluaciones objetivas de desempeño laboral, ni carrera funcionaria; lo común son las malas practicas anti sindicales, el caudillismo dirigencial y directivo, que también potencia la replicación de malas prácticas laborales.
Los trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero exigen la aplicación de buenas prácticas laborales y sociales, entre ellos y los directivos; sin despidos arbitrarios como los ocurridos en el mes de Febrero pasado y la actual negociación de nuevos despidos, liderada por el nuevo Director Ejecutivo del IFOP, recientemente designado.
Sin lugar a dudas, la deuda mayor la tiene el Estado de Chile, al no reconocer políticamente a este como el Instituto de Investigación Pesquera y Acuícola de Chile, con financiamiento explícito en la ley de presupuestos de la nación, y con independencia política para realizar sus labores de investigación científica.
Por Simón Pedro
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