Pensar que con la sola baja del suboficial Miguel Millacura, imputado por la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez Reinoso (16) en Macul, el caso sea caratulado sólo como un simple delito de homicidio, perpetrado por la cabeza caliente de un suboficial que corrió con colores propios, y no como un problema político de alcance insospechado, es un error de interpretación del concepto de “estado de derecho” del Presidente de la República. Agravado por el límite que se le pone desde La Moneda a la responsabilidad de Carabineros, removiendo sólo a algunos funcionarios, por mucho que se incluya a un general, sin llegar a la máxima autoridad política, el Ministro del Interior.
En lo que va de Gobierno, el Presidente Piñera ha cometido múltiples errores. En este caso, se trata de dos a la vez. El primero es cuando su Gobierno se escinde de la responsabilidad política que le cabe en la acción que acomete un agente uniformado del Estado, dotado de poder de fuego, degradándolo a la categoría de “ex carabinero”. Si se tratara de un acto heroico protagonizado por un carabinero de Visviri, como salvar la vida de un niño, con toda seguridad el respectivo funcionario sería recibido con banda de música en La Moneda, y todos le palmotearían la espalda; allí primaría la pertenencia, la familiaridad, el regocijo. El bien común.
El segundo, es cuando el Presidente mira para el lado y se encoge de hombros, dejando entrever su escasa comprensión de la magnitud del hecho en cuestión, manteniendo en el cargo a su Ministro del Interior, máximo responsable de la seguridad ciudadana.
No es que se trate de una política gubernamental destinada a matar civiles, y luego validada por La Moneda. Si ése fuera el propósito, Chile estaría en la senda de Libia. Se entiende que el costo político de despedir al Ministro del Interior es altísimo, y nadie en la coalición gobernante quiere pagar esa factura, menos habiéndolo salvado en la víspera de una eventual acusación constitucional. Pero en verdad es necesario, no sólo como señal de liderazgo presidencial, también como demostración material de que en Chile nadie está por sobre la ley.
Por desgracia, para la salud de nuestra democracia diletante, lo anterior es imposible. En Chile la vida humana tiene un valor relativo y se pondera en función de quién sabe qué conveniencias. Allí está el caso de Antuco. Pese a los 45 militares fallecidos, el ex presidente Ricardo Lagos no removió a su ministro de Defensa (Jaime Ravinet), ni al CJE –Comandante en Jefe del Ejército– Juan Emilio Cheyre. Con certeza, la vida de Manuel Gutiérrez también debió valer muy poco para este Gobierno. No ameritó la toma de conciencia de hacerse responsable en términos políticos.
Suponer que una autoridad de la envergadura del Ministro del Interior, no tiene responsabilidad política en un asunto tan grave como el asesinato de un estudiante, y a partir de una presunción de inocencia penal que lo desmarque del asunto elaborar la tesis de la no responsabilidad política de éste, es no entender el concepto de “estado de derecho”. Veamos qué dice la carta fundamental:
Artículo 6° Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
Artículo 7° Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
¿Por qué el Ministerio del Interior no debería someterse a la Constitución y a las leyes?, asumiendo la respectiva responsabilidad política. ¿Será que existe “jurisprudencia” del tipo Antuco? ¿En qué garantiza el “orden institucional de la República” mantener a un cuestionado titular de Interior en su puesto? ¿Acaso Piñera y Hinzpeter no están obligados a título personal e institucional a hacer cumplir las leyes y someterse a su imperio? ¿La destitución no debería ser la sanción legal por la falta de responsabilidad?
La muerte de un civil –en este caso menor de edad, estudiante–, en el contexto de una protesta ciudadana en que interviene la policía uniformada, no es un mero hecho delictual, es un crimen cometido por un agente del Estado perpetrado en tiempo de paz (y democracia), y en consecuencia, tiene connotación política. Interpretarlo de otro modo suena –al menos– antojadizo.
Eliminar de las filas institucionales al infractor y a otros funcionarios, no es suficiente. El ministro Rodrigo Hinzpeter debe ser removido; así lo exige la propia Constitución: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
¿Cuáles serían las circunstancias extraordinarias que podrían avalar la hipótesis de atribuirse en Palacio otros derechos que los conferidos por la ley? ¿Será que el Presidente se siente empoderado de una autoridad supraconstitucional que le permite saltarse este precepto legal, con tal de mantener el equilibrio de sus fuerzas partidarias? Al parecer, su déficit en asesoría no sólo es en el área de las comunicaciones, también lo es en el ámbito del derecho constitucional.
Cuando Chile sea capaz de enfrentar su quehacer con honestidad, dejando de lado la manía del truco infalible, habrá dado un gran paso hacia la modernidad, dejando atrás la cavernaria estrategia de que el más grande siempre se come al más chico.
Manuel Gutiérrez pronto será historia. No obstante, a partir de la caída del director general de Carabineros Eduardo Gordon, la situación de Hinzpeter se vuelve a complicar. Mejor sacarlo.
Por Patricio Araya González
Periodista
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