El anunciado traspaso de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) al Ministerio del Medio Ambiente tiene implicancias más profundas que un mero cambio de radicación administrativa. Lo que está en la mira gubernamental es la privatización de las funciones del Estado en la gestión del SNASPE. Un análisis somero del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en ese Ministerio, demuestra que en 15 de sus artículos el único objetivo es promover las concesiones de parques nacionales a privados, siendo uno de los aspectos más desarrollados de este controvertido proyecto de ley.
La vigencia del compromiso con ese objetivo ha quedado de manifiesto con la reciente concesión territorial de Parque Nacional Radal 7 Tazas en la Región del Maule. Es la primera vez que el Ministerio de Bienes Nacionales gestiona una concesión en un área del SNASPE, basándose en las potestades que le otorga la Ley de Turismo del año 2010 y es la primera vez que en un Parque Nacional se concesiona TERRITORIO propiamente tal, que incluye recursos naturales prioritarios de conservación como bosques, poblaciones de fauna nativa y cuerpos de agua, y por períodos de tiempo que van de los 10 a los 25 años. Hasta ahora, en virtud de la Ley de Bosques del año 1925, CONAF sólo había concesionado servicios tales como alojamiento, alimentación, transporte o actividades deportivas al aire libre, sin comprometer territorio de parques nacionales, salvo superficies muy acotadas directamente relacionadas con el servicio concesionado y que no contenían valores significativos de conservación.
Chile ocupa uno de los últimos lugares de Latinoamérica en presupuesto público destinado a la gestión de parques nacionales, con apenas 1 US$ por hectárea de territorio protegido, y aun así CONAF ha realizado una labor que es reconocida a nivel internacional. Sólo como ejemplo, citamos el caso del Servicio de Parques de Canadá que logra un autofinanciamiento del orden del 18%. En Chile CONAF consigue un 45% de autofinanciamiento en la operación de los parques nacionales del país. Al parecer, esto no es relevante para el nuevo Director Ejecutivo de CONAF quien ha comenzado su mandato con declaraciones que ponen el énfasis en supuestos malos manejos financieros y administrativos. Los chilenos ya sabemos que la mejor estrategia para privatizar un servicio del Estado es desprestigiándolo, estrangularlo hasta que su desempeño e imagen pública sea tan mediocre que la ciudadanía termine pidiendo a gritos su privatización. Pero, ¿Cuán beneficiada termina siendo la ciudadanía con la privatización de las funciones del Estado? Una pregunta que a estas alturas es mejor responderla con ejemplos más que con argumentos.
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