¿Por qué los jóvenes siguen marchando?

Una pregunta obvia si se mira el fondo del asunto, y es que aún no se responden a las demandas que se vienen reproduciendo en distintas instancias de participación desde hace ya un año. No obstante la obviedad de la respuesta, es a raíz de una pregunta que se plantea en un sector de la sociedad y de nuestra clase política a pesar que el Gobierno ha tomado algunas medidas que permitan –desde su óptica- resolver el problema. Lo cierto es que hoy nuevamente los jóvenes se vuelcan a la calles por una razón muy sencilla, y es que existen las condiciones objetivas para demandar lo que se cree justo a través de la movilización de las personas, la acción y toma del espacio público.

Desde el año pasado, los jóvenes chilenos han instalado en nuestro país una discusión de principios y valores por sobre cuestiones de simple formalidad. Se apunta a una transformación estructural de nuestra sociedad y de nuestras relaciones políticas que incluyan un nuevo pacto político y económico basado en una nueva constitución y en una transformación de la estructura tributaria, que ponga énfasis en el ámbito educacional bajo la concepción de gratuidad y calidad en el marco de la existencia de una educación pública.

Dentro de dicha demanda se contemplan una serie de temas que tienen que ver más bien con los procedimientos y las estructuras –acabar con el lucro en la educación, cambios en el sistema de aranceles, resguardar la calidad de la enseñanza, etcétera, pero que en definitiva se entienden en el contexto del principio que se ha establecido, “educación pública de calidad y gratuita”. A dicha demanda, no se le ha dado respuesta. Todas y cada uno de los pasos que ha dado el Gobierno se desarrollan en la lógica de la mantención del modelo y de la educación de mercado creado durante la dictadura. Lo que no se entiende –o no se quiere entender a estas alturas-, es que se busca una transformación del modelo que va más allá de ajustes y reformas, que responda al principio de lo público por sobre lo privado y que para la élite política es tan inentendible como imposible.

Los jóvenes vuelven a las calles no solo porque el Gobierno no ha respondido, sino que también se dieron cuenta que su lucha no es solo de ellos, sino que de un país entero que no ve en la educación el móvil hacia el desarrollo de sociedad. Al contrario ven la educación como un problema más al cual se debe buscar la fórmula para su financiamiento y seguido endeudamiento.

Estamos frente a una demanda que genera importantes niveles de solidaridad entre la comunidad. Mal que mal, todos aspiramos a que nuestro hijos puedan acceder a una educación de calidad que sea sino gratuita de un costo que no se cargue como una cruz en el sistema financiero, y es por ello que el nivel de sensibilidad le otorga también la legitimidad de continuar con la demanda no escuchada. Toda manifestación de un problema de carácter público dentro de un régimen democrático debería tener como eje central la capacidad de ingresar en la esfera de toma de decisiones del sistema, esta si bien ha sido acogida por la autoridad –sería imposible no hacerlo- no ha sido en cuanto al principio mismo de transformación estructural.

Los jóvenes que hoy demandan, no necesariamente por ellos –que se entienda- sino por todos, poseen al menos una visión distinta con respecto a la relación entre sociedad y Estado. La concepción de ciudadanía transicional que determinó la Constitución de Pinochet y de la cual la clase política ha sacado provecho en los últimos veinte años, no representa las transformaciones de una sociedad más heterogénea, exigente y democrática. No basta con votar en las elecciones en un marco de universalidad y voluntariedad, sino que es necesario establecer una conexión directa con los representantes, transformar la acción colectiva en participación política, aún cuando en esta se incluyan mecanismo no tradicionales y a veces hasta violentos.

En definitiva son jóvenes que no han sido escuchados desde hace bastante tiempo y la paciencia se agota. La demostración de ciudadanía los ha mantenido como un actor legitimo a la hora de plantear la demanda. Nadie puede obviar que esta es una ciudadanía activa y participativa, y que si bien probablemente no se exprese con fuerza en las urnas su demostración de participación política ya la han hecho con creces. No es una ciudadanía formalizada y encasillada en las tradicionales relaciones entre la base y la institucionalidad, mediada por un sistema de representación o cooptada en mesas de diálogos, abrazos fraternos y firma de papeles. Es una ciudadanía a la cual nuestra clase política no está acostumbrada y que rebalsa la formalidad institucional del sistema político.

Finalmente, los jóvenes aún están en la calle porque el adversario de turno –entiéndase el Gobierno y parte importante de la clase política- es aquél que cree firmemente en el modelo impuesto en dictadura, es un “ultra” pero desde otra perspectiva (sin capucha) y por ende ocupa todos los medios –legales aunque no siempre legítimos- para derrotarlos y eso les genera más fuerza, les da más coherencia en sus demandas y su discurso. Los legitima cada vez que ocupan el espacio público, porque las autoridades se quedan sin respuestas cuando se les interpela; porque han sabido visibilizarse a tal nivel que su causa ya no sólo es nacional sino que ha traspasado nuestras fronteras, porque los medios internacionales –incluso aquellos al servicio del modelo- los resaltan y entrevistan; porque los organismos que nuestro país integra como socio “rico”, nos miran con asombro por tal magnitud de incoherencia en el modelo educacional chileno, y por todo eso se han constituido en un movimiento social que posee principios orientadores, genera visibilidad y solidaridad entre distintos actores, ha sabido mantenerse en el tiempo, ha hecho de la acción colectiva un fenómeno de participación política más allá de la búsqueda de interese individuales, y porque, además, su adversario se muestra débil y errático, no genera respuestas cortando con el ciclo sistémico de la política, y porque simplemente el modelo que sustenta es tan injusto como ilegítimo.

Por Rodrigo Gangas Contreras

Docente de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano