Unab pierde demanda tras acusación de usar información confidencial al obtener fondos de innovación acuícola

En 2009 estalló un caso en el cual la Universidad Andrés Bello (Unab) fue involucrada en un traspaso de información confidencial en la adjudicación de fondos estatales por un monto de 300 millones de pesos, que comprometía además a Corfo. Esta denuncia llevó a una disputa legal, iniciada por el actual diputado Cristián Letelier –hombre de la Unab- contra la empresa privada del área acuícola Colorado Chile.

Por su parte la universidad, tras perder la demanda en la cual acusó de competencia desleal a la empresa privadada, se niega a dar declaraciones en un caso que ha quedado prácticamente sin ser investigado. Prueba de ello es que a pesar las evidencias, la casa de estudios continúa recibiendo financiamiento estatal. Sin embargo, para algunos existen antecedentes suficientes para sospechar de la existencia de una maquinaria para levantar fondos públicos de forma irregular.

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, durante el discurso de inicio del año académico 2011, realizó un llamado a las autoridades para regular el lobby que estarían realizando las universidades privadas para obtener fondos estatales.

En la ocasión aseguró que “aquí hay un lobby que está trabajando día y noche para ocupar recursos públicos y así hacer más rentable el negocio de la educación superior. Quiero reclamar por esta práctica que no es transparente y que aparece como sospechosa y contradictoria con las prácticas democráticas”, dijo.

Más recientemente, el rector Pérez –en una carta dirigida a El Mercurio, aseguró que “es razonable y necesario que las universidades privadas que reciben recursos estatales también entreguen la misma información que las estatales”, labor que para el caso de las universidades públicas realiza la Contraloría.

En el contexto de la discusión planteada por la primera autoridad de la Universidad de Chile, el rector de la Unab, Pedro Uribe, rechazó las declaraciones de que las universidades privadas realizan lobby. Uribe aseguró que “la obtención de los recursos no se hace a través de lobby, sino de concursos transparentes, como los Fondecyt y Fondef”.

Sin ambargo, Uribe no sabe o está omitiendo la denuncia hecha en El Ciudadano en 2009, que compromete a este plantel en la tramitación irregular de un proyecto de investigación acuícola a través del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico ( Fondef) por 300 millones de pesos.

La denuncia fue realizada por un ex alumno de esa universidad, pero no ha sido investigada por las autoridades hasta el momento.

TRASPASO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Se trata de la acusación realizada por un ex alumno de la carrera de Biología Marina, Piero Magnolfi, quien sindica a esta casa de estudios de estar involucrada en un traspaso de información confidencial en un proceso de adjudicación ante Fondef, en el área de acuicultura que desarrolla la Unab, precisamente en un proyecto de investigación sobre la especie Congrio Colorado.

Magnolfi, luego de realizar investigación junto a la Unab, y según el “ser apartado” del estudio cuando se estaban realizando avances, formó la empresa de investigación acuícola Colorado Chile S.A. con la cual realizaron una postulación ante Innova Chile, proceso durante el cual detectaron irregularidades en el manejo de la información que entregaron.

El ex alumno señala que “el año 2007 recurrieron con cartas a los directores de la Contraloría, Corfo y Fondef, en relación a un traspaso de información confidencial entre el director del Centro de Investigación Cimarq de la Unab, Diego Ramírez y Gonzalo Taboada, funcionario de Corfo”, aseguró.

Los funcionarios de ambas instituciones habrían compartido información, ya que en un e-mail del 12 de junio de 2007, Taboada, encargado de supervisar el proyecto de Colorado Chile, señala, en la última parte de un correo enviado a la empresa: “No creo que haya relación entre el proyecto que uds. (sic) presentan y el de la Unab, si los hay avísame, yo ya se lo pedí a Diego”.

Esta referencia encendió las alarmas en la empresa, pues el jefe de proyectos de Cimarq-Unab se llama Diego Ramírez, y el mensaje de Taboada ponía en evidencia que estos dos funcionarios compartían información de carácter confidencial, lo que constituye una violación de secreto. Magnolfi señala que “por el vínculo que hubo previamente a esta presentación con la Universidad Andrés Bello, sabemos que es Diego Ramírez”, concluyó.

Pero no se trata sólo de eso, el reportaje registra además irregularidades de la Unab en la entrega de recursos y control del cumplimiento de los objetivos en el proyecto de la especie Lenguado adjudicado por la Unab ante el Fondef. La universidad no fue debidamente fiscalizada y declaró incorrectamente cuantiosas sumas de dinero, lo que no impidió que Fondef continuara entregándole financiamiento.

A pesar de lo denunciado, ninguna de las instituciones aludidas -Unab, Corfo, Conicyt o Fondef- ha sido investigada por el caso. Menos aún, los funcionarios de estas intituciones han sido sancionados. Al contrario, la Unab se adjudicó la segunda etapa del proyecto Congrio Colorado, nuevamente en Fondef, y además un proyecto en la misma institución para desarrollar la Langosta de Isla de Pascua.

EL LOBBY CONTINÚA

Tras las sucesivas denuncias ante los organismos pertinentes y la publicación sobre la situación de la Unab y los fondos para investigación acuícola, es posible sospechar que podría existir un lobby fuerte que posibilita la adjudicación de fondos a la Unab al amparo de ciertos funcionarios públicos.

Llama la atención que el director de Fondef , Gonzalo Herrera, apareciera en el diario La Segunda en 2010, declarando a favor de la Unab antes que la institución educativa se ganara los fondos para el proyecto Congrio Colorado, situación inaceptable si se trata de financiamiento que todavía estaba en concurso.

Herrera reveló que en el proyecto convergen intereses económicos, culturales y ambientales que existen en el país. “Creo que podemos tener de aquí a un tiempo razonable, unos cinco años, en producción una industria de Congrio Colorado en cautiverio relativamente pequeña pero que en el futuro puede ser de extraordinaria importancia”, declaración que estaría delatando el firme nexo -injustificable- entre la Unab y Fondef.

Se agrega a las declaraciones de Herrera y al despliegue de influencias y lobby de la universidad, la gran cantidad de publicidad registrada entre el 1 y 3 de junio del año 2011 en medios nacionales como Diario Financiero, La Tercera.com, El Llanquihue, Revista Capital, entre otros; probablemente pagada por esta casa de estudios con anterioridad a la aprobación de los fondos que finalmente Fondef autorizó en julio del 2011.

Piero Magnolfi, quien encabeza las acusaciones encontra de la la Unab, señala que realizan un lobby que ha continuado luego de que él hiciera las denuncias correspondientes. “A mi parecer la fuerte publicidad ejercida en 15 medios de difusión masiva ya sea diarios, portales, medios televisivos a tan solo un mes de adjudicarse el proyecto para Engorda de Congrio Colorado en Fondef año 2010, es una estrategia de lobby evidente”, señaló.

DEMANDA JUDICIAL

En el contexto de las acusaciones en contra de la Unab, esta entidad decidió demandar a la empresa Colorado Chile, que denunció el eventual traspaso de información confidencial, iniciativa impulsada por el actual diputado Cristián Letelier, quien interpuso una demanda por competencia desleal.

Sin embargo, contradiciendo el espíritu de la demanda, el parlamentario en una sesión realizada el 2010 realizó declaraciones incluso reñidas con la normativa para las universidades privadas, pues reconoce que la Unab persigue fines de lucro:

“No es menos cierto que la Universidad demandante a través del desarrollo científico y tecnológico que desarrolla su centro de investigación no pretenda también un objeto lucrativo”, expresó el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Es probable que declaraciones como la anterior, hayan influido en que en la actualidad le denegaran la demanda a la Unab. El 5º Juzgado Civil de Santiago confirmó la sentencia apelada, ya que esta casa de estudios -al participar en el proyecto Fondef de Fondecyt- lo hacía como universidad, y como persona sin fines de lucro, por lo tanto, no está en el mismo mercado de una empresa privada como Colorado Chile, que fue la demandada en este caso.

Según el abogado de la empresa, Fernando Santibáñez, “la ley de competencia desleal exige -para la procedencia de las infracciones- que las personas sean competidoras en un mismo mercado, circunstancia que no se da en este caso. La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los fundamentos de la apelación y confirmó la sentencia apelada”, enfatizó.

Se suma al fracaso de la demanda de la Unab, que a raíz del artículo publicado por Libertadexpresion.cl que contenía las declaraciones del diputado Letelier en que reconoce el afán de lucro de la Unab; la directora de prensa de la esta universidad, Catalina Ayerdi, llamó a algunos medios que reprodujeron el artículo, para desestimar los antecedentes y para -seguramente- intentar blanquear la imagen de la institución.

Pedro Barra, del portal www.mundoacuicola.cl señaló que “nos llamó alguien del área de Relaciones Públicas, una mujer, de manera un poco prepotente, señalando que cómo era posible que un medio serio como nosotros esté publicando ese tipo de informaciones desfasadas y descontextualizadas”.

Barra asegura que la Unab se mostró dispuesta a contestar preguntas sobre el caso, pero que nunca se refirieron al tema. Nuestro medio también fue contactado por Catalina Ayerdi, sin embargo, pese a que prometió una declaración de la Unab, tampoco hubo reacción. Más aún, contactamos a esta misma funcionaria para que se refiriera a la demanda y a todas las acusaciones del caso, pero hasta el cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.

A estas alturas, expuestos todos los antecedntes del caso, es evidente que algo anda mal respecto a cómo la Unab se está adjudicando recursos públicos. Es por eso que será importante para la transparencia y el desarrollo de innovación en el país, que las autoridades universitarias, de gobierno y demás instituciones involucradas, enfrenten este caso -y de registrarse irregularidades- apliquen las sanciones correspondientes.

Por Francisco Luna

Publicado originalmente en www.libertadexpresion.cl

03/01/2012

Vea la entrevista realizada a uno de los investigadores del Centro de Investigación Marinas de Quintay (Cimarq) quien se mostró muy nervioso ante las preguntas sobre el caso: