1492-2015: 523 años y todo sigue (casi) igual

A pesar que el Estado chileno ha entregado algunos derechos y beneficios específicos a los pueblos indígenas de nuestro país, las viejas demandas mapuches siguen siendo las mismas: restitución de las tierras usurpadas y autogobierno…

Con el retorno de la democracia,  y tras la firma del así llamado Acuerdo de Nueva Imperial (octubre de 1989),  entre los pueblos indígenas  de Chile y la futura coalición política que llegaría a poder ejecutivo,  los mapuches pensamos que se venía una “avalancha” de restitución de  tierras usurpadas y derechos conculcados por particulares en complicidad con el Estado. Entre los principales acuerdos alcanzados se destacaban el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas junto con sus derechos económicos, sociales y culturales.  Además, del reconocimiento y ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Y, por último, la creación de una corporación nacional que velara por el desarrollo integral de los pueblos indígenas del país.

De los mencionados acuerdos, solo vio la luz prontamente el relacionado con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que fue creada por ley en 1993, sin embargo se alejó por mucho de los objetivos iníciales planteados por los interesados.  Por otro lado, El Convenio 169 de la OIT,  solo vine a ser reconocido por el Estado chileno en marzo de 2007 (luego de 18 años de espera) pepúes de vencer la larga y tenaz resistencia de la clase política –con representantes de los dos grandes bloques políticos que han estado en el poder en los últimos años- con intereses económicos, directos o indirectos,  en la zona  de la Araucanía. Por último, el compromiso del reconocimiento constitucional permanece en el limbo de la agenda legislativa nacional;  no se le puede decir derechamente que no porque el tema indígena es altamente sensible pero, tampoco se opta por darle el vamos definitivo porque los intereses de los poderosos también son sensibles.

Desde la primera “Ley de Indios” promulgada por José Miguel Carrera en 1811 para “legalizar” la usurpación de tierras mapuches y radicar  en pequeños “pueblos de indios” a los despojados, quienes fueron ubicados en lugares apartados  de todo terreno de interés para el joven Estado chileno.  De ahí en adelante la relación estado-indígenas  siempre será intermediada por una ley, que por lo general busca legalizar las malas prácticas en contra del pueblo mapuche, por ejemplo: los  Juzgados de Letras de Indios y las malas prácticas notariales que se extendieron hasta principios del siglo XX que tuvieron como finalidad sanear la apropiación indebida de tierras  pertenecientes  o ocupadas  por comunidades mapuches. Desde los primeros años de la Independencia, pasando por gobiernos de todo tipo; autoritarios, democráticos, dictatoriales, hasta nuestros días hemos estado regulados por un cuerpo legal que se esfuerza por dar un marco regulatorio y contener las demandas mapuche que se incuban desde 1811; restitución de tierras y respeto cultural.

Afortunadamente para nuestro país, y desfavorablemente para el gobierno que esté de turno, la capa intelectual indígena se ha ido engrosando paulatina y sostenidamente, gracias a esto se ha  avanzando desde el reclamo dolido por los bienes despojados hasta exigir al Estado el reconocimiento de los derechos colectivos y la participación en las esferas de la función legislativa y política de la república de representantes de ascendencia indígena.

Recordemos que el programa de gobierno de la actual mandataria, propuso una política indígena con enfoque de derechos para poner a nuestro país en sintonía con los tiempos que corren en la forma de abordar las materias de derechos humanos y política indígena en los estados modernos.

ACEPTAR LA VERDAD HISTORICA

El programa político en materia indígena propuesto por el Ejecutivo es, implícitamente, el reconocimiento que el sujeto de su preocupación existe como pueblo y actor político al interior del Estado chileno, en consecuencia el paradigma chileno de Estado-Nación debería cambiar al de Estado-Plurinacional o Multicultural, reconociendo que un estado unitario no es lo mismo que un estado monocultural; el primero niega la existencia de las culturas anteriores a la llegada de los primeros europeos, mientras que el segundo hace todo lo contrario. Esto, ya sería un primer paso en busca de la solución definitiva del conflicto que nuestro país arrastra desde su nacimiento.  Esto es lo primero.

Los siguientes pasos consecuentes pasan por ver con los ojos de la verdad el tratamiento que históricamente el estado dio a los pueblos indígenas que habitábamos y vivíamos en el territorio sobre el que se erigió la nación chilena. Grandemente, al conocimiento de esta verdad histórica aporta el documento de estado llamado “Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”, creada el 18 de enero de 2001 por el Presidente Ricardo Lagos. En él se hace un recuento largo y excautivo del mal trato que el estado y sus instituciones dieron a los indígenas que habitaban los territorios que eran de interés para que Chile creciera geográfica y económicamente, cuenta las estrategias bélicas y legales que fueron impulsadas para blanquear la propiedad mal habida por “particulares” en concomitancia con agencias estatales. Gran parte de la verdad histórica oculta a la conciencia colectiva de los chilenos se encuentra en las páginas  de este documento que se elaboró en base a testimonios bibliográficos y de relatos que aún persisten en la memoria de los que sufrimos la negación de nuestros derechos colectivos.  La valoración que hacemos de este texto es la serie de recomendaciones que entrega para avanzar en el  tratamiento adecuado y pertinente de las demandas de los pueblos indígenas pero, lamentablemente, estas, aún,  no son aplicadas como se esperaba por sus integrantes: políticos, académicos y dirigentes.

Otro componente de la verdad es reconocer que en materia de políticas indígenas nos encontramos, como país, en la parte inferior del ranking del resto de los países de América quienes han impulsado, desde hace años, una serie de beneficios y reconocimientos de tercera generación para sus respectivos pueblos originarios. Pero, ahora tenemos la oportunidad de avanzar en estas materias y recuperar el tiempo perdido (10 años en promedio en relación a nuestros vecinos).

También, sería pertinente reconocer que el estado ha mantenido una política permanente de ocultar de la educación formal, a lo menos, los valores de la cosmovisión de los pueblos originarios de Chile que se distancia enormemente de los valores y principios del pensamiento occidental judeo-cristiano en el que somos mentalizados. Mientras nos han educado que el hombre, como especie, es centro y señor de todo, con derecho a explotar la naturaleza hasta la depredación total de los recursos naturales, los pueblos indígenas nos reconocemos como un elemento más del medio ambiente; no como su dueño; la naturaleza y sus recursos son parte de nuestro hábitat al que debemos tratar con respeto y cuidado porque ella no depende de nosotros sino todo lo contario. En consecuencia, la tradicional mirada occidental economicista no comprende la tenencia de la tierra sin explotación; no entiende la valoración que dan los indígenas a la tierra y territorio que habitamos; los pueblos originarios sustentamos nuestra economía en la colaboración, privilegiamos el intercambio justo a las transacciones solo de carácter monetario-comercial. En efecto, el interés comercial de lucro fácil llevó a que en territorios, antaño indígenas, se instalaran las empresas forestales (con auspicio del estado) que son, en gran medida, foco principal del descontento mapuche en la zona de la Araucanía; las empresas forestales realizan plantación extensiva de bosques de pino que una vez talados dejan la tierra desnutrida, seca, y sin utilidad por varios años posterior a su explotación.

Lamentablemente, lo relatado hasta aquí es solo parte de la verdad histórica.

OPORTUNIDAD DE CAMBIOS

Mejorar la relación entre el estado y sus pueblos indígenas es solo cosa de voluntad, sobre todo de voluntad política, porque este es un tema que va más allá de los de la pobreza dura que golpea constantemente a las familias indígenas de Chile. El mal llamado “conflicto mapuche”, hace rato es un problema de relación política entre los pueblos originarios, por un lado y el Estado Chileno, por otro. Y, es de Perogrullo entender que los problemas de este tenor se solucionan con las herramientas que tiene la democracia: política, o sea, ponerse de acuerdo para la sana convivencia.

Es urgente que la democracia chilena, de una vez por todas, asuma las demandas  históricas de sus pueblos originarios; que deben ser asumidas por justas y por los valores que engloba. La democracia moderna debe tener en consideración la protección de los derechos de los más humildes por sobre los que ostentan el poder socio-económico en el país.

En este sentido se han dado algunos pasos, tímidos aún, por ejemplo: al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet se realizó entre septiembre de 2014 y enero de 2015, en todo el país,  una Consulta Previa (especie de asamblea constituyente) para el proyecto de ley que debe crear el Ministerio de Pueblos Indígenas de Chile, que debía ser anunciado en marzo de este año, sin embargo su anuncio se pospuso para mayo, y ahora para los últimos meses de 2015. Sin perjuicio de esto, creemos que el esperado ministerio verá la luz durante el periodo de Bachelet.

Sin embargo, lo anterior no basta, aún queda pendiente el reconocimiento constitucional de las culturas originarias, junto al conjunto de derechos que se desprenderán de ese acto, el cual es un acuerdo pendiente que se arrastra desde principio de los años noventa. Junto con esto hay que asegurar la participación política de representantes indígenas en todas las capas del poder político para que los pueblos indígenas de Chile tengamos la oportunidad de ser forjadores de nuestro propio destino a través de los caminos que ofrece la participación democrática en las esferas del poder.

También, se debe asumir que los actos de autonomía territorial y administrativa en beneficio de los pueblos indígenas es una práctica aplicada desde hace mucho en países que por esta vía han consolidado la buena convivencia con sus pueblos nativos. El caso más cercano es el Estado Plurinacional de Bolivia donde no ha pasado nada que ponga en peligro la integridad territorial de ese país, sino todo lo contario. Otros ejemplos similares, son las zonas autonómicas de Panamá y las Comunidades Autónomas de España.

Un país que reconoce todas las diferentes culturas que lo componen se fortalece un su identidad; porque crea una identidad multicultural, fácil de explicarse por sí misma,  y no se gasta en disquisiciones tratando de buscar inútilmente cuál es el rasgo que nos hace igual a todos –algo imposible, porque la ficción jamás podrá superar la realidad- lo único verdadero es que somos un país mestizo con culturas nativas vivas y cada día más empoderadas de sus derechos colectivos. Este es el camino posible para terminar con los focos de violencia que se dan en la Araucanía, en donde, la única explicación posible es la total desconfianza en el estado y sus instituciones.

EN RESUMEN se debe entender que el poder es un atributo de la democracia que se ejerce en común; que es necesario –por ser posible- el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales y políticos de los pueblos indígenas de Chile; que es de suma urgencia la configuración de una ciudadanía deliberativa, que discuta amplia y libremente los problemas que la aquejan;  se deben crear espacios concretos para la participación del movimiento indígena, como por ejemplo: la asamblea constituyente, los consejos de pueblos originarios, y parlamentos entre el estado y los diferentes referentes del movimiento indígena nacional –proponiéndose llegar a tantos acuerdos como sea necesario-.

Hay que traspasar las fronteras institucionales a las que estamos mal acostumbrados y hacer políticas que cambian culturas.