¿A quién le importan?

Por Silvio Cuneo

Mientras Carlos Délano (exmiembro de Paz Ciudadana) tuvo que asistir a clases de ética, Camila Polizzi gana millones sacándose fotos desde su arresto domiciliario, Kathy Barriga lo pasa junto a su piscina y Raúl Torrealba tras el pago de más de 200 millones vuelve a la libertad, cerca de 55 mil personas tienen que vivir la cárcel. Pero ¿a quién le importa?.

Hace algunos años, un exministro de justicia del presidente Piñera, hoy rector y dueño de una universidad, tras un episodio en el que unos presos resultaron baleados, señaló que no se trataba de blancas palomas y que era un error que la preocupación esté por quienes han infringido la ley. Hoy son los ministros del gobierno de Boric los que, en sintonía con sus antecesores, cuestionan la dignidad de las personas privadas de libertad.

Ante la furiosa reacción del Gobierno por la resolución de un juez que autoriza la comunicación de presos con sus familias quisiera señalar 3 cosas.

1. Es sabido por quien conozca el sistema de justicia penal que casi todos los presos tienen teléfonos celulares los que, según aseguran de los propios internos, son vendidos, confiscados y nuevamente vendidos por personal de Gendarmería. La autorización de una llamada controlada resulta a todas luces mucho más segura que las usuales conversaciones que tienen todas las tardes y noches los internos desde sus celdas en las que nadie controla nada. Quizá el problema de esta autorización, que tanto indignó a Gendarmería, tenga más que ver con un negocio frustrado que con las razones esgrimidas.
2. Es cierto que el crimen organizado es un fenómeno que ha ido mutando sus formas y que, por la peligrosidad que conlleva, debemos reprobarlo enérgicamente, lo que reclama asimismo su inteligencia y explicación. Sin embargo, la respuesta asumida en Chile ha sido ineficiente no por falta de punitividad, sino porque no se ha dirigido contra quienes realmente se enriquecen con dichos delitos. Por lo mismo, no es cierto que en las cárceles habiten grandes líderes del crimen organizado. Nuestra política criminal ha atacado casi exclusivamente a los eslabones medios y finales de la cadena. Sólo a modo de ejemplo recordemos que desde el Cabro Carrera (condenado el siglo pasado) no hemos sancionado a ningún narcotraficante importante. En cambio, la mayoría de las personas privadas de libertad pasaron en sus infancias por un hogar del SENAME desde donde muchas veces se impulsan sus vidas delictivas.
3. Que las cosas sean de una forma no significa que deban ser así. Las cárceles, espacios sin derecho donde la justicia es remplazada por el matonaje, no pueden, en un Estado de derecho, seguir funcionando sin respetar la dignidad humana. Esto porque la privación de libertad, en armonía con la normativa internacional, consiste en la sola afectación de la libertad ambulatoria debiendo los Estados tomar los resguardos para no afectar otros derechos de las personas privadas de libertad. Afirmaciones como que el delito supone la pérdida de múltiples derechos del autor tuvieron cabida en los derechos penales soviéticos o del nacional socialismo, pero resultan incompatibles con un Estado de derecho que ha de orientarse a la Humanidad. Por consiguiente, cuando regulando actos haya de restringir la libertad de los individuos y los someta a exclusiones más rigurosas, no podrá perder de vista ni de dejar de reconocer que quien infringe sus prohibiciones, el delincuente, y quien es objeto de la sanción, el penado, es y no puede sino seguir siendo una persona, sujeto de dignidad, que vive en convivencia y se realiza en sociedad, y como tal tiene que ser tratado. Por esto, se proscribe del derecho punitivo cualquier disposición o trato que mutile, desfigure o anule a la persona, sea en su personalidad física, moral o social; porque, como dice Goethe, tanto si se ha de castigar como si se ha de tratar con dulzura, debe mirarse a los hombres humanamente.

Silvio Cuneo, doctor en Derecho y académico de la Universidad Central.