Por una Constitución guiada por la Doctrina de los Derechos Humanos

En estos días de cuarentena obligatoria, en el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile, hemos estado conversando sobre la nueva Constitución que la sociedad chilena necesita y merece para construir, de una vez por todas, un sistema democrático y que termine con los enclaves, ideas, leyes, doctrina, con origen autoritario y antidemocrático.

En este proceso, leemos la actual Constitución de 1980. En su Capítulo I, titulado “Bases de la Institucionalidad”, Artículo 1°, en su último párrafo, dice que “es deber del Estado resguardar la Seguridad Nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Si bien no se define qué se entiende por “Seguridad Nacional”, esas dos palabras son claves para entender la práctica de la dictadura -y de cierta forma actos que han seguido sucediendo “en democracia”- que se basó en lo que conocimos como la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), en su versión chilena, y que también inoculó el gobierno de los EEUU y la Escuela de las Américas, a partir de los años sesenta, a gran parte de la oficialidad militar de América Latina.

En pocas palabras, la DSN promovió la idea en las FFAA que existía un “enemigo interno”. Esta fue la base que “justificó”, en ellos, la práctica del terrorismo de Estado. Las consecuencias las conocemos muy bien: miles de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados, y un sin número de otras violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento de la democracia.

Por otro lado, la “Seguridad Nacional” de la dictadura -y que se ha seguido aplicando, en alguna medida, en estos 30 años de democracia, porque no fue revertida- no buscó, en la práctica, “dar protección a la población y a la familia” como señala el texto constitucional, ni menos cuidar y defender a nuestra soberanía, ni las empresas y recursos estratégicos del Estado chileno. Se instaló, a sangre y fuego, el neoliberalismo. Todo fue privatizado, durante la dictadura y, después, con las consecuencias que vivimos hasta hoy.

El agua, la pesca, las minas, la energía eléctrica, la telefonía, la previsión social, la salud, la tierra productiva, los bosques, su propiedad está concentrada en manos de pocas familias y, fundamentalmente, vinculadas a empresas extranjeras. Entonces, ¿qué soberanía y qué fue lo que protegieron las FFAA?

Una nueva Constitución para Chile debe erradicar todas las ideas, leyes, normas, instituciones, relatos, basados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, como del sistema neoliberal, impuesto por la fuerza en la dictadura que sólo favorece los intereses de las empresas transnacionales y de EEUU en detrimento de nuestra soberanía y derechos humanos.

Por todo lo anterior, una nueva Constitución para Chile debe guiarse por la Doctrina de los Derechos Humanos, su contenido, sus disposiciones, su estructura, sus instituciones, para que de una vez por todas vivamos en un país democrático, respetuoso de la dignidad de las personas, de nuestro pueblo, de su soberanía, que no puede ser sino bajo la orientación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de todos  los tratados y convenciones que constituyen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

¿Por qué una Doctrina de los Derechos Humanos?

Una nueva Constitución para Chile debe establecer y considerar en su redacción valores éticos que sustenten el devenir y ayuden a construir una sociedad con justicia social. Hasta ahora, como hemos señalado, ha sido impuesta en la Constitución de 1980, todavía vigente, la “Doctrina de Seguridad Nacional” que podemos seguir viendo a través de lo que se denomina hoy “Seguridad Pública”.

La continuidad de la DSN la podemos observar en el tratamiento que le ha dado el Estado de Chile al denominado “conflicto mapuche” y, más recientemente, en el tratamiento que se ha dado a la protesta social que comenzó el 18 de octubre de 2019. Eso queda en evidencia, además, en las palabras del Presidente Sebastián Piñera cuando dice “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”.  En ambos conflictos, los resultados son propios de la DSN; violaciones reiteradas a los derechos humanos. 

El propósito de muchas dictaduras en América Latina y en Chile fue la instalación del neoliberalismo, que es una concepción radical del capitalismo, que tiende a absolutizar el mercado hasta convertirlo en el medio, el método, y el fin de toda expresión humana. De esta manera, quedan subordinados al mercado la vida de las personas, el comportamiento de las sociedades y la política de los gobiernos. Este mercado absoluto no acepta regulación en ningún  campo, exigiendo ser libre y sin restricciones financieras, laborales, tecnológicas, artísticas o administrativas.

Oponerse al neoliberalismo significa afirmar que no hay instituciones absolutas para explicar o para conducir la historia humana. Es afirmar que las personas son irreductibles al mercado, al Estado y a cualquier otro poder o institución que pretenda imponerse como totalizante. Es proteger la libertad humana ante la injusticia, la exclusión y la violencia.

Por tanto, la razón y la ética, ‘deben ser las bases de la nueva Constitución, que se expresan a través de la Doctrina de los Derechos Humanos. Y estos son manifestación de la justicia que necesita, en todos los planos, tener nuestro pueblo.

La ventaja que significa guiar nuestra Constitución bajo los estándares de derechos humanos ayudará a que nuestra sociedad, y sus integrantes, sientan que existe real igualdad, respeto a sus derechos, respeto a la dignidad humana. En consecuencia, debe ser rechazada toda propuesta, disposición, manifestación política, ley, que vaya en contradicción con los derechos humanos de las personas como de los derechos humanos colectivos.

El desarrollo de cada persona no puede darse sino bajo el respeto de los Derechos Humanos y es deber del Estado -en donde el pueblo ha confiado el gobierno, paga sus impuestos, y permite que administre las riquezas de nuestra nación- que cumpla con el mandato y deberes que le imponen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, Chile debe adecuar su Constitución y esta debe regirse bajo los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre otros, debe incorporar, con rango constitucional, por ejemplo, disposiciones del Convenio 169, como otros tratados de derechos humanos para el respeto de nuestros pueblos originarios; entre otros, reconocer que nuestro Estado es plurinacional y que en nuestro territorio no sólo existe el pueblo chileno sino también el pueblo mapuche, entre otros, que también tienen derechos.

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile está integrado por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep); Hervi Lara, Comité Oscar Romero Sicsal-Chile; Carlos González, Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia; Patricio Vejar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King; y Pablo Ruiz, SOAWatch. Agradecemos sus comentarios y reflexiones a: [email protected]