La colaboración colombo-venezolana es sintomática de los límites del nacional-desarrollismo

La construcción del socialismo y de la liberación, serán tarea de los pueblos, desarrolladas directamente por los pueblos, sin caudillos ni patrones.

Cuando el 2009 comencé a denunciar las extradiciones de luchadores colombianos, acusados de ser “guerrilleros”, no encontré mucho más que indiferencia ante el asunto por parte de la mayoría de la izquierda. La captura y entrega “express” (ilegal a la luz de la constitución venezolana y del DIH) del periodista de Anncol Joaquín Pérez Becerra por parte de Venezuela, la cual fue justificada por el mismo Chávez, hizo a más de alguno poner la voz de alerta. Sin embargo, quienes escribimos para denunciar esta entrega y solidarizarnos con la víctima, fuimos tratados, desde ciertos círculos, poco menos que de agentes de la CIA, de tontos útiles del imperialismo y otras bellezas. Ahora, la captura y la inminente extradición de Julián Conrado, el “cantante de las Farc” (en la foto), hacen que los aún incrédulos constaten que estamos ante una práctica sistemática, una “razón de Estado” como el propio gobierno bolivariano la llama. Como corolario, la semana empezó con operaciones militares conjuntas colombo-venezolanas contra el ELN…

Las justificaciones de estas acciones de cooperación de Venezuela con el gobierno que se autodenomina el Israel de América Latina por parte de los chavistas grafican que algo anda muy mal: desde los que sencillamente culpan a la víctima por “dar papaya”, los que lamentan la entrega pero no la critican porque la crítica es hacer el juego al imperio (?!), hasta los que aplauden la decisión, sumándose al coro histérico anti-Farc con un celo tan grande como cualquier uribista trasnochado.

Sin dudas, el comunicado tipo utilizado por el gobierno venezolano para anunciar extradiciones de “guerrilleros” supuestos o reales, es una muestra de esta bancarrota moral y política:

“El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos.”

El oportunismo se caracteriza por sus vacilaciones y zigzageos. En un par de años la insurgencia pasó de ser “fuerza beligerante” en la jerga chavista, a ser “terrorismo, delincuencia y crimen organizado”. En un par de años el hermano bolivariano pasó de estar en las montañas de Colombia a estar sentado en el Palacio de Nariño. El cambio de actitud hacia la insurgencia se dio en tres pasos: el primer paso fue pedirles rendición inmediata y sin condiciones. El segundo paso fue culparlas de ser una “excusa” para el Imperio en su plan de desestabilización de Venezuela; y el tercero, fue colaborar abiertamente con el régimen más sanguinario y postrado al imperialismo en la región –desde el 2009 (es decir, mucho antes de que Santos llegara al poder) ha entregado a unos 25 colombianos a la tortura y muerte segura, sin ninguna garantía de respeto por sus derechos, como lo exigiría cualquier democracia que se precie de tal.

Estas entregas, mal llamadas «extradiciones», son parte de un proceso de guerra sucia total contra la insurgencia por parte del Estado colombiano, que desde el 2002 ha decidido cerrar toda puerta al diálogo político y jugárselas por el exterminio de las fuerzas guerrilleras y del tejido social en el cual existen y se alimentan. Esta guerra no es solamente contra la insurgencia, sino que contra todos los que de una u otra manera queden en medio, le salga al paso al proyecto de exterminio o quienes sean oposición. Es una guerra contra la insurgencia, pero en la cual se da a todo el pueblo bajo la consigna “el que no está conmigo está en mi contra”. Esta guerra tiene diversos aspectos, incluido el concepto de Guerra Jurídica en contra de toda forma de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, jueces, etc., el cual está comprendido en los documentos de la DASpolítica. El concepto de utilizar las extradiciones como estrategia de guerra y la abierta intromisión del Ejecutivo en el quehacer judicial han sido también detallados en el tercer punto del llamado “Salto Estratégico”, la política que define la estrategia militar contrainsurgente del Estado colombiano desde el 2009, con el cual se busca:

“articular el sistema judicial para que éste produzca resultados ejemplarizantes, que bajen la moral de las tropas de las Farc [ie. y de la insurgencia en su conjunto].La extradición, en particular, ha sido usada como herramienta en este componente; otro mecanismo muy socorrido fue evitar la judicialización por rebelión y promover condenas por terrorismo (…) Al mismo tiempo, se intentó crear un sistema de protección jurídica a los efectivos de las Fuerzas Militares, con el objeto de prevenir la desmoralización de la tropa ante eventuales condenas por violaciones de los derechos humanos” (“La Guerra contra las Farc y la Guerra de las Farc”, Ariel Fernando Ávila Martínez, Revista Arcanos Nº15, abril 2010, p.13.)

Esta política de extradiciones, como hemos dicho, no se limita a los guerrilleros supuestos o reales, sino también a civiles molestos para el régimen. A comienzos del 2010 el Estado colombiano diseñó una estrategia para enfrentar a las voces disidentes en el extranjero. En palabras del entonces canciller Bermúdez:

“Hemos discutido con todos los embajadores la importancia de que los gobiernos extranjeros estén atentos a cualquier divulgación que permita hacer una apología del crimen o del terrorismo. Hemos también ordenado con los embajadores agendas para que nuestras comunidades de colombianos en el exterior estén atentas a este tipo de manifestaciones” (“Diseñan estrategia de política exterior en 2010”, El Espectador, 7 de enero 2010)

Las extradiciones, entonces, juegan un papel específico en esta internacionalización de la guerra sucia colombiana: aislar a los actores insurgentes colombianos por todos los medios. Como ya lo expresé en un artículo anterior:

“La guerra sucia en Colombia hizo gran parte de esta tarea a nivel doméstico (genocidio de la UP, A Luchar, Frente Popular, diversos movimientos sociales, etc.), por ello la existencia de interlocutores en el plano internacional asumen especial importancia. En este escenario, el acoso judicial (lo que en la jerga del DAS se conoce como “guerra jurídica”) a los internacionalistas asume un rol central, y aún cuando no se consigan todas las extradiciones solicitadas, se consigue que los defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, o simpatizantes ideológicos de la insurgencia deban pasar a la defensiva, deban entrar al juego de defenderse en lugar de denunciar al régimen. Cumple también un efecto intimidatorio en el que el temor a la extradición pueda inhibir la menor sombra de “simpatía” (o aún “empatía”) con la insurgencia, aún cuando no sea más que reconocer el origen histórico que ésta tiene en las injusticias estructurales de la sociedad colombiana. Esta política ha sido exitosa en generalizar un discurso político (sobre todo en el sector de las ONGs, el cual fue virulentamente atacado por el uribismo) en el cual se responsabiliza, primero y antes que a nadie, a la insurgencia de cualquier desgracia que ocurra en Colombia.” (“De Asilos y Extradiciones: la internacionalización de la guerra sucia colombiana”, 24 de noviembre, 2010)

Chávez ahora, después de haber dicho que la insurgencia no era terrorista y que había que buscar una salida política, participa gustoso de esta política de guerra sucia patrocinada por el “Imperio”.

¿Cómo explicar este viraje de Chávez? Chávez pareciera haberse agotado como un factor político (como lo demuestra el hecho que Humala en Perú, esta vez, le haya huído como de la peste) y ha buscado acomodarse a un escenario de menos movilizaciones populares en la región, como las que caracterizaron su primer ciclo de gobierno, y mediante Santos, controlar indirectamente la confrontación con los EEUU. En efecto, EEUU, por boca de su subsecretario para asuntos hemisféricos Arturo Valenzuela, celebró como “un paso importante” la extradición de Joaquín Pérez Becerra –pero se apresuraron en decir que seguían considerando a Chávez un autoritario y que seguían buscando aislar al Alba (lo cual indica que todas las concesiones que Chávez haga jamás serán suficientes). Es así como se puede leer, en parte, el viraje hacia la estrecha cooperación contrainsurgente de Venezuela con Colombia, de acciones militares conjuntas en la frontera y de entrega de luchadores colombianos, saltándose todo el derecho internacional como prueba de amistad.

Pero hay que buscar una explicación más profunda, puesto que la política de Chávez se asienta en un determinado modelo socio-económico, el nacional-desarrollismo. Su intento de desarrollar políticas soberanas lo han puesto en contradicción con los EEUU, pero aún cuando vocifere sobre socialismo jamás ha cuestionado las relaciones de fondo ni las bases materiales que sostienen al sistema imperialista y a la oligarquía venezolana. Nos preguntamos ¿Puede haber un anti-imperialismo consecuente sin ir de la mano del anti-capitalismo? Lo dudamos. Debido a que el sistema capitalista es dominado por las potencias imperialistas, tarde o temprano, quien es incapaz de pensarse en alternativa política, social y económica a esta red global, quien es incapaz de comenzar a sentar las bases de un nuevo modelo, tendrá que ceder a las reglas del juego de quien está en condiciones de imponerlas. Con lo cual el discurso anti-imperialista terminará fatalmente cediendo, a la Gaddafi, a la realpolitik de la “coexistencia pacífica”.

Estas extradiciones no son, pues, un paso aislado. Además, se inscriben en un proceso creciente e innegable de degeneración burocrática, de sofocamiento de la iniciativa y de lo poco que ha habido poder popular, de derechización de las políticas y del estilo de hacerlas. El 7 de junio, varios miles de venezolanos, pertenecientes a organizaciones que son parte del llamado proceso bolivariano, marcharon contra la corrupción, la impunidad y el asesinato de varios dirigentes populares (todos o la inmensa mayoría partidarios del proceso), el cerco de los medios oficialistas, la criminalización de formas de lucha popular y la entrega de revolucionarios colombianos. Es muy significativa esta marcha, pues demuestra que existe un sector importante que no se deja embaucar por las razones de Estado y que está dispuesto a convertirse, en derecho propio y de manera autónoma, en un factor político dentro del proceso. Pero los elementos genuinamente revolucionarios en el movimiento bolivariano no pueden limitarse a suplicar “rectificaciones” a Chávez, sino que es preciso comenzar un profundo proceso de autocrítica, replantearse la vía para construir el socialismo y terminar con el desesperante “culto a la personalidad” que caracteriza a la izquierda latinoamericana. Si la servidumbre ideológica al “chavismo” (sea lo que sea este concepto) se sigue imponiendo, la revolución latinoamericana entra a un punto muerto.

Acá no hay que desconocer que lo que se viene es un proceso de reacción velada tras un lenguaje democrático que se impone en el continente. Con ese lenguaje democrático y de lucha “contra el terrorismo” (es decir, contra todo aquel que intente desarrollar un proyecto revolucionario por fuera de los estrechos márgenes de la institucionalidad burguesa), se está llevando a efecto la “unidad latinoamericana”, no desde las bases que han pedido los pueblos en movimiento sino que desde los intereses de las élites económicas criollas. Con ese mismo lenguaje democrático, Santos (un político igual de reaccionario que Uribe pero mucho más hábil) ha logrado no sólo que Chávez colabore generosa y diligentemente en aplastar a la insurgencia y a los movimientos populares colombianos, sino que también Ecuador ha entrado al juego y participa activamente de la estrategia del yunque y el martillo del ejército colombiano (el martillo), movilizando 10.000 tropas ecuatorianas (el yunque) en la frontera. Mientras combaten a la insurgencia, al paramilitarismo se le permite entrar y salir como Pedro por su casa, como han denunciado las comunidades afroecuatorianas de Esmeraldas sobre la presencia de las Águilas Negras en la región. No es muy diferente la realidad que se vive en la frontera venezolana con Colombia.

El mismo doble rasero que se impone en el tema de la cooperación militar (Ecuador y Venezuela combaten a las guerrillas pero no al paramilitarismo), se impone también con las extradiciones: no se exige la misma diligencia del derechista gobierno panameño para extraditar a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien dirigió la campaña de amenazas, acoso, espionaje, intimidación y asesinatos selectivos de opositores y defensores de derechos humanos, y quien ahora goza de todos los beneficios del asilo en ese país pese a que la requiere la justicia colombiana por crímenes mucho más graves que los que se imputan a Conrado o a Pérez Becerra.

Tal parece que el ciclo de luchas anti-neoliberales abierto a fines de los ’90 y desarrollado por enormes movimientos de masas que habían comenzado a hablar un lenguaje diferente, de democracia directa, anti-capitalista, ha llegado a su fin, sepultado en cierta medida por las propias insuficiencias de estos movimientos, pero gran parte por los gobiernos nacional desarrollistas que secuestraron las consignas políticas desarrolladas por el pueblo, para justificar una forma de política estadólatra que en muchos aspectos ha sido no muy diferente de lo que tradicionalmente se conocía. Es hora de entender que los gobiernos progresistas ya tocaron techo, que podrán haber hecho tal o cual esfuerzo positivo para las mayorías (fundamentalmente en áreas como salud o educación, y regalías sobre los recursos naturales) pero de ahí ya no pasan y que las tareas del futuro, la construcción del socialismo y de la liberación, serán tarea de los pueblos, desarrolladas directamente por los pueblos, sin caudillos ni patrones. Es hora de comenzar a caminar con la misma certeza de ayer, pero con menos ingenuidad.

Por José Antonio Gutiérrez D.

12 de junio, 2011

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