“Así maltrataron a los abuelos”

“Así trataron y maltrataron a los abuelos”, decía un campesino mapuche, recordando la historia mientras asistía al proceso judicial de dirigentes de su comunidad. Prolonguemos su frase diciendo, así maltratan a sus descendientes: Perseguidos, condenados, y ahora treinta y dos presos políticos en huelga de hambre, desde el 12 de julio.

Hasta aquí, autoridades gubernamentales, partidos enquistados en el poder, Parlamento, han hecho caso omiso de lo que ocurre en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco, Valdivia, en donde se encuentran detenidos los huelguistas. Son los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, culturales, los que han actuado para señalar la gravedad del hecho y la necesidad de alcanzar una solución. ¿Qué reclaman los huelguistas? Que no se les aplique la ley antiterrorista, que no se les someta a un procesamiento doble: Por tribunales civiles y militares, que se ponga fin a la persecución de algunas comunidades particularmente golpeadas por operativos policiales. ¿Se trata de una demanda desmesurada?

La indiferencia de responsables políticos ante la huelga de hambre como recurso extremo para defender derechos es reveladora de la realidad de una sociedad: Denota un déficit de canales políticos e institucionales representativos para atender las demandas de diferentes sectores de la población.

La huelga de hambre deja en evidencia la parcialidad de la justicia. Citemos algunos ejemplos sintomáticos: Pascual Pichún, Aniceto Norin y Patricia Troncoso fueron procesados por “ataques incendiarios”. Un tribunal los absolvió en el 2003. El dueño del fundo Nancahue, a quien se confrontaban los acusados, presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que desconoció las absoluciónes y condenó a Pascual Pichún a cinco años de cárcel por “amenaza terrorista” (una carta a los dueños del fundo constituía la prueba) y diez años de cárcel para Patricia Troncoso por “asociación ilícita terrorista”.

En el 2004 coincidieron en la acusación a mapuche el Subsecretario del Interior, quien habló de “delincuentes”, los fiscales y una empresa forestal. Hoy se procesa doblemente a los “culpables”(sic) pidiéndose penas que van de 40 a 103 años de presidio. ¿A quién interpela el hecho de que un país de la OCDE, que hace gala de éxitos económicos, maltrate los derechos esenciales de una parte de su población y empuje a 32 mapuche a exponer sus vidas para defender sus derechos?

¿Cómo entender lo que ocurre en materia de justicia? Si nos atuviéramos a la Constitución Política del Estado, no lograríamos despejar nada: “En Chile no hay personas ni grupos privilegiados… Hombres y mujeres son iguales ante la ley”. Excepto los mapuche. Debemos referirnos entonces a la Ley Antiterrorista que en uno de sus artículos define las “conductas terroristas”: Secuestro, atentados contra medios de transporte público, utilización de bombas o artificios explosivos o incendiarios “con la finalidad de producir en la población o parte de ella el temor justificado de ser víctima…”. ¿Debería desprenderse que los presos políticos infundieron temor a un sector de la población? ¿A cuál? Posiblemente a las multinacionales como Endesa que construyó la represa hidroeléctrica Ralco obligando al desplazamiento de los pehuenches que allí habitaban y sepultando un cementerio. O a las empresas forestales transnacionales que no han trepidado en recurrir a guardias privados. ¿Es para salvaguardar a esos grupos atemorizados que el Estado neoliberal ha desencadenado una política represiva? ¿Por eso se encarceló a decenas de mapuche, se asesinó a Alex Lemún (2002) a Matías Catrileo Quezada (2008) y a Jaime Mendoza Collío (2009)?

Los responsables de esos crímenes fueron dejados en libertad por tribunales de justicia sin que alguien exclamara: “¡Nadie está por encima de la ley!”, como hiciera una vocera de Gobierno cuando se condenaba a un dirigente mapuche (julio 2009), y repite ahora el propio Piñera.

Un académico de la Universidad Central escribió: Históricamente a los mapuche “los hemos torturado y tratado como animales, vejado a sus líderes religiosos, marcado con hierros, alcoholizado… para procurar que ellos y sus familias se mueran en la miseria”. Pero discretamente, sin revueltas ni violencia. Y si así no fuera, “los meteremos en cintura invocando la ley y usando los largos brazos de la policía. No hay nada de qué preocuparse, porque el sistema político y jurídico está diseñado para esto” (C. Reusser M.: elmostrador.cl, 20.8.10).

A este académico no lo desmentirían los campesinos mapuche que en las primeras décadas del siglo XX conocieron de decenas de asesinados por defender sus tierras, supieron de casas y sembrados incendiados, de usurpaciones, de marcaciones a hierro candente o corte de oreja. En esa época los oligarcas no pusieron el grito en el cielo por el atropello a la propiedad privada, ni por “ataques incendiarios”, ni por el Estado de derecho; era un asunto de “indios flojos y borrachos”. Tampoco lo contradeciría el poeta Pablo de Rocka, quien escribió: “A los mapuches les saquean el ganado, les incendian las sementeras y luego les echan los perros de la ley encima”, ni Gabriela Mistral que se refirió a los abusos cometidos “a un kilometro de tribunales indiferentes”. La justicia ha sido históricamente injusta con los mapuche.

¿Otro ejemplo? Mientras el país celebra el Bicentenario, recordemos la carta de Alejandro Venegas dirigida al Presidente Ramón Barros Luco, en 1910. Hace precisamente un siglo. En un pasaje relativo a los mapuche señalaba:

“La víctima que, como no tenía noticia de lo que en su contra se había fraguado, no entendía una palabra de lo que se le pedía, naturalmente se negaba a entregar su hogar i sus tierras a aquel advenedizo. Entraba entonces a obrar la justicia i después de los trámites acostumbrados, se presentaba algún ministril acompañado de fuerza pública i lanzaba de su propiedad al infeliz indio, le destruía sus sementeras, le quitaba sus ganados para pagarse de las costas y le quemaba su ruca, para que no tuviese la idea de volver a reconquistarla”.

¿Hablaremos entonces de igualdad ante la ley? Más de un 50% de los chilenos tenían una opinión desfavorable de los Tribunales de Justicia y del Poder Judicial, según una encuesta nacional (2005) del Instituto de Investigación de la Universidad Diego Portales y de El Mercurio Opina (G. Salazar, 2009).

La arremetida contra las demandas mapuche no debería dejar indiferente al constatar que el “Estado empresario” se ha valido de instrumentos instaurados por el régimen dictatorial: Constitución Política (1980), Ley Antiterrorista (1984), Grupo de Operaciones Especiales (Gope), creado en 1979 y que ha actuado en la represión a las movilizaciones mapuche. ¿En cuántos países democráticos, que no han estado exentos de tensiones sociales, se aplica hoy una ley antiterrorista? ¿En cuántos de ellos los tribunales recurren a testigos “sin rostro”, a jueces y a fiscales que acusan, persiguen y juzgan a la vez? Al parecer esto no le preocupa a un buen número de responsables políticos; ni siquiera saber si eso está reñido con la democracia, incluso con la democracia como la entienden los neoliberales.

No es menos preocupante observar que medios de información controlados por grupos económicos (prensa, radio, televisión) tendieron un cerco de silencio en torno a la huelga de hambre mapuche mientras le daban amplia cobertura a las de Cuba. Una vez más, son los medios alternativos los que informan, con una cobertura que no se compara a la de los grandes medios. ¿Es novedoso o sorprendente? No, desde luego. Hay una discriminación flagrante en la prensa. ¿No hay nada que decir sobre el derecho a una información plural?

Cualquiera, al leer la prensa, al mirar la televisión o al escuchar la radio, podría pensar que los actos terroristas cometidos en otros puntos del planeta -causando centenas de muertos entre la población civil- no son nada ante el llamado “terrorismo” mapuche. La acusación de terrorismo es un argumento falaz destinado a desalentar las movilizaciones reivindicativas. El terrorismo, agitado a través del Estado y de los medios de información dependientes de potentes intereses económicos, está revelando resabios de un orden autoritario y una concepción elitista de la política. Una “política -para decirlo con una frase de N. Lechner (2002)- que se contenta con la gestión de los negocios de cada día”, es decir, sin perspectiva colectiva.

Hace poco Piñera dijo que “la violencia no conduce a nada”. Si lo dijo con ánimo de ahondar en el tema y no en sentido politiquero para descalificar a los mapuche, habrá tocado un punto clave. ¿Engloba su idea de violencia, la violencia institucional? Un campesino mapuche comentaba: “Nos acusan de violentos. ¿Qué es la violencia? Los mapuche han sufrido una violencia histórica”. Esto ya fue subrayado por un grupo de historiadores en declaraciones del 2008 y 2009. Mientras no se reparen las injusticias cometidas contra los mapuche, persistirán las movilizaciones como ha sucedido a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI.

¿Persistirá el Estado en una política punitiva y amedrentadora mediante el aparato policial? ¿Mantendrá el Gobierno su sordera ante llamados provenientes incluso del Parlamento Europeo? ¿Se insistirá en una política de postergación de las demandas mapuche como ocurrió durante la mayor parte del siglo XX?

El gobierno de Salvador Allende fue la excepción. No hizo oídos sordos a las demandas de las organizaciones mapuche, valorizó su cultura y no reprimió sus movilizaciones. Una excepción de mil días en una historia de quinientos años. ¿Se ha superado hoy “el peso de codicias, de miedos y de tradiciones obsoletas” al que se refirió Allende? Para los mapuche, “el peso de codicias” se manifiesta en persecución y cárcel. ¿Ha variado lo que dijera el juez Juan Guzmán?: “En treinta y cinco años de ejercicio en el seno de la magistratura chilena… pude medir hasta qué punto la Justicia estaba al servicio de los poderosos” (2005). Para los mapuche, la herencia de la Justicia no se ha modificado, se les condena no por crímenes cometidos sino por defender el derecho a una vida digna.

Denunciando la criminalización de las movilizaciones mapuche, solidarizando con quienes realizan una huelga de hambre por el derecho a un proceso justo, se defienden espacios de democracia, derechos colectivos e individuales, la libertad de expresión atropellada por los medios que controlan la información y buscan confundir a la opinión pública para legitimar una política discriminatoria. La causa mapuche es la de todos aquellos que aspiran a la libertad y a una sociedad más justa.

Por Arauco Chihuailaf

Académico mapuche desde París

Politika, segunda quincena septiembre 2010

El Ciudadano N°88