Iniciativas legislativas que pretenden potenciar el sector ambiental y forestal no están cumpliendo su objetivo. Por ello, organizaciones gremiales, productivas y no gubernamentales, insisten en más participación en la discusión técnica y política, porque las falencias y debilidades de los proyectos de ley suman y siguen.
“Chile necesita una institucionalidad forestal y ambiental más sólida“, es una sentencia que la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) ha planteado con fuerza en el Congreso Nacional, en comisiones parlamentarias, seminarios y congresos académicos; ante asociaciones productivas, gremiales y organizaciones no gubernamentales.
La AIFBN, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo sustentable con énfasis en el bosque nativo, y la propuesta de políticas, programas y proyectos relacionados con la conservación de este recurso, ha sido especialmente crítica con proyectos de ley que han pretendido mejorar la regulación del sector. Uno de ellos es el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó a trámite legislativo el 26 de enero de 2011.
El proyecto, hoy es discutido en las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y tiene como objeto regular las atribuciones propias de conservación que deben corresponder a este servicio, armonizando las funciones de fomento productivo que se mantienen en manos de los demás servicios con competencias sectoriales sobre los recursos naturales renovables. A este respecto la AIFBN ha sido enfática: pide no someterlo a discusión legislativa, condicionado a que el Gobierno desarrolle un proyecto sustitutivo, que garantice la participación ciudadana en su formulación, que se apegue a la legislación internacional vigente y que cumpla realmente con el mandato constitucional de conservar el patrimonio natural del país para las futuras generaciones.
“Nuestra posición es que, tal como está, no tiene ningún sentido seguir legislando. Por tanto, es necesario un proyecto sustitutivo que genere espacios para una verdadera representación de los distintos sectores, como por ejemplo, comunidades indígenas y pueblos originarios; y representantes de áreas protegidas privadas. Por otro lado, no tendrá ningún sentido gestionar la biodiversidad si esta ley no adquiere un rango legal del mismo peso que tiene hoy la ley eléctrica o minera; e incluso considerarla dentro de la Constitución, como lo han hecho países como Ecuador que han avanzado en esta materia», enfatiza el secretario ejecutivo AIFBN, Rodrigo Herrera.
En diversas instancias, la AIFBN ha reafirmado que la Biodiversidad es un bien público y su conservación es estratégica para la seguridad nacional, ya que provee de alimentos, energía, medicinas, recursos genéticos, entre otros. Sin embargo, el actual proyecto presenta a través de todo su articulado una serie de falencias y omisiones graves, que no garantizan adecuadamente la conservación de la biodiversidad. “Una vez más, vemos cómo se gesta un proyecto de ley sin la participación de los ciudadanos, que no considera el conocimiento científico generado con fondos del Estado ni la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, con vasta experiencia en la conservación de la biodiversidad”, expone Herrera.
Las voces críticas de la AIFBN y otras organizaciones hizo que los senadores de las Comisiones Unidas acuerden la formación de una comisión técnica con representantes del oficialismo y asesores de los senadores para dar una “revisión integral” al proyecto. ¿El objetivo? Avanzar en la solución de una serie de inquietudes que surgieron durante el análisis de la iniciativa, lo que impediría su aprobación en los términos en que se encuentra.
“Desde una mirada optimista, esperamos que la Comisión aborde realmente los problemas insalvables que este proyecto tiene desde un punto de vista técnico y no político. Pero al margen de la comisión, creemos que aún falta por escuchar a muchas personas que inciden dentro y fuera de las áreas protegidas, como las comunidades indígenas o pueblos originarios o los propietarios de bosques privados”, asegura Herrera.
SERVICIO NACIONAL FORESTAL O LA «CONAF PÚBLICA”
Otro flanco de acción ha sido el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, considerado para todos los efectos legales “sucesor y continuador legal de la Corporación Nacional Forestal” y cuyo objetivo es impulsar la preservación, conservación, protección, rehabilitación y aprovechamiento de los recursos forestales y demás recursos naturales renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con el recurso forestal. En diversas instancias, el presidente de la AIFBN, Sergio Donoso, ha advertido que entre este proyecto y el que busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hay una importante confusión de funciones que podrían ser un foco de conflicto futuro si se llega a aprobar tal como está.
Donoso asegura que, si bien consideran positivo un Servicio Forestal público, la propuesta no presenta un gran cambio y se hace necesaria la creación de un responsable político a nivel del Ministerio de Agricultura: “No hay claramente un responsable político, no puede ser el jefe de servicio, que está para las labores propias de él. Cuando estamos hablando de que hace falta una conducción política, estamos pensando una entidad o una persona que esté muy próxima al ministro y que le dé una visión de futuro, de Estado, al sector forestal”. “No nos cerramos a que sea un tipo específico de institucionalidad, puede ser una subsecretaría o un departamento, pero quien esté a cargo debe tener la visión política de articular el sector con una visión integradora, coordinando los instrumentos y programas de fomento sectorial”, aclaró Donoso.
El experto insistió en que Chile necesita una institucionalidad pública que recoja las tareas relativas al sector y las visiones de los actores que lo componen. “Creemos que una subsecretaría forestal encargada de articular la política forestal, se debería hacer cargo de los permanentes conflictos que enfrenta la industria forestal, la creciente degradación de los bosques nativos y las prácticas productivas en plantaciones forestales”, dijo.
La AIFBN tiene claro que a ambas iniciativas les falta camino y el debate cruzado de diversos actores, que de un modo u otro, han golpeado fuerte la mesa. Para su directorio, hay puntos clave que abordar: La política forestal debe formularse recogiendo en forma oportuna, la opinión y experiencia de distintos actores del sector, teniendo en cuenta que la conservación de los bosques nativos es un tema de seguridad nacional, especialmente en un nuevo escenario de Cambio Climático. Debe considerar los bienes y servicios que estos proveen. Debe ser coherente con una política general en relación con los recursos naturales renovables y no renovables del país sobre la base de leyes marco para la Protección de los Recursos Naturales y de Ordenamiento Territorial.
El Ciudadano Nº110, segunda quincena septiembre 2011
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